El sopor característico que suele envolver a los días domingos sumando al olor a petricor en el ambiente después de varias horas de lluvia ofrecían las condiciones ideales para una tarde relajada. Más allá de los vaivenes noticiosos de diversa índole, que las protestas y los problemas en la educación, que la CORFO, que esto o lo otro, hubo una noticia que podría haber pasado desapercibida, una pequeña noticia que en realidad no debe pasar desapercibida pues es absolutamente horrorosa. Se trata de que el Gobierno de Sebastián Piñera impulsara un seguimiento Web de los comentarios sobre su administración.
Afortunadamente la pequeña noticia no paso tan desapercibida, pues de inmediato comenzó a causar impacto y revuelo en las redes sociales, principalmente porque el proyecto de la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno pone en jaque la privacidad de los ciudadanos. Además hay que añadir que la empresa ganadora de la licitación, Brandmetric, ha señalado la posibilidad de localizar geográficamente el origen de las publicaciones.
En Mercado Público – Plataforma de Licitaciones – el nombre de la adquisición es “Diseñar e Implementar un Panel de Control” (ID N°876-7-LE11), su descripción es “Plataforma de seguimiento de personalidades y conceptos de Internet”. En la licitación participaron dos proveedores, Ingesmart S.A. (RUT 96.858.370-0) y Brandmetric S.A. (RUT 76.096.575-8), siendo Brandmetric quien se la adjudicó por un monto de $14.388.000.-
Las bases de la licitación consignan a Ximena Mardones, funcionaria de la Secretaría de Comunicaciones como contraparte técnica. El producto requerido consiste en “… un Panel de Control Ejecutivo que permite acceder a información en base real time, de conceptos seleccionados (Ministros, Ministerios, Autoridades de Gobierno, Temas Específicos) que se repiten en un determinado período de tiempo en Internet (menciones), para conocer lo que se dice, opina o se menciona de ellos. Estos deben estar ordenados de forma de conocer su origen, canal de comunicación […] tono de la mención (positivo/negativo), términos más relevantes mencionados, manejo de línea de tiempo, gráficas, estadísticas entre otros”. Entre sus objetivos específicos, las bases señalan la identificación de los principales actores en twitter, blogs, medios, etc. y contempla un sistema de alerta cuando existan “cambios significativos” en la actividad de un concepto seguido.
Las preguntas de la licitación disponibles en Mercado Público, versaron sobre datos técnicos, sin embargo hay algunas cosas interesantes. Por ejemplo, se discute sobre la solicitud de que la latencia de captura de datos no sea mayor a 15 minutos, es decir, que la información deba ser capturada a más tardar 15 minutos después de su creación. Además se solicita la capacidad de tipificar el “tono” de las menciones, separando en positivas, negativas y neutrales, teniendo en cuenta términos “coloquiales” usados comúnmente en Chile.
El contrato entre el Ministerio Secretaría General de Gobierno y Brandmetric S.A. contiene una declaración jurada simple sobre inhabilidades firmada por Sebastián Gumucio Aninat representante legal de la empresa, donde señala que Brandmetric es una sociedad en comandita por acciones o anónima cerrada donde no son accionistas funcionarios directivos del Ministerio Secretaría General de Gobierno ni sus cónyuges, hijos, adoptados hasta tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad – declaración que firman todas las empresas que se suelen adjudicar licitaciones. En su página Web Brandmetric señala que provee una plataforma para monitorear y medir las conversaciones de marcas en Internet en tiempo real.
Sin embargo, cabe preguntarse, ¿quiere realmente el Gobierno medir las conversaciones en Internet? ¿O más bien quiere controlarlas? Es inevitable pensar en lo segundo a la luz de las masivas protestas ciudadanas en temas energéticos y educacionales, las cuales no han sido canalizadas en lo absoluto por el Gobierno. Hay un descontento creciente y un malestar social evidente, el cuál se impulsa de forma bastante eficiente gracias a las nuevas tecnologías de información, y resulta que ahora el gobierno quiere “medir” eso. Pareciera que el significado entre medir y controlar es más estrecho de lo que nos gustaría en este caso. El problema radica en que más que controlar es vigilar, y de la vigilancia al castigo hay un solo paso.
Pero más allá de las evidentes implicancias con respecto a la privacidad de los ciudadanos, este proyecto implica dos problemas que no son menores. El primero se refiere a la libertad de expresión de toda persona para manifestar sus opiniones e influir en procesos políticos, esto esta estrechamente vinculado al concepto de participación política, el cuál es una dimensión importante para el desarrollo humano.
La libertad política es fundamental para las democracias modernas. Ya en la revolución francesa fue una bandera de lucha plasmada en las ideas inmortales de Rousseau, Montesquieu y Voltaire, además está estrechamente vinculada al concepto de libertad de expresión que tiene antecedentes en la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. La libertad de expresión es un derecho fundamental consignado en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, en la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1976, entre otras declaraciones y convenciones. La opinión consultiva OC-5/85 de la Corte Internacional de Derechos Humanos señala: “… (la libertad de expresión) es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática”, además la califica como importante para la formación de opinión pública y para que la comunidad haga valer sus derechos de manera informada.
Sin duda, la libertad de expresión es fundamental para todo sistema político y está fuertemente vinculada a la libertad política. La libertad de expresión se deriva en libertad de prensa, la cual ya está en jaque en Chile debido a la alta concentración de los medios en la prensa escrita y la absurda parrilla programática televisiva, que más que informar, desinforma. Ya no sólo tenemos una feble libertad de prensa, sino que incluso la libertad de expresión y la misma libertad política serán puestas en jaque por este proyecto que intenta pasar desapercibido.
El segundo problema se refiere a los preocupantes ribetes de autoritarismo que caracteriza a un proyecto como este. La interceptación (e identificación) de comunicaciones es una característica de regímenes autoritarios como se ha podido apreciar recientemente en casos como el de Egipto y Túnez. Estas medidas son más propias de Praga en los sesenta donde Kundera ambienta una de sus novelas más conocidas y lo que es más preocupante, también son propias de una Alemania como la de Hitler. Solo cabe recordar a Joseph Goebbels, encargado de la propaganda Nazi, cuya principal función era controlar todos los medios existentes para a través del “marketing social” convencer a las masas de hechos bastante alejados de la realidad – e identificar y acallar el disenso. Claro, HidroAysén es bueno, la “revolución” educacional –pocas veces he visto tal manoseo de la palabra revolución– de Lavín es excelente, la CORFO y la venta de las sanitarias es cosa necesaria para la reconstrucción, aunque no se hayan ejecutado una gran cantidad de recursos. Miente, miente, que algo queda.
En Internet Pablo Matamoros, quien fue asesor comunicacional de Sebastián Piñera en la pasada campaña electoral, se pregunta porque tanto alboroto si se quiere “escuchar” las redes sociales con información pública . Pablo, te explicaré. A pesar de que la información publicada en redes sociales y sitios de Internet sea pública, el instaurar un “sistema de vigilancia” que tipifique menciones “a favor o en contra del régimen” claramente socava las bases de la libertad de expresión pues constituye una coacción que limita la participación política en libertad. Y, para pensar en contra factuales, ¿desde cuándo un gobierno necesita medir las redes sociales cuando tiene gente marchando en las calles con claras demandas? Los temas están en la mesa, no en las redes sociales. A menos que quieran identificar a los focos más hostiles al gobierno y actuar respecto a eso.
Más importante aún. ¿Esta medida sirve al bien común? No, a menos que por bien común consideremos el bienestar de un criticado Gobierno que desea identificar los ‘focos’ de conflicto (no los temas, esos son claros para todos).
En el mundo de hoy las democracias liberales son el paradigma imperante, por eso las ideas autócratas resultan algo anacrónicas, sin embargo, no es descabellado apreciar sociedades democráticas donde hay episodios en que los ciudadanos son sobrepasados por un “poder superior”. Ese poder superior concentrado en un grupo, ese Leviatán que avanza inexorablemente y controla todo. Ese Leviatán ante el cuál lo único éticamente aceptable es resistir. Es peligroso un gobierno más allá de sus atribuciones.
Pues aquí dejamos testimonio de esa resistencia, aunque en 15 minutos lo registren, lo archiven o lo publiquen.
El autor es Director Responsable de Ballotage.cl
