Las polémicas intervenciones de la Intendenta de la Región del BIO-BIO durante el mes de febrero, haciendo un público engaño a las autoridades y habitantes de una población de Concepción en el marco de un difícil proceso de reconstrucción, representa graves faltas a la ley de probidad y un trato discriminatorio frente a los beneficios y derechos que el Estado otorga, y que la Constitución protege para todos los ciudadanos por igual. Ello ha motivado que diez parlamentarios de la oposición presenten una acusación constitucional contra la máxima autoridad regional. A continuación el texto de dicha Acusación.
