Estamos muertos, los 81, en la Torre 5

Luis Correa Bluas.
Abogado. Master en Derechos Fundamentales de la Universidad Carlos III de Madrid. Director del Instituto Igualdad.

¿Debe el Estado renunciar a su deber de proteger a sus ciudadanos frente a la delincuencia? por cierto que no. De lo que se trata es que, si revisamos los delitos que se le atribuían a varios de los “81”, algunos eran menores o se trataba de primerizos.

Hace poco me correspondió visitar unos presos en la Penitenciaría de Santiago, la misma en la que los elegantes zapatos del ministro Bulnes se ensuciaron con el excremento de sus calles,  como señalaba El Mercurio hace un par de semanas. Quizás pocos sepan que los presos en las galerías y módulos de la “peni” están en huelga de hambre, quizá hartos de ser tratados como basura que pueden mover de un lado a otro, de preferencia de noche, para no afectar el paisaje santiaguino.

Con el rescate de los 33 mineros y su mítico papel, se habló hasta el hastío de “the chilean way”, pero los 81 muertos en la madrugada del 8 de diciembre no podrán escribir “estamos bien, los 81, en la Torre “. Ni ellos ni tampoco los más de 33 mil presos que actualmente hay en Chile.

Lo extremadamente grave de estas muertes es que de repente nos dimos cuenta, como sociedad, que son seres humanos y que no sólo han sido despojados de su ciudadanía, sino que, también de su dignidad.

Por cobardía moral, no han querido entender que la inequidad desde la cuna se traduce en que niños y niñas de La Legua, San Gregorio o Alerce ven que no existen, que son invisibles y que poco importa cual es su destino.

“La vida humana es incompatible con el régimen carcelario”, lo ha dicho no una ONG de izquierda o un grupo antisistémico, sino que una respetable fiscal de la Corte Suprema, Mónica Maldonado, y frente a esta afirmación, la respuesta del Estado fue silente. En el fondo nadie quiere ver la basura y los presos en Chile, son tratados como tales. Son invisibles.

Los 8 niños que el 2007 murieron en Puerto Montt en el centro “Tiempo de Crecer” -lo que resultó para ellos una ironía de la vida- no produjo ninguna modificación en este tema. El Ministro de Justicia de la época no asumió su responsabilidad en impulsar una ley sobre menores infractores, a pesar que todos los reportes e informes aconsejaban lo contrario.

Cuál es el punto. ¿Debe el Estado renunciar a su deber de proteger a sus ciudadanos frente a la delincuencia? por cierto que no. De lo que se trata es que, si revisamos los delitos que se le atribuían a varios de los “81”, algunos eran menores o se trataba de primerizos.

Debemos, sin mirar a la galería, replantear el esquema de cumplimiento de penas en libertad y apostar en serio a la rehabilitación y reinserción social, como también es preciso modificar y adecuar la ley chilena a las reglas de Ginebra de 1955. No podemos pasar por alto que nuestra proporción preso- ciudadano a pie, nos pone junto a países donde aún existe pena de muerte o el Estado de Derecho es una parodia.

Por último, tampoco podemos olvidar que quienes están privados de libertad, están bajo el cuidado del Estado, que nuevamente ha fallado. Resulta casi una farsa que el gobierno y algunos tradicionalmente conservadores, quieran hoy expiar culpas, imputando negligencias a los gobiernos pasados -que por cierto las hubo y muchas- cuando aquellos destruyeron el principio de inocencia, coartando las manos de jueces al momento de resolver cautelares personales, antes de un juicio justo.

Si queremos hablar de verdad,  la prevención de la delincuencia vía garrote, que a tantos excita, ha fracasado. Por cobardía moral, no han querido entender que la inequidad desde la cuna se traduce en que niños y niñas de La Legua, San Gregorio o Alerce ven que no existen, que son invisibles y que poco importa cual es su destino. Razón tenía Sorman, no nos equivoquemos. Somos un país subdesarrollado, pobre y que algunos, además, quieren convertir en una fabrica de bajo costo.