El presente documento es un resumen de los tres informes que ha publicado el Equipo de Fiscalización creado por el Partido Socialista. El primer informe fue sobre el FOGAPE y la realidad de la MIPYMES, el segundo sobre el Ingreso Familiar de Emergencia, y el tercero sobre la realidad laboral. Los tres informes demuestran la desprotección de las familias chilenas ante la actual crisis socioeconómica que atraviesa nuestro país.
La adjudicación del FOGAPE solo alcanza a un tercio de las empresas contempladas en un inicio. Para las empresas pequeñas el proceso de postulación ha sido muy lento.
Por su parte, la tasa de interés comprometida no es del 0%, en algunos casos hasta se duplica la tasa original.
La entrega de crédito no ha masiva, ni tampoco ha sido expedito. Y los problemas de elegibilidad perjudican a las pequeñas empresas, optando por otorgarse créditos a las empresas más grandes. Finalmente, la cuantía de los créditos ha estado muy por debajo de lo comprometido.
Respecto al Ingreso Familiar de Emergencia, el IFE 1.0. dio cuenta de ser completamente insuficiente en cobertura solo alcanzó a casi 1.200.000 hogares, además se había planteado de forma decreciente en el tiempo. El proceso de postulación es engorroso y el proceso de selección es poco transparente.
El Ingreso Familiar de Emergencia 2.0. subsanó algunos problemas que tenía el IFE 1.0. sin embargo, solo alcanzó a un poco más de 2 millones de hogares, lo cual no alcanza a cubrir el 40% más vulnerable de los hogares chilenos. Además, hay 1.500.000 de apelaciones pendientes.El IFE 1.0 y 2.0 han resultado tener una cobertura discriminatoria, excluyente e hiperfocalizada; tienen una accesibilidad muy limitada; el monto es muy injusto, por debajo de la línea de la pobreza; la selección de los/as beneficiarios es arbitraria y poco transparente; la implementación ineficaz y riesgosa; y, hay una dilación injustificada del IFE.
Finalmente, la nueva legislación aprobada en estos meses, así como la actuación de la
institucionalidad laboral, no han beneficiado a los/as trabajadores/as. La conclusión es clara:
Durante esta pandemia, los/as trabajadores/as no han sido protegidos.
En el trimestre móvil abril-mayo-junio se estima que 3 millones 614 mil personas se han desmovilizado del mercado laboral o están desempleados o con relación laboral suspendida, y se encuentran sin ingresos o con caídas sustantivas si son trabajadores bajo la modalidad de protección de empleo.
Han sido expulsados de la Fuerza de Trabajo 1 millón 324 mil personas que están esperando para reincorporarse mayoritariamente a actividades informales.
Los trabajadores desocupados son 997 mil, que no se encuentran afectos a la protección de empleo, y muchos de ellos pueden incluso estar fuera del seguro de cesantía si sus puestos de trabajo eran informales.
Dentro de los ocupados, se registran 1 millón 293 mil trabajadores ausentes, que estarían con algún grado de suplencia de ingresos, pero que ya están con una tasa de reemplazo de 55% que sin duda los deja bajo el salario mínimo.
Los indicadores laborales siguen reflejando el deterioro del empleo en el país. El indicador tradicional de desempleo está fuertemente distorsionado por la caída de más de 15% de la Fuerza de Trabajo. El indicador de desempleo potencial muestra la situación crítica por la que atraviesan los hogares.
La ley de Protección al Empleo excluye a importantes grupos de trabajadores, los trabajadores agotan los fondos de sus cuentas individuales y quedan desprotegidos ante futura cesantía, la ley no protege ante el despido, y la determinación de empresas esenciales es muy amplia.
Respecto a la Ley de Teletrabajo no se aseguran condiciones mínimas de funcionamiento, no se entregan equipos, no se paga de internet, telefonía u otros costos, no se protege salud y seguridad en el trabajo. Tampoco se asegura cumplimiento de jornada.
Las trabajadoras de casa particular han sido de los grupos más desprotegidos durante este periodo. Existen situaciones abusivas de trabajadoras puertas afuera que pasaron a puertas adentro y llevan 4 meses 24/7. Trabajadoras deben recurrir a su indemnización de despido en caso de suspensión vía LPE.
El presente resumen da cuenta que las políticas del gobierno han llegado de mala manera y de forma tardía. Que las familias están sin ingresos, los procesos de postulación son engorrosos y la selección ha sido poco transparente, y que los trabajadores y las trabajadoras se encuentran desprotegidos ante esta cruda realidad.
