Para esta semana se ha anunciado la esperada propuesta de financiamiento del proceso de reconstrucción por parte del Gobierno. El tema del financiamiento posiblemente acapare las mayores controversias entre el ejecutivo y la oposición en temas como la privatización del porcentaje que mantiene el Estado en empresas sanitarias o cambios a la Ley de donaciones. Sin embargo, no serán menores los debates y disputas en materia de mayores tributos a las grandes empresas, y en esta última controversia la derecha estará cruzada transversalmente.
En lo que si existe coincidencia en la derecha es en torno a dos medidas que no son decisivas para el financiamiento de la reconstrucción y que constituyen propuestas altamente ideologizadas: nuevas privatizaciones y mayores exenciones tributarias para las grandes empresas vía ley de donaciones.
En efecto, volver sobre las privatizaciones de las participaciones minoritarias del Estado en las empresas sanitarias (se habla de tres de éstas y de un ingreso aproximado del fisco de US$ 400 millones), no solo implica una recaudación muy menguada para las necesidades actuales sino que resta poder al Estado en un sector que como quedó demostrado con la reciente catástrofe resulta estratégico para el funcionamiento del país. En todas partes del mundo el agua ha pasado a ser un recurso escaso y estratégico, lo que implica aumentar y no disminuir el rol y la responsabilidad del Estado frente a este esencial bien y servicio básico.
Sobre las modificaciones a la ley de donaciones, subyace la idea de que sean los privados y no el Estado quién defina el uso de los recursos públicos y fije los parámetros de la reconstrucción que debe emprender el país en los próximos meses. Se hace presente allí la idea de que los grandes temas que hoy están en juego en materia de reconstrucción no son una decisión de país sino que dependen de la voluntad filantrópica de un puñado de grandes empresarios.
Sin embargo, ha sido la posibilidad de aumentar los impuestos a las grandes empresas es lo que ha generado mayor debate al interior de la derecha. Incluso resulta inocultable la división del gabinete frente al tema, por lo menos entre los actuales Ministro de Hacienda y Economía. Es claro que Chile tiene una de las tasas impositivas a las empresas más bajas, sino la más baja, de todas las economías emergentes y desarrolladas (17% del PIB). Otro tanto se puede decir de la gran minería privada del cobre.
Las razones del Ministro de Hacienda en favor de un alza de impuestos “acotada y transitoria” a las grandes empresas parece obedecer a razones bien pragmáticas: sin ello no existiría la plata suficiente para encarar la tarea de la reconstrucción. Sin embargo, a este argumento se sumó el de la senadora Matthei quién dio una razón meramente política: con esta medida el gobierno de Piñera dejaría de ser percibido como el de los grandes empresarios.
Los conceptos de la senadora Matthei fueron respondidos por el nuevo director de Libertad y Desarrollo Luis Larraín, quién argumentó desde la más pura ortodoxia neoliberal que nunca era bueno un alza de impuestos y que justamente la ciudadanía al votar por Piñera había apoyado un programa contraria a cualquiera nueva carga impositiva. En esta misma posición se han alineado el Senador Jovino Novoa (UDI) y el influyente Centro de Estudios Públicos (CEP).
No deja de ser una cierta ironía de la historia que deba ser un gobierno de derecha quien deba encabezar un alza tributaria a las grandes empresas, tema ampliamente resistido por ésta durante la última campaña y a los largo de todo estos años. No cabe duda que las circunstancias post terremoto han modificado las prioridades y necesidades del país, y que un alza tributaria a las grandes empresas y a la gran minería privada resultan instrumentos necesarios e insolayables para financiar la reconstrucción del país.
Puede que sea injusto que a un filántropo se le castigue por hacer una donación, pero el problema a mi parecer va en otra dirección.
En primer lugar, el fondo que administrará las donaciones estará conformado por el Presidente, intendentes, Ministro de hacienda y otras personas designadas por el Presidente, lo que puede ser sinónimo de parcialidad al momento de elegir a que institución o grupo se le beneficiará con las donaciones.
Puede producirse de este modo lo que vendrÃa a ser una direccionalidad impositiva de las donaciones, en la medida que los donantes decidan ayudar única o principalmente a instituciones o grupos sociales cercanos a ellos por razones ideológicas o familiares, etc, quedando entonces los grupos de menor poder de lobby fuera de estas ayudas.
Estas son las dudas que despierta este proyecto y que me parece requieren un mayor debate.
Felipe Schlack