Este 5 de Julio, el Presidente Sebastián Piñera presentó el Proyecto de Ley de «Integridad Pública», que pretende regular el acceso a la administración pública de los parientes de las autoridades, hasta el tercer grado de consanguineidad. Con la iniciativa, afirma el Gobierno, se buscaría eliminar los potenciales conflictos de interés que pudieran suscitarse; además de controlar la llamada «puerta giratoria», en que quienes ocuparon anteriormente cargos públicos no pasan por un adecuado período de inhabilidad antes de poder pasar a trabajar en una entidad privada. Además, el proyecto tiene por objetivo limitar el uso de las asignaciones parlamentarias para pagos, directos o indirectos a parientes, cónyuges o convivientes civiles de los parlamentarios, y el plazo para que un ex parlamentario pueda realizar lobby, a partir del cese de sus funciones, sería de un año.
Al respecto, hemos elaborado una minuta en que se analiza este proyecto de ley, en que se plantean 28 observaciones a dicho proyecto, analizando cómo éste contribuiría más a normalizar el nepotismo que a controlarlo. Se observa la injustificada la exclusión de ciertos cargos públicos y privados de las limitaciones impuestas por esta normativa, mientras se incluyen otros en que el potencial conflicto de interés parece ser menos patente. El proyecto también pasa por alto en su regulación, la profunda disparidad en el daño potencial a la probidad que reviste el nombramiento de un pariente de, por ejemplo, un jefe de servicio, frente a esa misma falta cometida por el Presidente de la República. Esto, más aún teniendo en cuenta que las formas de designación de los cargos suelen ser por procedimientos competitivos en el el primer caso, y de exclusiva confianza en el segundo.
Además de lo anterior, como Instituto Igualdad afirmamos que el proyecto no se hace cargo de regular formas de protección para quienes denuncien estas faltas de probidad, pretendiendo así bloquear las denuncias.
Para conocer más de este proyecto de ley, ponemos a disposición la siguiente minuta explicativa, elaborada por el Área Legislativa de Instituto Igualdad, en la que se abordan los puntos críticos de la iniciativa.