EL DERECHO A DECIDIR DE LAS MUJERES
Una de las promesas programáticas del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet fue la aprobación del proyecto de ley que despenaliza la interrupción del embarazo en tres causales; inviabilidad del feto, riesgo de vida de la mujer y violación, iniciativa cuya finalidad es entregar opciones a las mujeres que se encuentran en situaciones tan dramáticas y críticas como las descritas, de modo que puedan elegir aquella que más se ajuste a su convicciones personales, respetando de ese modo su derecho a tomar decisiones sobre su vida y reconociendo su agencia y su dignidad como ser humano.
Esta iniciativa legal apunta a corregir algunas de las profundas injusticias que genera la criminalización absoluta del aborto en nuestro país. Por una parte, garantiza a las mujeres que se encuentren en alguna de las tres causales, que podrán acceder a la prestación de salud con independencia de si cuentan o no con recursos económicos para ello. Por otra, elimina la amenaza de la sanción penal frente a la interrupción del embarazo en las tres causales, tanto a las mujeres que así decidan hacerlo -porque, como dijimos, este proyecto no obliga a nadie- como para los profesionales de la salud que realicen el procedimiento. Así las cosas, este proyecto entrega certezas y elimina discriminaciones: no más abortos clandestinos y en precarias condiciones sanitarias para las mujeres pobres (porque las mujeres con recursos accedían de todos modos a la prestación, gracias a su poder adquisitivo) y no más persecución penal para las mujeres que decidan no continuar sus embarazos en las tres dolorosas circunstancias que regula el proyecto.
Cuesta creer que aún en el siglo XXI la capacidad de decidir de las mujeres siga en cuestión. Seguimos siendo consideradas seres de segunda categoría e infantilizadas y nuestro criterio o voluntad no son valorados en igualdad de condiciones que la de los hombres. Que brutal afirmación y que violento es decirlo y reconocerlo, desgraciadamente para nosotras es así y, este proyecto busca justamente modificar esta condición de subordinación, al valorar la decisión y voluntad de nosotras las mujeres.
La tramitación por más de dos años y medio de este proyecto de ley no ha sido sencilla. Se ha tergiversado su contenido y se ha caricaturizado su finalidad, al igual que ocurrió con la discusión de la ley de divorcio y con la regulación de la entrega de la píldora del día después. Sin embargo, el diálogo democrático y abierto que se dio en el Congreso, en el que fueron escuchados más de 200 expertos y expertas de las distintas áreas y tendencias; el impulso y defensa constante del Ejecutivo del contenido esencial del proyecto y el incansable trabajo que tanto en el Congreso como en la calle realizamos las organizaciones de mujeres y feministas, ha permitido que el jueves pasado se aprobara casi la totalidad del proyecto de ley en el Congreso.
Hoy podemos celebrar que tenemos tres causales; que contamos con acompañamiento no disuasivo, es decir respetar la voluntad y decisión de las mujeres si deciden interrumpir o continuar su embarazo, y en esto resaltamos que también ha sido considerado como un Derecho; contamos con una regulación acotada de objeción de conciencia, que es personal y no institucional, y que pone como prioridad la vida y la salud de las mujeres, estableciendo excepciones en casos de gravedad.
Han pasado a Comisión Mixta tres incisos del proyecto que regulan la autorización judicial sustitutiva para menores de 14 años para casos de negativa o ausencia de autorización del o los representantes legales, y para casos de gravedad, tales como en aquellos en que se estima que puede haber abuso o violencia por parte del representante legal hacia la niña.
Hoy todas estamos pendientes y a la espera de lo que ocurrirá, se ha postergado por un momento el despacho definitivo del proyecto desde el Congreso Nacional, pero estamos confiadas en que pronto será una realidad.
En cuanto al paso por el Tribunal Constitucional de este proyecto, estamos confiadas en que como ya lo han planteado investigadores de nuestro Instituto, el TC aplicará el principio de deferencia al legislador, que tiene respaldo en su propia jurisprudencia e impide declarar inconstitucional una decisión legislativa si esta puede ser interpretada conforme a la Constitución.
Finalmente relevamos el trabajo realizado por las bancadas socialistas que han entregado su apoyo irrestricto a este proyecto emblemático para la presidenta de la República y para las mujeres de nuestro país.
Área de género
Instituto Igualdad
Julio 2017
