Ernesto Águila
Según lo indica el documento del Mineduc «Bases para una reforma al sistema nacional de educación superior», este 20 de agosto se cumple el plazo para hacer observaciones al texto, el cual daría origen, durante el segundo semestre, a un Proyecto de Ley de Educación Superior. El presupuesto 2016, se anuncia, considerará el inicio de la gratuidad para un 50 % de los estudiantes más vulnerables de las universidades del Cruch y de privadas creadas después de 1981 que cumplan con ciertas condiciones de acreditación y gobierno universitario.
De un análisis del documento se desprende que no estamos frente a una reforma dotada de la profundidad necesaria para modificar lo existente sino orientada a mejorar su regulación. Como lo existente es un sistema de educación superior altamente desregulado y privatizado, la propuesta conduce – quizás sin proponérselo- a una conversación centrada esencialmente en la educación privada. Cuesta encontrar en el documento definiciones que impacten el desarrollo de la educación pública superior.
Es sintomático que el documento no tenga un capítulo referido a las universidades del Estado ni esté precedido de una visión de lo que se espera de las instituciones de educación superior. A su vez, se mantiene la lógica de tratar de manera indiferenciada lo público y lo privado. El Estado sigue sin integrar sus instituciones a un proyecto de desarrollo nacional, y sin reconocerlas como el lugar donde la sociedad fija los estándares más exigentes en materia de excelencia y pluralismo académico; inclusión social; gobiernos corporativos democráticos; convivencia y diálogo de la diversidad religiosa, cultural e ideológica del país; aseguramiento de la complejidad de las instituciones. No se termina por asumir que la educación pública no es una manera de dar un servicio sino un ethos, una forma específica de cultivar y construir -con libertad, rigor, sentido social y pluralismo- el conocimiento.
¿Por qué no se logra dar valor propio a la educación pública? Porque se sigue bajo el paradigma de entender la educación como un bien individual que reditúa privadamente (que también lo hace) y no por lo que representa para la sociedad y su desarrollo. Si la educación se concibe solo a partir de su contribución individual y no esencialmente por su significado social y cultural, la discusión sobre la fisonomía y naturaleza de las instituciones educativas resulta irrelevante, y el derecho social a la educación puede entonces ser privatizado.
En este contexto, la expansión de la gratuidad, con bajas exigencias institucionales y motivadas solo por el criterio de vulnerabilidad, sin reconocer ni asignar una identidad propia a la educación pública, se traducirá en una gran transferencia de recursos públicos al actual sistema privatizado de educación superior. Así, no solo no se estará cambiando el modelo de 1981, sino que se lo estará consolidando. Como conclusión sería la gran paradoja del movimiento de 2011 y su demanda de “educación pública gratuita y de calidad”.
