GENARO CUADROS Y HÉCTOR LÓPEZ, Arquitectos e integrantes de la Comisión Ciudad y Territorio del PS.
Hay momentos críticos en que los cambios se hacen necesarios e ineludibles. El denominado caso Caval ha dejado en evidencia la injusticia del beneficio privado a costa de un derecho común a disfrutar de la riqueza generada por la sociedad. Estos hechos, siendo injustos, en Chile son legales y ciertamente atentan a la ética personal y la de los pueblos que deseen desarrollarse en forma equitativa y sostenible.
Toda decisión sobre el cambio de uso del suelo, tanto de su naturaleza -de rural a urbano de sus atributos -como la mayor capacidad de edificación o cambio de actividades permitidas- es una decisión que debiera responder al interés general como resultado del desarrollo al que han contribuido todos los ciudadanos. Las inversiones del Estado en el territorio, basadas en los aportes de los ciudadanos, generan mejoras a la calidad de vida y en consecuencia, un aumento del precio de suelo. La diferencia de valor del suelo producto de estas acciones se denomina plusvalía.
La devolución al Estado de una parte de esta plusvalía se entiende dentro de una lógica de recuperación de la inversión pública para su redistribución en beneficio del conjunto de la sociedad. Con ello, no sólo se actúa con justicia y equidad social, sino que se aplica un mecanismo que permite reinvertir en el desarrollo de la propia sociedad que generó tal riqueza. Por el contrario, la especulación inmobiliaria se basa en las transacciones de terrenos o inmuebles con el único fin de obtener el beneficio económico, que generalmente acaba en manos privadas, producido por las decisiones o inversiones públicas.
Los principios de recuperación, redistribución y reinversión de las plusvalías producidas por las decisiones e inversiones del Estado, así como el control de la especulación inmobiliaria, forman parte de los fundamentos del desarrollo territorial y urbano de los países en Europa y la mayoría de los países latinoamericanos, y así está reflejado en sus Constituciones y legislación.
Basándose en lo expuesto anteriormente, es urgente que partidos, parlamentarios y autoridades partiendo por el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano aborde medidas concretas que:
- Regulen los beneficios de capital a través de su tributación como una formula de recuperación de la plusvalía y de control de la especulación. Esta medida, que formó parte inicialmente del Proyecto de Reforma Tributaria, hoy debe ser incorporada a nuestra legislación.
- Releven los principios fundamentales del bien común por encima del bien particular como base de nuestra sociedad, definiendo la función social de la propiedad y asegurando el derecho y el ejercicio de este principio a través de su incorporación en una Nueva Constitución.
- Refuercen el deber del Estado de asumir las competencias exclusivas y la responsabilidad sobre la función social de la propiedad y la gestión de suelo.
- Legislen sobre el desarrollo urbano y territorial conforme a estos principios, con regulación vinculante y que asegure la participación ciudadana.
La importancia de crear mecanismos de transparencia para todas las operaciones públicas o privadas relacionadas con el territorio, y el fortalecimientos de los mecanismo de control sobre la negociación del suelo urbano son un imperativo de una sociedad sana y una economía saludable. Que reestablezcan la confianza en las instituciones.
