por Camilo Escalona
El régimen democrático significa, cuando se establece o se restablece después de haber sido quebrantado, el pleno ejercicio de las libertades políticas, de los derechos sociales y de una amplia gama de avances de carácter civilizacional que van evolucionando, ampliándose y elevando sus exigencias culturales e institucionales, de manera de frenar los abusos y las injusticias que se provocan en una sociedad con las enormes desigualdades y asimetrías que marcan el rumbo del sistema de globalización y de las naciones insertas en el mismo.
Este proceso comienza con el respeto irrestricto a los Derechos Humanos, cuya consagración universal es la mayor conquista de esta época, pero no se detiene allí, debe extenderse y abarcar otras esferas societales; de modo especial, es necesario limitar y dejar atrás las injusticias e inequidades en la economía, en aquellas áreas productivas, de la industria, el comercio o los servicios que estando bajo control monopólico generan abusos que por su volumen e impacto social se vuelven enteramente inaceptables.
Es el caso del gas. En reciente estudio técnico conocido en el país, se constatan flujos en los ingresos de los conglomerados del sector sólo posibles por el uso de una posición de mercado privilegiada, por la integración vertical y horizontal de las empresas controladoras y, finalmente, se registran rentabilidades que superan indebidamente los límites puestos en su momento por la normativa legal, generándose ganancias abusivas con un perjuicio evidente a millones de familias que no pueden prescindir del gas en sus labores domésticas.
Es el resultado de un control monópolico que no tiene la regulación que se requiere.
Ello se traduce en una pesada mochila en los hombros de los hogares más débiles y en un fuerte lastre para el despliegue y desarrollo de las iniciativas de inversión en el sector industrial, que para cualquier proyecto deben hacerse cargo de costos de energía que en muchos casos son inabordables.
La tarea de diversificar el crecimiento económico se torna, con este cuello de botella, una tarea casi utópica, mientras unos llegan a esta carrera de short y zapatillas, otros lo hacen con una tenida similar a la de las fuerzas especiales de carabineros, en caso de marcha en el centro de Santiago. Como los que cuentan con el equipo apropiado son unos pocos, el país se retrasa y aumenta la desigualdad.
Representantes de estos consorcios han replicado a las críticas que su sector cuenta con regulación y competencia. Esa no es una respuesta seria ni real. Es imposible que los consumidores puedan escoger en su casa entre tres o cuatro cañerías de gas para optar por aquella que les ofrezca el precio más razonable.
Además, la intrincada red de interconexiones entre empresas relacionadas ha creado una verdadera telaraña de intereses corporativos que anulan la competencia, haciéndose uso de abundante publicidad, entre opciones aparentemente diferentes cuando en el hecho el controlador es el mismo.
Los spots pueden ser con un perro o un gato, pero las utilidades excesivas llegan a la misma oficina.
En consecuencia, la regulación en este sector es un desafío decisivo para el sistema político en su conjunto. Aquí no puede quedar ninguna duda en el sentido que se va a legislar para el país y que todo lobby será infructuoso. Esa sombra sería fatal.
Se trata de apoyar la Agenda Energética, que se impulsa por el gobierno, de modo que las regulaciones contrarresten eficazmente la red de articulaciones que generan monopolio en este decisivo sector de la economía.
Un nuevo impulso al crecimiento y el bienestar de los hogares así lo necesitan.