Ernesto Águila
En el último tiempo se ha tendido a perder en el debate público, por un lado, el nexo entre la reforma tributaria y la reforma educativa y, por otro, el carácter sistémico y estructural de esta última.
¿Tras qué fines y a la implementación de qué políticas debieran destinarse preferentemente los nuevos recursos derivados de la reforma tributaria? En el sistema escolar -la educación superior es otra historia- la prioridad debiera estar en mejorar las condiciones de ejercicio de la profesión docente, y reconstruir y expandir la educación pública. Por otro lado, asumir–más en términos de plazos que de recursos- el tránsito de la educación particular subvencionada a un subsistema educativo gratuito y sin fines de lucro. Eliminar las barreras de entrada de la educación particular subvencionada no pretende “nivelar para abajo” –errada la imagen de los “patines” usada por el ministro- sino que busca que el conjunto del sistema educativo con financiamiento del Estado, se haga cargo, por igual y de manera solidaria, de las complejidades y dificultades pedagógicas que provienen de las diferencias socioeconómicas de la población escolar chilena.
Un claro foco del nuevo financiamiento debiera estar en mejorar radicalmente las condiciones de ejercicio de la docencia, fortaleciendo de paso la autonomía profesional de los profesores: para ello avanzar con celeridad a una proporción de 50/50 entre horas lectivas y no lectivas; reducir el tamaño de los cursos a no más de 30 alumnos; y mejorar sustancialmente los salarios de los profesores. Estas medidas son tan onerosas como imprescindibles e implican ingresos permanentes. Junto a lo anterior instalar una acreditación rigurosa y obligatoria de los programas de formación docente (se debe valorar el dictamen de la Contraloría de no permitir que la formación de profesores pueda impartirse en instituciones no universitarias).
El otro gran foco de financiamiento debiera estar en ese conjunto de acciones que implica fortalecer y expandir la educación pública. Desde medidas de corto plazo en materia de infraestructura y equipamiento hasta todo lo que supondrá el traspaso de los colegios y de los profesores desde los municipios hacia el nuevo servicio del Ministerio de Educación. Ello implicará ingentes recursos, tanto para asumir el financiamiento que hoy aportaban los municipios, sincerando los costos reales de un servicio educativo estatal de excelencia, como para crear una propuesta atractiva, participativa y diversa de escuela pública, que pueda ser considerada como primera opción por las familias de todas las clases sociales.
El duro debate tributario que hoy se libra habrá valido la pena si al final de este gobierno hay más y mejor educación pública, y junto con ello se han transformado sustancialmente las condiciones de ejercicio de la profesión docente, haciendo de esta una de las profesiones más cuidadas y valoradas por la sociedad. Sin recuperar y comunicar una visión sistémica de la reforma –apurando las medidas pro educación pública y de nueva carrera docente- se corre el serio riesgo de un temprano naufragio de la principal promesa de este gobierno.
