El pasado jueves 22 de mayo el Instituto Igualdad organizó un foro sobre la reforma de la educación superior y el concepto de lo público, tema que ha estado en el centro del debate nacional en los últimos meses. El encuentro se llevó a cabo en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y contó con la participación de destacados académicos, que entregaron una visión multidisciplinaria del problema. Además, el foro contó con una gran afluencia de público.
El primero en intervenir fue Manuel Riesco, economista y Vice Presidente del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (CENDA), quien valoró la agenda de cambios del actual gobierno, y sostuvo que la clave para mejorar el sistema educacional consiste en «desmercantilizar la educación», para lo cual se requiere -a su juicio- dejar de financiar las instituciones mediante la venta del servicio, es decir, terminar con el sistema de voucher.
Posteriormente intervino el profesor de derecho Fernando Atria, autor de varios libros sobre el tema, quien si bien coincidió con Riesco en criticar la mercantilización de la educación, señaló que la solución no es necesariamente la educación estatal. A su juicio, la asociación público/estatal no es necesariamente correcta, ya que «lo público» tendría más relación con la autonomía de la institución educadora y la no-discriminación en la entrega del servicio. Para Atria lo público vendría a ser un espacio donde el poder debe justificarse ante la comunidad, es decir, «un espacio donde se puede domesticar a los poderes fácticos».
En tercer lugar, tomó la palabra Víctor Orellana, sociólogo y director de la Fundación Nodo XXI, quien señaló que la universidad no se puede construir a partir de un concepto abstracto de lo público, sino que debe originarse en una práctica social. En este sentido, según el académico la propiedad estatal de las universidades no terminaría con el problema, ya que es preciso crear una alianza social que permita que la comunidad participe efectivamente en sus propias universidades.
Finalmente, le tocó intervenir al sicólogo y Doctor en educación Ernesto Águila, quien señaló que en el siglo XX –específicamente en 1981- habríamos transitado desde un Estado docente a un Estado subsidiario en educación, que implicó la tesis de un «trato igualitario» del Estado a la educación privada y a la educación pública. En este punto, el académico sostuvo que sí es posible diferenciar ambas tajantemente, y si bien destacó que la propiedad estatal de las instituciones públicas no es el único elemento diferenciador entre ambas, sí es un elemento esencial de esa diferencia. Finalmente, Águila indicó que se debe transitar hacia un nuevo tipo de Estado docente, es decir, un Estado que esté al servicio de construir la diversidad de la sociedad chilena.
En suma, los académicos coincidieron, si bien con diversos matices, en el momento trascendental que hoy vive nuestro país, y en la necesidad de una profunda reforma a la educación pública, que complemente las reformas que el gobierno ya ha enviado a tramitación legislativa.
