El pasado 23 de Marzo, fecha en que se celebra tradicionalmente el Mes del Mar, el Presidente de Bolivia, Evo Morales, ha anunciado la decisión de su Gobierno de llevar la demanda marítima boliviana a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Por primera vez Bolivia pretende judicializar a nivel internacional su reivindicación de lograr una salida soberana al Pacífico. De concretarse dicho anuncio Chile enfrentará un largo proceso judicial internacional y las relaciones bilaterales tenderán a empeorar en todos los planos.
El Gobierno chileno ha respondido a los anuncios del Presidente Morales con el argumento tradicional de que no existen problemas limítrofes pendientes, ya que estos fueron resueltos en el Tratado de 1904, y que el país está dispuesto a cumplir cabalmente con sus obligaciones. El Canciller Moreno ha sostenido que “Chile está preparado ante cualquier escenario”. Esta vez, sin embargo, ha realizado una afirmación nueva en la política vecinal: que Chile no está dispuesto a perder su frontera con Perú.
Esta postura cuenta con un amplio respaldo en la opinión pública nacional. También cuenta a su favor con sólidos argumentos jurídicos.
Sin embargo, es necesario hacerse cargo de sus debilidades. La primera es que, en varias ocasiones, Chile se ha manifestado disponible para resolver la demanda marítima boliviana cediendo soberanía de territorio indiscutiblemente chileno. La oferta de un corredor terrestre y una franja marítima al sur de la Línea de la Concordia se planteó en 1950 y 1975, y las negociaciones se frustraron, en gran parte, por la negativa del Perú, cuyo acuerdo es indispensable para que Chile disponga libremente de territorios que fueron peruanos antes de la Guerra del Pacífico. La segunda, es que la mantención de su política tradicional impide la plena normalización de las relaciones con uno de sus tres países limítrofes por un tiempo indeterminado. En una región que requiere intensificar sus procesos de integración en todos los planos, la mantención de un conflicto perenne con uno de sus vecinos, sin duda afecta la posición internacional de Chile, toda vez que Bolivia ocupa una ubicación geográfica privilegiada en el corazón de América del Sur. Ello la hace indispensable en todos los procesos de interconexión terrestre y marítima entre los países del Atlántico y del Pacífico, que interesan de manera especial, a los dos países más importantes del área, Brasil y Argentina. En el futuro es predecible que las presiones para que Chile resuelva sus controversias con Bolivia se harán cada vez más intensas.
Parece indispensable, entonces, reflexionar de si conviene a los intereses nacionales en el largo plazo mantener una posición que debilita su estatura internacional, y que compromete el aprovechamiento de su potencial para convertirse en la principal plataforma de la proyección de América del Sur hacia el Asia Pacífico.
Se ha dicho, con razón, que Chile supo ganar una guerra pero que a continuación no fue capaz de construir acuerdos de paz que permitieran la construcción de relaciones estables y de cooperación entre los antiguos beligerantes. La prueba de ello es que a 130 años de la conclusión del conflicto bélico estamos a punto de conocer una sentencia del Tribunal Internacional de La Haya, que debiera resolver el limite marítimo con el Perú, y de iniciar una nueva contienda jurídica y política con Bolivia.
El dilema de la política hacia Bolivia es simple de formular y muy complejo de resolver. La mantención de la actual política lleva a una relación basada en la desconfianza y el conflicto permanente, de mayor o menor intensidad según los actores y las circunstancias. Resolver el conflicto supone que Chile se disponga a buscar alguna forma de satisfacer la aspiración boliviana de una salida útil y soberana al Pacífico. Parece llegada la hora de comenzar a construir en Chile un amplio acuerdo que nos permita establecer con Bolivia una relación basada en la confianza y la proyección de nuestros múltiples intereses comunes de cara a los desafíos del siglo XXI.