Bachelet 2.0 y el desafío de la gobernabilidad

Fernando de Laire D. [1]

Recientemente hemos asistido a dos debates muy interesantes: uno, suscitado por las declaraciones de Camila Vallejo sobre el rol del Partido Comunista en un eventual nuevo gobierno de Michelle Bachelet; y otro, motivado por los esfuerzos que se están realizando para asegurar un comportamiento coherente a futuro de los parlamentarios que sean elegidos bajo la fórmula “Un Parlamento para Bachelet”. Como tela de fondo de estas discusiones, se perfila con nitidez uno de los temas que será crucial para el devenir del próximo gobierno: la gobernabilidad. En este artículo intentaremos dar cuenta de lo complejo –y al mismo tiempo apasionante– que será este desafío.

Trabajaremos con la hipótesis más probable –sustentada en las abrumadoras cifras y tendencias disponibles– de que la ex Presidenta accederá a un segundo mandato, y con la certeza de que lo hará bajo un nuevo contexto que exigirá una gran capacidad política de su parte. En efecto, junto con la fuerza parlamentaria que la centroizquierda aliada con el PC sean capaces de alcanzar en las elecciones de noviembre, habrá que administrar una tensión fundamental que deriva de una constatación teórica y política: dentro de la coalición que apoyaría a Bachelet 2.0 existen diferencias muy sustantivas en la forma de concebir la gobernabilidad y en el tipo de articulación entre gobierno y movimiento social que serían necesarios  para asegurarla. Dichas diferencias, entre otros aspectos, están asociadas a formas distintas de leer la transición democrática y a diferentes concepciones sobre la política que es posible y la que no en el contexto actual, con una ciudadanía vigilante y empoderada.

Una primera arista del problema se vincula a un temor planteado por varios miembros de la Concertación, que coincide con el razonamiento que se hacía a inicios de la transición, teniendo a la vista los problemas que había vivido el gobierno de Raúl Alfonsín durante la transición argentina. El temor se refiere a evitar la crisis de expectativas, puesto que –se sostiene– alimentarlas en exceso durante una campaña presidencial y no poder cumplirlas, constituye una forma irresponsable de hacer política, que termina rebotando contra el gobierno ya en ejercicio del poder (según analistas de diverso signo, los problemas de baja popularidad y baja credibilidad del actual gobierno remiten, en parte importante, a ese fenómeno).

En esa línea de análisis, Sergio Bitar, refiriéndose a los desafíos programáticos de la actual oposición  si es capaz de reconquistar el gobierno, ha propuesto “que el programa sea viable, práctico, que se puedan mostrar al final las realizaciones y evite anuncios rimbombantes” [2]. Pepe Auth, terciando en el mismo debate, argumentó: “Gobernar es articular las reivindicaciones con los límites financieros y políticos, porque no se cuenta con los recursos ni las condiciones políticas para hacer todo lo que se reclama, de modo que aquí no se trata simplemente de recoger las demandas de los movimientos sociales” [3].

Desde la DC, ha sido el senador Pizarro quien ha planteado el desafío de la oposición de cara a un eventual nuevo gobierno de centroizquierda: “La responsabilidad de la oposición es doble: terminar con el desorden y con el voluntarismo excesivo en que muchas veces caemos pensando que hay que hacer planteamientos máximos, en circunstancias que si tenemos la responsabilidad de gobernar, sabemos que no es posible lograr todo lo que uno desea. Hay que ir avanzando paso a paso y con las prioridades bien claras. (…) Tenemos que ofrecer una propuesta concreta y realista. Y cuando uno quiere entrar en una propuesta común, entonces tiene que estar dispuesto a aportar y ceder. Y los márgenes cuáles son: lo que sea realista para el Chile de los próximos cuatro o cinco años” [4].

Se perfila así un clivaje entre pragmáticos preocupados de no generar expectativas excesivas, y partidarios de una agenda más ambiciosa, en sintonía con los movimientos sociales, que repare rápidamente lo que la Concertación no fue capaz de hacer o las banderas que habría dejado caer durante la transición. Evidentemente, ese clivaje podría tensionar la elaboración y el posterior impulso del programa de gobierno de la oposición y, de resolverse en favor de los pragmáticos, es muy probable que lleve a los maximalistas (por llamarlos de algún modo) a tomar distancia del próximo gobierno o a sumar fuerzas con el movimiento social para impulsar sus tesis. Claramente, no se trata de un dilema que pudiera afectar solamente al Partido Comunista.

La segunda arista, directamente ligada a la anterior, tiene que ver con el rol que la oposición le asigna a los movimientos sociales en un nuevo gobierno, donde también existen diferencias muy de fondo que no serán fáciles de administrar.

Desde el Partido por la Democracia, es el senador Girardi quien ha defendido con más fuerza la idea que un nuevo gobierno debe incorporar a los movimientos sociales como la forma más clara de garantizar gobernabilidad: “Yo pienso que no es posible construir gobernabilidad sin los movimientos sociales” [5]. Previo a las elecciones municipales se extendió sobre el punto en una entrevista dada a La Segunda: “En el siglo XX, en este mundo vertical era posible que las elites hicieran un pacto de gobernabilidad y todo estaba resuelto, pero en un mundo del siglo XXI, de redes de poder lateral colaborativo, existe una nueva conciencia ciudadana y la gente es un actor político que disputa el poder a los partidos. Ayer los partidos decidían y los demás acataban; hoy pueden resolver, pero los ciudadanos tienen su propia iniciativa. Esto es un proceso muy complejo y por eso los programas, los acuerdos, los consensos no se van a poder hacer sólo dentro de las élites” [6].

Una posición similar ha sido defendida por Francisco Vidal, encargado programático del PPD, quien ha señalado que en la primera etapa de los gobiernos de la Concertación, el eje de la gobernabilidad estuvo en proteger la transición de una involución autoritaria; luego, el eje se desplazó hacia la protección de la inversión privada, del gran empresariado, para generar crecimiento y sobre esa base tratar de construir mayor equidad. Pero hoy –señala el ex vocero–  el eje de la gobernabilidad “está en la calle, en la ciudadanía, en la Alameda” [7].

En relación a las declaraciones de ambos personeros del PPD, cabe recordar los dos cónclaves que tuvo el “polo de izquierda” con destacados representantes de los movimientos sociales, ambos realizados en la ex sede del Congreso Nacional. En el último de ellos, realizado en julio de 2012, el mismo senador Girardi señaló en su discurso: “Queremos arribar al compromiso de caminar hacia la construcción de las bases de un programa con la agenda de los movimientos sociales como protagonista”. Y fue más allá, planteando el desafío de: “abrir una sociedad entre la política y los dirigentes sociales, quienes disputen espacios de poder de igual a igual en un futuro gobierno” [8].

Ahora bien, frente a la tesis de construir gobernabilidad asumiendo en el programa las demandas de los movimientos sociales e incluso incorporando a sus líderes en puestos de gobierno, existe un grupo transversal dentro de la Concertación que está por una relación más acotada y optan por la tesis de construir gobernabilidad más bien desde una lógica de ingeniería política (este grupo se identifica con la línea del control de expectativas expuesta más arriba).

Desde la izquierda extraparlamentaria, un analista muy crítico de las políticas de la Concertación ha advertido sobre los peligros de esta apuesta: “El desesperado afán de las dirigencias ‘bacheletistas’ del PS y la DC por ordenar a la Concertación detrás de la ex mandataria con la única pretensión de retornar a La Moneda, pero sin atender seriamente las demandas ciudadanas, podría acarrear graves consecuencias a un nuevo posible gobierno de Bachelet. Si las peticiones del movimiento estudiantil y de crecientes grupos ciudadanos organizados no son escuchadas, es probable que éstas resurjan con más fuerza haciendo ingobernable el país, poniendo en constante zozobra a las instituciones y sacudiendo hasta sus cimientos el modelo neoliberal vigente” [9].

Ricardo Solari ha esbozado lo que podría considerarse un camino intermedio. A su juicio, en un eventual nuevo gobierno de Michelle Bachelet “hay que establecer un nuevo trato con los movimientos sociales que incluya su incorporación a los debates y soluciones de la agenda pública. Yo creo que ese es el mecanismo” [10]. Solari resalta que la ex Presidenta “va a gobernar con el apoyo de los partidos, porque muchos de las transformaciones que se quieren hacer en el país, tienen que hacerse sobre la base de la realidad de cambios legales que requieren votos en el Parlamento y también cambiar la lógica actual a una lógica de mucho mas diálogo con los ciudadanos y con sus organizaciones representativas. Yo creo que esa es la ecuación”.

Sin embargo, en la visión de Solari, ese nuevo trato está lejos de asumir toda la agenda de los movimientos sociales y ciudadanos. Retomando la tesis de no alimentar la crisis de expectativas, es taxativo al señalar: “Si uno cree que se pueden resolver todos los problemas simultáneamente es no entender las limitaciones, no sólo de recursos del país, sino aquellas que surgen de la democracia. Por ejemplo, que algunos cambios implican leyes y que esas leyes requieren quórum y que esos quórum se tienen que originar desde determinadas mayorías y que esas mayorías se construyen en el tiempo”.

Desde mi punto de vista, asumiendo que el realismo es fundamental para construir y ser capaz de materializar un programa creíble y concreto, lo que debe evitarse a toda costa es usar una retórica que ponga al centro el rol de la ciudadanía y de los movimientos sociales en la campaña y en el relato del futuro gobierno, pero eso sea desmentido tempranamente por las prácticas concretas de gobierno. En efecto, con los profundos cambios que ha experimentado la sociedad chilena en los últimos años, actuar a priori con la lógica que se pueda hacer “campaña en poesía, pero gobierno en prosa” puede ser peligroso. En definitiva, si programáticamente se quieren poner al centro nociones como “gobierno con más ciudadanía” o “gobierno con los movimientos sociales” como ejes de política, ello debe tener contenido y mecanismos que lo aseguren de algún modo. Una retórica vacía a este respecto puede llegar a ser altamente autodestructiva.

Ahora bien, para completar el análisis de nuestra segunda arista, se debe considerar que aparte de la correlación de fuerzas que se establezca entre los dos polos de la Concertación (en apariencia favorable a los más moderados, esto es el eje PS-DC según el resultado de las elecciones municipales) un actor fundamental con fuerte capacidad de incidencia en cuál de las tesis predominará en la gestión de gobierno es el Partido Comunista. Si el PC es incorporado a una alianza amplia de la oposición y accede incluso a cargos de gobierno (respecto de lo cual existen visiones encontradas dentro del mismo PC y obstáculos propios de los desencuentros doctrinarios DC-PC), es posible que los comunistas, que hoy controlan la CUT, varias Federaciones estudiantiles y el Colegio de Profesores, colaboren con una lógica de contención social que facilite la gobernabilidad.

Sin embargo, dadas las enormes desconfianzas y el rechazo que existe en amplios sectores  del movimiento sindical –y de otros movimientos sociales– hacia esa lógica de contención social que fue propia de la transición democrática bajo los gobiernos de la Concertación, nada está asegurado en esa materia. Además, no debe olvidarse que el año 2011, cuando el movimiento estudiantil estaba en su momento más alto y el PC intentó jugar un rol mediador en una negociación para consolidar en cambios institucionales lo conseguido por los estudiantes en la calle, los comunistas pagaron un alto costo ante el movimiento estudiantil. Entre otras cosas, la Jota perdió la Fech (encabezada por la emblemática Camila Vallejo) y perdió también reductos importantes como la FEUSACH.

Lo que sí es claro es que, en lo estratégico, el PC apuesta a un cierto gradualismo, pero teniendo a la vista cambios profundos a la institucionalidad y una agenda social potente. En efecto, al lanzarse el 7 de octubre, previo a las elecciones municipales, la primera propuesta programática del eje PPD, PC, PRSD e IC, Guillermo Teillier marcó la visión estratégica del PC para el nuevo ciclo que se abre: “No podemos hacer un programa donde todo se resuelva en cuatro años, pero se trata de abrir las puertas a esos cambios, a crear las condiciones para que esos cambios se realicen, a expresar la voluntad política de los que estamos de acuerdo. Vamos a abrir un proceso para que en cuatro, seis, ocho o diez años realicemos las transformaciones profundas que reclama el país” [11]. En ese análisis, la idea de acumulación de fuerza política y social es clave, y eso pasa –en la estrategia del PC– por combinar acción dentro del sistema político con movilización social sostenida y ascendente.

Esto último nos lleva a una tercera arista de análisis, también fundamental. Durante muchos años, la gran mayoría de los actores políticos concertacionistas se enorgullecieron de la transición ordenada y gradual, que había tenido como base la ingeniería política y la contención social. Se hablaba del aporte que había significado el “partido transversal”, en lo político, y el “sindicalismo consolidador” de la transición en lo social. Algunos llegaron a elogiar los efectos moderadores del sistema binominal. Sin embargo, con la constatación cada vez más quemante de una cierta impotencia política para hacer grandes transformaciones, producto del bloqueo institucional que aseguran el binominal y los quórum supra mayoritarios, muchos han hecho una autocrítica respecto a no haber aprovechado, en los inicios de la transición, la fuerza social para presionar con más decisión por una transición más profunda; y durante la transición avanzada, por no haberse apoyado en dicha fuerza para empujar iniciativas en que no se tenía una correlación parlamentaria suficiente, como un modo de empujar a parte de la oposición a aceptar proyectos que eran claramente demandados y/o aprobados por las grandes mayorías ciudadanas, de acuerdo a múltiples sondeos disponibles, pero eran bloqueados por las alambradas aún en pie del pinochetismo institucional.

Desde un punto de vista sociológico, todo indica que la lógica de la ingeniería política y la contención social ya están agotadas, y que sólo una combinación de fuerza política (expresada electoralmente) y fuerza social (expresada en movilización e interpelación ciudadana a la clase política) serán capaces de hacer avanzar la profundización democrática y abrir los cerrojos de los enclaves institucionales que aún impiden el ejercicio pleno de la soberanía popular. Además, sólo esa combinación puede lograr avances sustantivos en el establecimiento de un Estado social y democrático de derechos (y por lo tanto, mayores grados de igualdad), así como el establecimiento de un marco regulatorio que proteja a los ciudadanos y las comunidades de los abusos que tanta indignación han suscitado en los últimos años (colusiones, estafas en el retail, iniquidades en las prestaciones de salud y en la repartición de los costos medioambientales, etc.).

Finalmente, no podemos soslayar un análisis específico del tema parlamentario. Todos sabemos que la correlación de fuerzas parlamentarias que se obtenga como resultado de la elección de fin de año, es una variable clave para el destino de la futura administración y su capacidad de impulsar y materializar un programa progresista. Por ello, la apuesta por construir una alianza lo más amplia posible que permita estructurar un “Parlamento para Bachelet” constituye un objetivo central. En consecuencia, ese esfuerzo debe ser abordado con empuje y seriedad, y no conviene asumir una perspectiva triunfalista, dando por hecho el negativo diagnóstico para la Alianza que ha esbozado Carlos Larraín a sus pares. Los doblajes nunca han sido ni serán fáciles y, por lo tanto, dado que buena parte de la capacidad de logros del futuro gobierno se juega allí, las elecciones parlamentarias deben ser abordadas con tanta o más energía que las presidenciales.

Pero esa potencialidad se juega también en la capacidad (o incapacidad) que se tenga para evitar los descuelgues o el fenómeno que hemos conocido en los últimos años como los “díscolos”. A este respecto, como ha mostrado la experiencia, en alguna medida los llamados al orden y la coherencia siempre serán pertinentes, pero lo crucial es la capacidad de persuasión para que los parlamentarios acompañen con lealtad la marcha y los avatares de todo gobierno. En segundo lugar, resulta crucial también el compromiso consciente, la autodisciplina parlamentaria derivada de una adhesión entusiasta a un programa que los interprete. Por ello, no hay que perder de vista que una cosa es el tremendo liderazgo de la ex Presidenta en términos de capacidad electoral personal (que incluso podría permitirle ganar sin los partidos) y otra muy distinta es su fuerza política real expresada en el Congreso, para lo cual necesariamente requiere la mediación de los parlamentarios. En consecuencia, el programa de gobierno requerirá algún grado de negociación y la consecución de un equilibrio que parece tremendamente desafiante, en la medida que debe interpretar a un amplio arco parlamentario de la actual oposición.

Y en tercer lugar, la capacidad de mantener la disciplina parlamentaria se jugará en el grado de avance programático y en las prioridades reales que se vayan estableciendo durante el desarrollo del gobierno. Nociones como “carácter del gobierno” durante su devenir o “gobierno en disputa” pueden ponerse a la orden del día, en la medida que algunos actores aprecien una eventual renuncia a aspectos clave del programa, giros demasiados marcados a la derecha o giros demasiado marcados a la izquierda.

En conclusión: una sociedad más empoderada, un sistema político relativamente bloqueado y deslegitimado, movimientos sociales en alza, y la necesidad de construir una fuerza política de mayoría más amplia y diversa para destronar a la derecha y profundizar la democracia política y social, todo ello exigirá a la ex Presidenta Bachelet capacidades redobladas para asumir el gran desafío que el electorado podría poner en sus manos en noviembre. A las enormes capacidades y carisma que mostró durante su primer mandato, Bachelet 2.0 exigirá de sí misma aún más fuerza y, sobre todo, capacidad de articulación política, social y ciudadana.

Notas al pie:

• [1] Doctor en Sociología por la Universidad Católica de Lovaina. Fue asesor del Ministro del Trabajo y de la Ministra de Planificación durante el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet. Email: delairefernando@gmail.com
• [2] La Segunda, viernes 24 de agosto de 2012, p 26.
• [3] La Segunda, viernes 24 de agosto de 2012, p 26.
• [4] La Tercera, sábado 13 de octubre de 2012, p. 4.
• [5] La Segunda, viernes 24 de agosto de 2012, p. 27.
• [6] La Segunda, viernes 19 de octubre de 2012, p. 42. Las itálicas son nuestras.
• [7] Ver Presentación en el Panel “Revolución democrática” en el Seminario en torno a los Cien Años del Partido Comunista, y La Tercera, sábado 22 de septiembre de 2012, p. 2.
• [8] La Tercera, sábado 14 de julio de 2012, p. 4. Las itálicas son nuestras.
• [9] Punto Final, 12 al 25 de octubre de 2012, p. 6.
• [10] Declaraciones a Agencia UPI, 15 de octubre de 2012.
• [11] El Siglo, 12 de octubre de 2012, p. 7.