EL PARTIDO Socialista pasa por una singular crisis. Por un lado, su identidad y proyecto histórico están difusos, por decirlo con mesura; recién comienza a sacudirse de una cierta mentalidad burocratizada luego de 20 años en el gobierno; apenas empieza a recuperar interlocución con los nuevos movimientos sociales; enfrenta serios problemas de convivencia interna y su infinita capacidad para dividirse y subdividirse vuelve a estar en su apogeo. Por otro lado, tiene razonables posibilidades de regresar al gobierno, en un año y medio más, a través de la ex Presidenta Bachelet y, en esa condición, tener que ser (o al menos parecer) partido eje en una alianza entre un centro político electoralmente declinante y una izquierda atomizada y con fuertes tendencias centrífugas.
¿Qué hacer? Vieja pregunta de la política. El riesgo es evidente: las posibilidades de hacer un mal gobierno son altas, ya sea por la dificultad de responder a la fuerte presión de una sociedad que colmó su paciencia con los actuales niveles de desigualdad y de abusos, o por el obstruccionismo de la derecha, que va a controlar la mitad del Parlamento y que haciendo uso de esa capacidad de veto puede inmovilizar una agenda gubernamental y reimponer la lógica del “mal menor”, donde lo que se puede hacer se parece poco a lo que se quiere, con la consiguiente frustración social.
¿Etica de las convicciones o ética de la responsabilidad? ¿Prepararse para hacer un gobierno de mucho testimonio que, aunque logre pocos avances, deje intactos los principios y restituya la confianza de la ciudadanía, o bien medir con realismo y frialdad la “correlación de fuerzas” e intentar dentro de ese esquema algunos logros parciales, restituyendo una remozada lógica de la gobernabilidad de la transición con toda su eficacia elitaria y excluyente?
El dilema no es de fácil despacho: la ciudadanía suele querer fidelidad a las convicciones, pero también resultados concretos. Tal vez lo más simple sea centrarse en los datos duros de la realidad: un pacto social resquebrajado, una institucionalidad política deslegitimada, movimientos sociales como nuevos actores políticos, una ciudadanía impaciente, una Concertación debilitada y una oposición dispersa, un gobierno de derecha impopular y muy discreto en sus resultados, una institución presidencial devaluada.
En este cuadro, los llamados que sectores de la derecha y del empresariado han hecho al Partido Socialista, para que en su actual rol opositor y en el marco de un eventual segundo gobierno de la ex Presidenta Bachelet se transforme en el “partido del orden”, que restituya la gobernabilidad política, la legitimidad de las instituciones y el diálogo social, carecen de realismo y se fundan en la peregrina idea de que el “paraíso perdido” de la eterna transición y de la República Binominal pueden restituirse. La derecha y una parte de la Concertación no terminan de asumir que una cierta manera de hacer las cosas ya no volverá.
El único sentido que puede tener un segundo gobierno de Bachelet es intentar acometer un nuevo pacto político y social que abra un nuevo ciclo histórico. Un contundente triunfo en primera vuelta podría suministrar una fuerza adicional. Así y todo, nada asegura que ese eventual gobierno pueda pasar por el delgado desfiladero de la ardiente impaciencia actual de la ciudadanía y del previsible poco espíritu de cooperación de la derecha.