Tanto en el conflicto actual de Aysén como en el de Magallanes del año pasado, se puso como una demanda de las comunidades el establecimiento de un salario mínimo regionalizado, atendiendo al mayor costo de la vida en las zonas extremas. La demanda tiene fundamentos. A continuación el análisis del Programa de Asesoría Legislativa del Instituto Igualdad sobre el tema.
