Hernan Frigolett, economista Instituto Igualdad.
La incorporación de Chile a la OCDE no genera un beneficio directo, pero crea un prisma sobre nuestro desarrollo económico menos autocomplaciente y más exigente. El problema del desarrollo ya no sólo puede ser evaluado con la visión simplista del indicador del PIB per cápita, sino de un conjunto de otras variables. Una arista importante es el ejercicio de la política fiscal, desde el diseño y elaboración de programas de gasto pero también de la estrategia tributaria para su financiamiento.
El apronte más o menos progresista depende del gasto público integral, no sólo del social, y de la forma en que el Estado se agencia los recursos por la vía tributaria. Las combinaciones de gasto y de formas de recaudación son relevantes, al igual que la carga tributaria que se impone sobre todos y cada uno de los agentes. En este sentido, los conceptos de equidad vertical y horizontal son primordiales para establecer los ejes de una reforma tributaria.
En el fondo del problema se debe adoptar una definición sobre la necesidad del país de financiar los bienes públicos en la actual etapa de su desarrollo, entendiendo una política distributiva como parte integral y congruente con la competitividad y empleabilidad del país. Desde la perspectiva del gasto, educación y salud en el mediano plazo definen las mejores opciones de desarrollo de capacidades competitivas, y por ende su desempeño no puede ser dilatado ni supeditado a la disponibilidad de mayores recursos que provengan del crecimiento. La empleabilidad no se logra por decreto, o por programas de subsidio, sino que por la vía de lograr significativos avances en la productividad media de los trabajadores, tanto de los que están como de los que se incorporarán al mercado laboral.
Los bienes públicos no sólo son demandados por las personas, sino que también por las empresas que requieren de una institucionalidad de regulación que permita un desarrollo inclusivo del emprendimiento. Por lo tanto, la carga tributaria también debe ser soportada por los entes jurídicos que requieren de servicios judiciales, de promoción comercial internacional, de institucionalidad que vele por la libre competencia, y otras tantas dimensiones de la regulación y el impulso a la inversión.
El 2012 será recordado por el éxito o el fracaso para concretar una reforma tributaria que signifique construir las bases de un nuevo pacto social en Chile, generando un salto en inclusión social e igualdad de oportunidades, construyendo con una mirada de mediano y largo plazo de Chile un círculo virtuoso entre mayor igualdad, competitividad y empleo.
