La derecha política

No cabe duda de que existen políticos de derecha. Lo que no es tan claro es que exista una derecha política. Constituirse como una entidad con fronteras y liderazgos propios capaz de subordinar o al menos conducir, desde la política, los poderosos intereses económicos que la circundan, ha sido históricamente una difícil asignatura para la derecha.

Históricamente, aunque a la luz de la actual crisis de representación esto podría estar cambiando, los sectores medios y populares han percibido a los partidos de centro y de izquierda como instrumentos para construir e incrementar su poder; para la llamada “derecha económica”, en cambio, la existencia de una “derecha política” ha sido siempre una intermediación aceptada a regañadientes, a la que no se le termina de reconocer plena autonomía y autoridad sobre el conjunto del sector. La historia de la derecha política chilena es la historia de esa subordinación combinada con la irrupción episódica de algunos caudillos, dotados de una personalidad fuerte, que han logrado establecer límites a las “frondas” y oligarquías de su época (a esa “canalla dorada” como la denominó, en uno de sus momentos de mayor exaltación retórica, Alessandri Palma en los años 20).

Las disyuntivas que hoy enfrenta la derecha en el gobierno no son ajenas a esta tensión histórica no resuelta. Esto se hace particularmente evidente a la luz del tipo de demandas que brotan desde la sociedad y que tienen más que ver con refundar un pacto político y social de rango histórico, que con implementar algunas medidas puntuales o correctivas. ¿Existe una derecha política que tenga la autonomía suficiente como para llevar a cabo transformaciones importantes cuyo objetivo sea reducir la desigualdad aunque ello implique afectar intereses económicos poderosos y cercanos? A simple vista pareciera que no, pero lo sólido anda un poco desvanecido en estos tiempos.

Hasta ahora las tensiones dentro de la actual administración habían sido el resultado de las disputas entre técnicos y políticos, el abortado debate sobre una “nueva derecha” y ciertos forcejeos entre liberales y conservadores en temas valóricos. La irrupción de una oposición social y ciudadana cambió el eje de la agenda y puso la mirada en las desigualdades sociales, en la educación pública y en una institucionalidad política que no logra expresar y contener los malestares e impaciencias sociales. Posiblemente el debate que traiga consigo esta nueva agenda sea sobre una reforma tributaria y el significado tangible y simbólico que ésta pueda tener para un país que asume como propio el desafío de ser más igualitario. Ya se conoce el apoyo de la oposición y del omnipresente nuevo Ministro de Economía a esta iniciativa. También, la opinión de los grandes gremios empresariales sobre esta materia: los problemas del país se resuelven solo con “más inversión y crecimiento”.

Más allá de cómo se termine dirimiendo el tema tributario, la nueva realidad política ha abierto el espacio para que emerja una nueva tensión dentro de la derecha gobernante: administrar la conflictividad social existente apostando a que ésta será pasajera y declinará tarde o temprano, o atribuirle a dicha protesta una profundidad tal que haga necesario responder a ella realizando cambios de fondo y estructurales, esto es, transformaciones que aunque no estén en el programa ni en la ideología propia, corresponda a este gobierno y no al siguiente, llevar adelante. Una disyuntiva histórica no menor.