Ernesto Águila, Director Ejecutivo Instituto Igualdad.
El nuevo gabinete reúne a los políticos más experimentados de la derecha. El costo ha sido que la legitimidad del parlamento descienda un nuevo peldaño, alcanzando éste ahora un total de cuatro senadores designados. Los cambios parecen indicar que es la hora de la política, pero habrá que ver de cual.
A la actual administración le ha tocado la particularidad de tener que lidiar con dos oposiciones: una ciudadana y otra parlamentaria. Lo lógico sería que ambas coincidieran, pero lo cierto es que estamos frente a una situación más compleja: la nueva oposición social no es solo al gobierno sino también, en grado importante, al sistema político.
Se superponen así dos procesos de distinto rango histórico. Uno, más superficial, se expresa en la desaprobación al “primer tiempo” del gobierno y su fallida promesa de instalar una “nueva forma de gobernar”. Otro, de aguas más profundas, se manifiesta en la crisis de representación del sistema político (la declinación de la República Binominal) y el debilitamiento de la legitimidad del mercado como articulador de la vida social y exclusivo agente de asignación de oportunidades. Lo anterior, acompañado de una creciente demanda de más Estado y expansión de lo público como vías más confiables hacia una mayor inclusión, movilidad y cohesión social. En síntesis, la percepción, y ese pegajoso malestar que la acompaña, de que se vive una sociedad demasiado desigual, insolidaria y bloqueada institucionalmente en sus posibilidades de cambio.
Aunque se sabe que la historia nunca se repite, el presente invita a releer la crisis y derrumbe de la República Oligárquica de 1920. Una clase media descontenta y con “conciencia de sí” pujando por irrumpir políticamente, una clase alta indiferente en sus privilegios y opulencia, sectores populares marginalizados, y un sistema político estéril e incapaz de contener institucionalmente la nueva realidad social. Ya se sabe lo que allí pasó, sus protagonistas, convulsiones, contradicciones y paradojas. Al final de la crisis, o entremedio: una nueva Constitución, la del 25, que terminó por sepultar el antiguo orden.
Las primeras señales del nuevo gabinete apuntan en la dirección de un tenue reconocimiento de esta nueva realidad social junto con llamados a la Concertación a revivir la lógica transicional de los “grandes acuerdos”. El problema es que intentar reencontrarse con esta nueva oposición ciudadana, constituye un incentivo mayor para la Concertación que involucrarse en una política de consensos que reproduzca lo existente y amplíe la brecha de desconfianza que la separa de esta realidad social y cultural emergente.
Tal vez lo más simple es partir por reconocer lo obvio: ya no hay en el escenario político dos actores sino, a lo menos, tres: el gobierno, una oposición parlamentaria y una oposición ciudadana. Será muy difícil abordar la actual conflictividad sino se parte por reconocer a los reales actores y si la agenda no se amplía hacia reformas políticas y sociales que se hagan cargo del problema de la desigualdad y de la pérdida de representación del sistema político. Ya se verá si la idea detrás del nuevo gabinete es solo ampliar la capacidad de maniobra política del gobierno o si viene acompañado de un planteamiento estratégico de más largo alcance y profundidad histórica.
