Partamos por recordar el origen del conflicto. A fines de diciembre el Directorio de ENAP, del cual formaba parte el actual Ministro de Minería y Energía, Laurence Golborne, acordó alzar el precio del gas en 16, 8 %. También resolvió rebajar la bonificación de la región que cubría hasta un consumo de 25 mil m3 al mes, dejándola sólo en mil m3 mensuales. Esto significaba un alza para las pequeñas industrias, panaderías entre otras, y para la generación eléctrica. Con justa razón la comunidad temió que se desatara un alza de precios en cadena.
Como consecuencia de lo anterior la XII Región, liderada por la Asamblea Ciudadana de Magallanes (ACM), se paralizó. El Gobierno debió echar marcha atrás y reducir el alza al IPC, quedando esta quedó en un 3 %. Además se aumentó a 18 mil los subsidios, ampliando la cobertura social, e ir en ayuda en el pago de las cuentas del hidrocarburo. Esto significó que el 40 % de la población no sufriera ningún alza. En cuanto al subsidio especial este volvió a regir hasta un consumo de 25 mil m3 de consumo mensual.
Todo lo anterior, fruto del acuerdo que puso fin al conflicto, tendrá vigencia hasta septiembre de este año. La solución definitiva según lo acordado con el ministro Golborne provendrá de los acuerdos de una Mesa Técnica Consultiva de trabajo la que debía quedar constituida e instalada el 1 de marzo.
La Asamblea Ciudadana de Magallanes como una forma de hacer más efectivo el trabajo de la Mesa Técnica Consultiva, envió el 14 de febrero una carta al Ministro en la que le solicitaba una serie de informaciones y datos, de forma de hacer más serias y productivas las conversaciones y negociaciones en esta etapa (Ver carta completa en, http://www.radiopolar.com/noticia_43298.html)
Ante la falta de respuesta, el 24 de febrero la ACM en un comunicado público denunció el incumplimiento del acuerdo que puso fin al conflicto. (Ver comunicado en, http://www.clarinet.cl/index.php?option=content&task=view&id=9632&Itemid)
En este contexto, resulta incomprensible la falta de voluntad del Gobierno para ayudar a resolver un problema de por si grave para la región y que genero una de las mayores movilizaciones que se recuerde desde el retorno de la democracia. Un acuse de recibo al menos, podría haber dado cuenta del interés, o a lo menos deferencia, de las autoridades.
A continuación procedemos a analizar el problema de fondo que llevó al conflicto y que muestra una vez más, la falta de prolijidad de la llamada “nueva forma de gobernar”.
La venta de gas en Magallanes es ejercida por el monopolio ENAP – GASCO. La estatal produce el gas y lo transporta hasta los puntos donde la distribuidora hace la venta al detalle. El carácter monopólico proviene de las características del negocio que no hace aconsejable que más que una empresa distribuya por temas de rentabilidad. Es lo que se denomina un “monopolio natural”. Esto es de común ocurrencia en la entrega de servicios domiciliarios tales como energía eléctrica, agua potable y alcantarillado. Lo que es único en el caso de la venta del gas en Magallanes, es su carácter de monopolio no regulado.
Todos los servicios públicos mencionados anteriormente están regulados por ley. La falta de regulación fue lo que permitió que uno de los agentes que ejercían el monopolio, en este caso ENAP, en forma arbitraria y velando por sus intereses propios, alzara el precio de entrega a distribuidor en 16,8 %.
Suponemos que la Mesa Técnica Consultiva corregirá esta situación y sentará las bases de un Sistema de Regulación de la venta del gas en Magallanes, informado y trasparente. Para estos efectos señalamos algunos puntos a considerar:
- El gas subvencionado en Magallanes debe considerarse un derecho adquirido, el que por su amplia y prolongada aplicaciónestá incorporada a la economía de la región. Actualmente la subvención corre por cuenta de ENAP, quien en el fondo está actuando en representación del Estado. El nuevo gobierno está empeñado en mejorar la rentabilidad de la estatal, por lo cual lo lógico es que sea el Estado quien se haga cargo de la subvención y no la empresa. El establecer subvenciones está considerado como opción válida por los expertos en regulación de monopolios naturales. Se ha estimado que el valor de esta sería del orden de US$ 20 millones. Si lo comparamos con otras subvenciones que entrega el Estado se ve que se trata de una cifra manejable. Recordemos que para la próxima ampliación del Metro de Santiago líneas 3 y 6, se habla de una inversión superior a los US$ 900 millones. Hasta donde sabemos el Metro puede en el mejor de los casos autofinanciar su operación, pero no está en condiciones de amortizar las inversiones por ampliaciones.
- Información y trasparencia. Está en la base de todo sistema regulatorio el acceso público a la información. También lo es la participación efectiva de los usuarios. Por lo tanto lo que pide la ACM se justifica ampliamente y ENAP y GASCO deberán entregar la información necesaria para establecer el modelo regulatorio.
- Reservas de gas en Magallanes. Para justificar el alza del 16,8 % el gobierno usó como argumento que el gas se estaba terminando y habría reservas sólo para 4 o 7 años, por lo que era necesario subir el precio para estimular las inversiones que permitieran revertir esta situación. Nuevamente se juega con la falta de trasparencia. ¿Que significa el tener reservas sólo para 4 o7 años? Tenemos que entender que se están refiriendo a reservas probadas, que son fundamentalmente aquellas cuya producción proviene de pozos existentes.
Pero ello no es toda la verdad, pues en este momento se están licitando bloques que pertenecen a ENAP para ser explotados con la participación de privados bajo la modalidad de Contratos Especiales de Operación Petrolera (CEOP). ¿Quién se interesaría por un negocio con un horizonte de solo 4 a 7 años de duración? Lo que ocurre es que ha faltado mencionar el volumen estimado de reservas probables y posibles. Estas dos últimas son las que permitirán ampliar las reservas probadas más allá de los 4 o 7 años mencionados.
Estas inquietudes están presentes en las preguntas que contiene la carta de la ACM. Hay más interrogantes que deberá responder el Gobierno ante la Mesa Técnica Consultiva, tales como: ¿En que forma se garantiza que en los nuevos CEOP se de preferencia al suministro de gas domiciliario, comercial, para generación eléctrica y uso industrial (no considera a Methanex)? ¿Al cabo de 3 años cuál es el estado explotación de los 9 CEOP, que están actualmente en operación?
Es de esperar que las autoridades cumplan con los compromisos adquiridos con la Asamblea Ciudadana de Magallanes y tomen las medidas necesarias para que a la brevedad empiece a funcionar la Mesa Técnica Consultiva, que fue uno de los principales acuerdos que permitió poner termino a la paralización de la Región de Magallanes en enero recién pasado. De lo contrario lo más probable es que el conflicto se reanude.
