En este primer año de gobierno de la derecha, la Concertación y más ampliamente la oposición ha tenido que buscar una manera de definirse, un talante, un modo de construir decisiones. Una tesis posible es pensar que a la Concertación le está faltando mayor diálogo y vinculo con el movimiento social. Y más extensamente que la política chilena requiere volver a subsumirse en las dinámicas sociales y culturales, para desde allí reconstruir su legitimidad.
La experiencia de Magallanes es ilustrativa en este sentido: fue un complejo social y político que condujo la movilización y que negoció una solución. No toda la responsabilidad se trasladó a los partidos o a los legisladores, sino éstos actuaron dentro de un movimiento social amplio, que fue donde se fueron tomando las decisiones de movilización y negociación.
No parece que políticamente la disyuntiva sea si se debe ejercer una oposición intransigente o si se debe tener capacidad de llegar a acuerdos, sino la oportunidad de una y otra, y, por sobre todo, que lo político y lo social se unan y se coordinen en el proceso de toma de decisiones.
Una de las características de este año ha sido un lento pero sostenido proceso de rearticulación del movimiento social. Distintas expresiones en materias laborales, indígenas, medioambientales, regionales, etc. se han venido expresando en esta última etapa. Se va constituyendo así un nuevo actor político: el movimiento social.
Incluso es posible sostener que la oposición al gobierno de Piñera es muy fuerte y que esta ya se encuentra en un 43% a un 45%, sin embargo, ello contrasta con los débiles signos de aprobación que tiene la Concertación y los actores políticos. Ello significa que hoy la oposición social es mucho más fuerte que la oposición política, o que las mayorías energías opositoras hoy están siendo canalizadas por los ciudadanos a través de movimientos sociales de diversa índole.
En este sentido, puede ser que los últimos acuerdos entre gobierno y Concertación se encuentren correctamente orientados desde el punto de vista político, pero requieren ser construidos a futuro con mayor diálogo con el mundo social, para que éste se sienta parte de las decisiones que vaya adoptando la oposición política. De lo contrario se irá ensanchando la brecha entre la ciudadanía y la política opositora.
Pareciera ser que el resultado y consecuencia del acuerdo educacional –que entre otros aspectos significó la pérdida para el PS del valioso diputado Sergio Aguiló- ha llevado a la Concertación a redefinir sus mecanismos de decisión, particularmente en lo que dice relación a las consultas e involucramiento de los actores sociales en las próximas definiciones de movilización y negociación entre oposición y gobierno.
