Nuestro país carece de una institucionalidad con los necesarios checks and balance para impedir el abuso de poder y la arbitrariedad del Estado frente a sus ciudadanos. Sin embargo, en los últimos años han nacido dos instituciones que entregan ciertas herramientas para ello. La primera en entrar en funcionamiento fue el Consejo para la Transparencia y la aplicación de la ley 20.285 de Acceso a la información Pública y la segunda, es el Instituto de Derechos Humanos.
Hoy nos encontramos con la triste noticia que ambas instituciones figuran en el presupuesto de la nación para el año 2011 con inferiores recursos que los solicitados para su funcionamiento. Esta noticia nos debe preocupar puesto que:
- Son instituciones recién formadas y necesitan recursos para establecerse, desarrollar sus funciones y lograr la legitimidad de su actuar en la ciudadanía.
- Son instituciones que permiten avanzar en la falta de balance de poder dentro de nuestro Estado.
- Son instituciones que permiten defender y promover importantes derechos de las personas, por un lado, nada menos que los derechos humanos en su amplia gama y por el otro, el derecho a la información pública.
- Son instituciones que permiten que los ciudadanos desarrollemos «accountability» o control ciudadano frente al funcionamiento del Estado.
Un Estado que no fortalece sus nuevas instituciones las que sin duda favorecen el fortaleciendo de nuestra democracia, es un Estado que le tiene miedo a la ciudadanía, al balance de poder y a la fiscalización ciudadana. Por tanto, no deja de ser grave la señal que nos entrega el presupuesto 2011.
Danae Mlynarz Puig
Coordinadora Área Derechos Ciudadanos y Participación
Instituto Igualdad
