Santiago, Talca y Concepción, las ciudades más pobladas afectadas por el terremoto del 27 de febrero, están enfrentando un grave problema de manejo y disposición de los escombros que dejó el cataclismo.
Las primeras cifras conocidas estiman que los residuos más evidentes dejados por el sismo, ascienden a más de 3 millones de metros cúbicos, esto sin contar aquellos que resultarán de las demoliciones que ya se están efectuando en las viviendas y edificios estructuralmente afectados.
Ante este dantesco escenario, la autoridad busca desesperadamente pozos areneros o sitios de acopio para depositar este material, por los que regularmente se debe cancelar una tarifa de hasta 10 mil pesos; una solución a todas luces precipitada, cuyas consecuencias en el largo plazo pueden tener un profundo impacto económico, social y ambiental.
Disponer estos escombros literalmente en un hoyo, constituye un desperdicio de insumos reutilizables, privando a las personas más afectadas y a los municipios de una potencial fuente de ingreso para llevar adelante una reconstrucción sustentable.
El Movimiento Nacional de Recicladores integrado por más de 30 mil anónimos emprendedores expertos en la separación y valorización de residuos, son responsables de más del 60% del reciclaje que se realiza en nuestro país.
Los recursos existen. Desde el 2005, el Estado de Chile y el Banco Interamericano de Desarrollo han proveído 200 millones de dólares al Programa de Manejo de Residuos Sólidos que administra la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Hasta la fecha, solo se ha gastado el 5% de dichos recursos fundamentalmente en estudios de preinversión.
Del mismo modo, en CONAMA, en los Municipios y en la propia Subdere, se acumulan cientos de propuestas de empresas privadas, consorcios universitarios, y centros de estudio nacionales y extranjeros que, en apretada síntesis, proponen algo que en Chile está recogido y sancionado oficialmente en la Política Nacional de Residuos; esto es, implementar educación, tecnología e innovación en la gestión de residuos, priorizando su reciclaje y reutilización de manera sustentable, dejando como último recurso la disposición final.
Se dispone entonces del financiamiento, la capacidad técnica, los estudios necesarios, la tecnología y la logística para crear centros de reciclaje de los escombros que han resultado de esta tragedia, generando así los insumos para nuevos materiales de construcción a costos muy inferiores a los del mercado. De esta manera, además, se evitaría seguir con la depredación que significan para nuestros ríos las labores de extracción de áridos.
Junto con ello, se contaría con una fuente de ingreso para los esforzados cartoneros y para los municipios que han sido más afectados, quienes debieran administrar estos centros. De hecho, la comuna de Quilpue a través del programa Plan Comuna Limpia, desarrolló un modelo de reciclaje y reutilización de escombros denominado RESCON, que puede servir de modelo para los gobiernos locales.
El Gobierno ha planteado generar mecanismos de Fast Track para la reconstrucción y se ha visto complicado en la búsqueda de recursos para esta misión. Pues bien, parece necesario reiterar que dispone de 200 millones de dólares, que no pueden ser utilizados para otro fin que no sea llevar adelante una estrategia sustentable de manejo de residuos.
De hacerlo, las autoridades darían la señal más importante desde que se sancionara por parte del Consejo de Ministros de la CONAMA, la Estrategia Nacional de Residuos y se implementara el Plan Comuna Limpia durante la gestión de la Ministra Uriarte.
Finalmente, pero no menos importante, vale la pena recordar que llevar adelante una estrategia jerarquizada de residuos a todos nuestros detritos, especialmente a los domiciliarios es, además uno de los compromisos a los que el Estado de Chile se comprometió al ingresar a la OCDE. De nosotros depende hacer de esta tragedia, una oportunidad.