Chile, el año 2009 sufrió una recesión económica que implicó que el PIB per cápita cayera alrededor del 2,5% y los desocupados aumentasen 58 mil en doce meses. Esta fuerte contracción afectó de manera especial a los sectores más desprotegidos de la sociedad: las familias más pobres, la clase media, las microempresas y las PYMEs.
El 27 de febrero, se produjo un terremoto grado 8,8 y un posterior maremoto que asoló a las regiones VI, VII y VII, sobre todo en sus territorios costeros. El Ministro Felipe Larrain evaluó los daños totales en US$ 30 mil millones, de los cuales US$10 mil millones corresponden a infraestructura pública de hospitales, salud, educación, puertos, carreteras y otros servicios públicos regionales.
En consecuencia el bienio 2010-2011 estará marcado por un entorno macroeconómico de recuperación económica y por un plan de reconstrucción pública, localizado en las tres regiones más afectadas del país, donde se requerirá en forma urgente de su diseño y pronta ejecución.
El drama que viven estas tres regiones puede afrontarse de dos maneras muy diferentes. Una alternativa “conservadora” es incentivar que el mercado asigne los recursos privados a la solución de los problemas sociales y económicos, dejando que la inversión pública asuma un rol pasivo, de mero reconstructor de la infraestructura dañada.
Una alternativa “progresista”, en cambio, es aprovechar este desastre natural para ligar las urgencias del corto plazo con las necesidades del desarrollo de largo plazo, a través de una estrategia que considere a las regiones involucradas. A continuación, algunas premisas que necesariamente deben ser consideradas en una estrategia progresista de desarrollo:
1. Invertir en la economía del conocimiento, para así promover innovaciones y desarrollar la productividad neta de los factores productivos. De esta manera podrán lograrse niveles de competitividad productiva mayores y con ello alcanzar la meta de generar sueldos decentes en la economía.
2. Chile ostenta el record de ser una economía extremadamente heterogénea y con una pésima distribución de sus ingresos. Por lo tanto, deben patrocinarse reformas que potencien el fortalecimiento de las organizaciones ciudadanas, de los trabajadores y de las Asociaciones de Micro y Pequeños Empresarios para terminar con las enormes asimetrías de poder que hoy en día existen en el país.
3. Realizar inversiones en infraestructura para construir un tipo de desarrollo distinto, estableciendo regulaciones e incentivos fiscales que sean apropiados para lograr una producción limpia y sustentable. De esta manera estaremos entregando a nuestros hijos un mundo donde ellos también puedan realizar sus propios proyectos.
4. Evitar la involución a visiones proteccionistas del pasado, que para un país pequeño como el nuestro, siguen siendo modelos inviables. No obstante lo anterior, la apertura económica del país debe ser apoyada en las regiones sistemáticamente con políticas sociales dirigidas a las familias de menores ingresos y con políticas de desarrollo productivo que favorezcan a las micro y pequeñas empresas.
5. Realizar una reforma tributaria que permita financiar consistentemente una estrategia de largo plazo que permita al país dar un salto hacia el desarrollo y a una sociedad que sea más justa y solidaria. Es sabido que Chile mantiene una baja tasa de tributación, sobre todo cuando se la compara con el resto de los países desarrollados.
Dadas las condiciones anteriormente señaladas, cabe preguntarse entonces si es posible que un gobierno que responde a los intereses de los grandes grupos económicos pueda generar una estrategia de desarrollo nacional (y regional) del tipo inclusivo, aquí propuesto. Al respecto, afloran importantes dudas que en todo caso debieran ser aclaradas más temprano que tarde por el propio oficialismo.
