Antes del terremoto la promesa económica central de la nueva administración era el millón de nuevos empleos. Por mucho que buscaran relativizarla a posteriori, era evidente que si no cumplían, enfrentarían costos políticos.
La minería no tiene un potencial generador de empleo a la escala necesaria, por ende, los sectores que cumplirían la promesa eran la construcción, los servicios y la agroindustria. La construcción se encontraba con un problema de excesos de stocks que tenían que gastarse y los servicios llevan años al tope. Lo que quedaba como sector estratégico para la promesa del millón de empleos era la agroindustria, es decir la suma de la agricultura, pesca, acuicultura, silvicultura y de todo el sector industrial derivado (como los alimentos, la celulosa, los muebles, los alimentos y los vinos) que es el sector transable con más potencial de desarrollo productivo de nuestro país. Ese era el espacio donde se jugaba, a mi juicio, el éxito del nuevo gobierno, y ese es el sector que quedó devastado con el terremoto.
El tema central para hacer rendir a la agroindustria antes del terremoto era apuntalar su competitividad, la que llevaba varios años amenazada por varios flancos: regulaciones ambientales y laborales, aguas, acceso y costo del crédito, energía y, críticamente, el tipo de cambio. Mucho de la estrategia económica del nuevo gobierno estaba dirigida a enfrentar varios de estos temas. Sin embargo, era previsible que el precio del cobre siguiera poniendo presión revaluadora con cierta frecuencia, por lo que el tema cambiario sería central, a nuestro juicio, durante este gobierno. Es por esto que el tema de la austeridad fiscal surgió apenas se designó el gabinete económico.
La razón por la cual menos gasto fiscal genera mayor competitividad cambiaria es porque el gasto fiscal es intensivo en no transables y mano de obra, es decir, tiende a encarecer el trabajo. Restringir el gasto fiscal, en términos muy simples, le abarata la mano de obra al sector privado. Por eso no es demasiado sorprendente que la primera cosa que hizo el designado Ministro Larraín fue anunciar una política fiscal austera, imaginamos, tratando de generarse una reacción cambiaria especulativa favorable antes de asumir.
El terremoto generó la imperiosa necesidad de gastar para enfrentar la emergencia humanitaria y para impulsar la reconstrucción, tirando al tacho de la basura la estrategia cambiaria de la austeridad fiscal. Pero además, cualquier estrategia de reconstrucción que se elabore tiene que pensar en la competitividad de la agroindustria y, por ende, en el tipo de cambio. Este es un elemento central para recuperar la economía de las zonas más afectadas. Parte del trabajo lo haría el renovado dinamismo de la construcción, pero eso tiene límites de escala y temporales.
Es por esto que el problema de financiamiento de la reconstrucción es en forma muy central un problema cambiario y no realmente un problema de acceso a recursos. Chile tiene fondos soberanos y puede conseguir fácilmente más créditos en los mercados de crédito multilateral o de deuda soberana. El problema es que, curiosamente, esta abundancia de acceso a divisas no es tan útil por sus consecuencias sobre la competitividad agroindustrial.
Cualquier alternativa de financiamiento que involucre liquidar masivamente divisas en el mercado local (liquidar fondos soberanos o pedir créditos en el exterior) va a tener un potencial anti competitivo para la agroindustria y para las regiones a reconstruir. La alternativa de traer las divisas resultantes de estas estrategias, pasárselas al Central y pedirle pesos a cambio (lo que los economistas llamamos monetizar) es, de facto, una fijación del tipo de cambio lo que generaría problemas muy serios a futuro.
La alternativa de privatizar empresas Estatales o la posibilidad de subir el royalty, si uno las piensa con cuidado, tienen un potencial de atracción y generación de flujos de capitales que se monetizan o revalúan. En el caso de las privatizaciones se han sugerido condiciones de residencia a los compradores, pero incluso en estos casos hay que pensar con cuidado en como se hace (imaginemos un intermediario local que pide un crédito afuera para financiar la compra).
La emisión de deuda local genera presión al alza de las tasas de interés que no son oportunas, pero que podrían suavizarse si la deuda es larguita. La reasignación de partidas presupuestarias, creo, es más fácil de titular que de explicar y tiene un potencial disruptivo sobre la gestión pública que yo no recomendaría a una administración entrante.
Subir impuestos al tabaco y alcohol siempre suena bien, pero su potencial de recaudación es limitado. Subir los impuestos a las empresas es algo que probablemente debiéramos hacer en el mediano plazo, pero la oportunidad y la capacidad de insular a las regiones afectadas es cuestionable. Subir el IVA es profundizar la desigualdad y subir el impuesto a la renta es difícil para un gobierno de derecha.
Finalmente hay una alternativa que no se ha discutido tanto y es activar agresivamente una política de fomento productivo muy discrecional (usando CORFO y Banco del Estado). Esto tiene problemas, pero también la virtud de permitir compensar directamente a las empresas y regiones que se quiere ayudar frente a lo que venga en revaluaciones, impuestos y tasas de interés.
En Hacienda van a tener que inventar un mix entre un conjunto de alternativas imperfectas, con gran incertidumbre sobre las elasticidades involucradas. Mi sugerencia es no comprarse ninguna solución “mágica” y cuidarse de los entusiasmos ideológicos interesados.
Además que el mix de fuentes de financiamiento óptimo puede cambiar en el tiempo. Fijar el monto a financiar ya es un desafío. Fijar el mix óptimo para varios años es utópico. Recordemos, por lo demás, que aún hay incertidumbres flotando sobre la recuperación mundial y si algo fuerte pasa afuera, el mix óptimo cambia.
Lo que el gobierno necesita es recursos en pesos y no peleas políticas. Mi sugerencia es desideologizar completamente esta discusión legislativa. Partir con una declaración clara de que todas las medidas de financiamiento que se soliciten al parlamento serán transitorias y reversibles (eso descarta la privatización, por lo pronto), pero que la mezcla que sea de financiamiento esté sujeta a un monto total para varios años (llamémoslo Cuenta Macroeconómica de Reconstrucción), dejando al gobierno la flexibilidad de encontrar el mix óptimo para ahora, y de variarlo en el futuro próximo si es que se vuelve necesario.
Creo que un acto de buena fe de un lado (clarificar que no se van a intentar pasar reformas estructurales por medidas de emergencia) podría ser recibido por buena fe del otro (un monto total a financiar y un conjunto de herramientas discrecionales para ajustar en el tiempo). Ojala se pueda hacer un trato como este, la pelota está claramente en la cancha de las nuevas autoridades.
