En un país donde la propiedad agrícola está altamente concentrada, sin dudas que el statu quo favorece a poderosos intereses, poco proclives a la implementación de un acuerdo que incluye la distribución equitativa de tierras. Este ha sido históricamente una de las piedras angulares de los conflictos sociales y fue el primer tema que se abordó en la mesa de La Habana. Hoy esos esfuerzos corren riesgo de quedar entrampados en una seguidilla de objeciones que diluyen el efecto de los acuerdos y desestimulan la negociación pendiente con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
La experiencia comparada sobre procesos de construcción de la paz evidencia que la implementación de los acuerdos y el componente de justicia transicional, solo son posibles si existe profunda convicción democrática en los gobernantes. Y es la duda que hoy se abre en Colombia, tras las objeciones presentadas por el presidente, Iván Duque, al estatuto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), columna vertebral del acuerdo suscrito entre el gobierno colombiano y las FARC-EP hace dos años y medio.
El mandatario –que estaba en Chile cuando la Corte Constitucional de su país precisó que se pronunciará al respecto una vez que el Congreso legisle sobre la materia– dijo escuetamente que “respeta el dictamen”. Lo acontecido, sin embargo, es un nuevo traspié que tensa el ya complejo posconflicto en Colombia. En el Poder Legislativo se reeditará, esta semana, la controversia entre los defensores del acuerdo y sus críticos.
Un docudrama sobre este proceso de paz difícilmente lograría trasmitir las tensiones, angustias, incertidumbres y temores. También alegría desbordante, como la que salpicó al continente cuando el ex presidente Juan Manuel Santos y el jefe guerrillero Rodrigo Londoño firmaron la primera versión del acuerdo. Pero ese memorable episodio palideció rápidamente, y la desoladora derrota del plebiscito con que Santos quiso obtener la aprobación ciudadana al pacto recién suscrito congeló las sonrisas.
En el libro Santos, la Paradoja del Poder una periodista colombiana relata cómo, tras el fracaso del “Sí”, el entonces jefe de Estado se volcó a un complejo ejercicio para incorporar los 46 ejes temáticos de los partidarios del “No”, encabezados por el ex mandatario Álvaro Uribe, líder del partido Centro Democrático (PCD), mentor de Duque y que es, hasta hoy, un acérrimo opositor a los acuerdos.
Chile participó desde 2012 como país acompañante en las tratativas que se realizaron en La Habana, proceso que presentó al menos tres singularidades: 1) tuvo lugar tras la instalación del Tribunal Penal Internacional; 2) puso frente a frente a las víctimas de los militares y de los guerrilleros para que dialogaran con sus victimarios; 3) incorporó a las mujeres para abordar de manera diferenciada sus demandas en la mesa de negociaciones.La audacia y convicción de las partes convocadas a reformular el protocolo vencieron esos obstáculos y, finalmente, el 26 de noviembre de 2016, se produjo la firma definitiva del documento que buscó dejar atrás 52 años de lucha guerrillera. Santos adelantó al diario El País algunas de las encrucijadas que enfrentó entonces y que relata en su próximo libro, Batallas para la Paz.
Nuestro país promovió también la formación de ocho “Grupos de Amigos del Proceso de Paz en Colombia”, uno de los cuales me correspondió conducir como embajadora en la República de El Salvador. Y por ello, nos deja el corazón helado el nuevo traspiés que enfrenta el posconflicto en Colombia.
Con anterioridad a las objeciones del presidente Duque, la Corte ya había rechazado el articulado incluido por el PCD que, entre otros puntos, proponía la creación de un tribunal diferente para juzgar a los efectivos militares. Esta vez la oposición salió unida para hacer uso del derecho a réplica: en alocución televisada se rechazaron las objeciones del gobierno y se acusó a Duque de querer distraer la atención de la agenda política nacional, además de desacatar una sentencia anterior de la Corte Constitucional, que despejaba dudas respecto a las atribuciones de la JEP.
El ex negociador por parte del gobierno colombiano, Humberto de la Calle, dijo que las objeciones gubernamentales afectan la esencia de los acuerdos. La Unión Europea, la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, además del representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Alberto Brunori, pidieron urgente sanción presidencial a la ley estatutaria de la JEP.
La JEP es el sistema encargado de juzgar los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado. Fue extensamente negociado con la asesoría de expertos internacionales, entidades multilaterales y organizaciones sociales. Puede juzgar delitos cometidos por ex guerrilleros, por miembros del Ejército, por otros agentes del Estado y por civiles. Actúa en función de la necesidad de crear condiciones para lograr el bien común y por la convicción de que en este contexto la justicia no puede ser simplemente sinónimo de cárcel. Por sobre todo, tiene como prioridad satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia, ofrecerles verdad y contribuir a su reparación, con el propósito de construir una paz estable y duradera.
A propósito del significado de la justicia transicional, el académico bogotano Alejo Vargas argumenta que “en el contexto de una confrontación armada de larga duración como la colombiana, difícilmente se puede hablar de una situación de normalidad y de vigencia del Estado de derecho”. Explica a continuación que, en este caso, la juridicidad ordinaria que pretende regular la vida social en un marco de normalidad ha sido, sin duda, rebasada: “Por consiguiente, se requieren medidas excepcionales, justamente para terminar ese conflicto armado y permitir que la sociedad, de manera progresiva, vaya a vivir de nuevo en una situación de normalidad”, explica Vargas.
La normalidad a la que alude el profesor Vargas está lejos de existir en Colombia, donde el último Informe de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU documenta que en 2018 fueron asesinados ciento diez defensores de derechos humanos, además de aumentar las masacres en 164% en relación con 2017.
En un país donde la propiedad agrícola está altamente concentrada, sin dudas que el statu quo favorece a poderosos intereses, poco proclives a la implementación de un acuerdo que incluye la distribución equitativa de tierras. Este ha sido históricamente una de las piedras angulares de los conflictos sociales y fue el primer tema que se abordó en la mesa de La Habana. Hoy esos esfuerzos corren riesgo de quedar entrampados en una seguidilla de objeciones que diluyen el efecto de los acuerdos y desestimulan la negociación pendiente con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
