El próximo 8 de marzo se nos convocó a la huelga general de mujeres. Una huelga catalogada como histórica, pues reivindica los derechos individuales y colectivos de las mujeres. En materia económica, esta huelga es necesaria, porque las mujeres han sido sistemáticamente invisibilizadas en los espacios de producción, asignación y redistribución económica, pese a que son un aporte crucial a las cuentas nacionales y al crecimiento económico, y el sostén del desarrollo económico y social de los países. La huelga es necesaria porque sin mujeres no hay democracia económica, y sin democracia económica, es difícil que los países alcancen un espacio real de democracia plena.
Si bien Chile es parte de los países con un alto Índice de Desarrollo Humano (IDH) ubicándolo en el primer lugar a nivel latinoamericano y en el 44 a nivel mundial, el país cae a la posición 72 en lo que respecta a igualdad de género. Por eso, es de vital importancia otorgarle la importancia a esta categoría no tan solo por un sentido de justicia y dignidad social, también desde un sentido economicista de la competitividad, la productividad y el crecimiento.
La brecha de género en IDH en Chile es 2.3 veces la brecha observada en el promedio de los países de muy alto desarrollo humano, en el que también está nuestro país. Para construir esta medida, el PNUD estima una medida de PIB per cápita por sexo basado en la población económicamente activa, la diferencia salarial entre mujeres y hombres en todos los sectores y la proporción de cada sexo en la población total. Según esta medida, el PIB per cápita estimado para los hombres chilenos es de USD 28.809, mientras que para las mujeres es de USD 15.137. Es decir, en Chile el PIB per cápita de las mujeres sería un 47% menos que el PIB per cápita estimado para los hombres.
A nivel mundial el Informe Global sobre brechas de Género elaborado en 2017 por el World Economic Forum, especifica que si las brechas de género se redujeran en un 25% en 2025 se incrementarían el PIB global en 5,3 billones de dólares. En Chile, un estudio de la Subsecretaría de Economía desarrollado en el segundo mandato presidencial de la Presidenta Michelle Bachelet Jeria, señala que ante la incorporación de 900.000 mujeres al mercado laboral el Producto Interno Bruto en el país crecería un 6%. En materia tributaria, esta incorporación resultaría en un aumento de la recaudación tributaria del orden de US$ 3.000 millones al año, esto es tres veces lo que le costará al Ejecutivo elevar en $10.000 pesos la pensión básica solidaria para 1.500.000 pensionados en el país.
Si las mujeres participaran en la economía igual que los hombres, esto es, con una tasa de participación, número de horas, y distribución sectorial similares, el PIB mundial anual seria 26% más alto en 2025.En Latinoamérica, el avance de la igualdad de género promovería un incremento en promedio de 14% en el PIB.
Cifras más cifras menos estas son claras al identificar cuánto deja de percibir monetariamente el país, al seguir naturalizando la invisibilidad económica de más del 50% de la población del país. Incluso, estos días se ha intentado desestimar la huelga por parte de las mismas autoridades definidas para defender los derechos de las mujeres, poniendo énfasis en los mecanismos de la huelga por sobre los temas de fondo.
Uno de estos temas de fondo es los potenciales costos económicos de una huelga general de mujeres, pudiendo estos superar los US$ 90 millones. Estos costos económicos han sido calculados sobre la paralización de actividades de las mujeres económicamente activas en el país, siendo este costo un piso puesto que en este cálculo no son monetarizados los costos de paralización de actividades de carácter no remunerado que millares de mujeres producen y reproducen en el país. Estos U$90 millones no es una cifra menor si se analiza en términos de sacrificio del producto interno, el cual podría afectar entre 0.3 y 0.5 puntos del PIB.
Si bien más allá de entender que este último punto es altamente relevante para la toma de decisiones económicas y monetarias del país, lo central es dar un paso más allá generando la discusión sobre una real visibilización económica tanto de las actividades de producción, de reproducción y de cuidado que las mujeres ejercen tanto en el mercado como fuera de él, como elemento central en el camino de una mayor y mejor democracia económica.
Sin embargo, esta no es una discusión que deba hacerse en el mercado y desde el mercado por dos razones evidentes: el trabajo de mujeres, como el trabajo de los hombres es un derecho humano el cual no debe ser considerado un commodity u objeto que se transe en el mercado, puesto que el valor social del trabajo no debe estar mercantilizado por principio y naturaleza. Y la otra razón, es que por mucho que se intente monetarizar el costo de oportunidad económica de la incorporación de las mujeres en el mercado, o el cierre de las brechas salariales, la base de la desigualdad está en la desigual distribución de roles entre las labores productivas, reproductivas y de cuidado que afectan a las mujeres. El valor del trabajo de cuidado no remunerado y del trabajo doméstico representa entre un 3 y un 10 por ciento del PIB de los países.
Por lo tanto, la naturalización de la desigualdad en la distribución de roles reproductivos y no reconocimiento de los cuidados no remunerados trae costos incalculables para las mujeres, sus núcleos familiares, y la sociedad en general, facilitando la transmisión intergeneracional de la pobreza, interrumpiendo trayectorias educativas y laborales y perpetuando los círculos de desigualdad que no son tan sólo de clase, sino también de género.
En Chile, el reconocimiento al trabajo no remunerado se entiende solo para el cálculo de transferencias monetarias, definición de precios sombras, elaboración de cuestionarios para encuestas de uso del tiempo y de diseño de políticas sociales focalizadas.
El desafío por tanto es transitar hacia una igual distribución de roles, en materia económica es posible visibilizar estas tareas incorporándolas a las cuentas nacionales, dejar de naturalizarlas en el diseño y ejecución de políticas públicas y, en el reconocimiento legítimo del valor social del trabajo sobre todo cuando el mismo Estado ha suscrito y ratificado compromisos internacionales relativos al ejercicio de los derechos inalienables, pero persistentemente invisibles, de las mujeres chilenas.
