En el contexto de los días previos a la interpelación que realizará la diputada mapuche Emilia Nuyado al Ministro del Interior, Andrés Chadwick, el gobierno ha desechado la autonomía como una de las soluciones políticas a los conflictos interculturales en el Sur.
El Presidente Sebastián Piñera manifestó en el programa de TV “Llegó Tu Hora”: «No creo que Chile deba dividirse en dos, ni que deban haber dos soberanías». Con ello descarta que fuese a adoptar dentro de las medidas con que su gobierno tratará de enfriar la crisis generada por el asesinato del joven Camilo Catrillanca, la demanda histórica del movimiento mapuche el derecho a la autonomía de los pueblos indígenas.
Pese a que el plan impulso Araucanía había anunciado medidas que podían ser leídas en la dirección de avanzar en la autonomía, como la cogestión de las áreas silvestres protegidas por el Estado con las comunidades que las habitan, todo dice que Piñera ha dado un portazo a la principal demanda mapuche.
De haber acogido esa demanda, el gobierno hubiera marcado un hito en el sentido de buscar un acuerdo sobre los temas que realmente han interesado al movimiento mapuche y se hubiera desplazado de las políticas del multiculturalismo superficial o de asimilación atemperada que tanto gobiernos de derecha como de izquierda han impulsado hasta la fecha.
Con lo anterior, el gobierno ha desechado, contra toda la evidencia existente, el camino más seguro para llegar a acuerdos constructivos en la Araucanía.
Tedd Gurr condujo desde 1986 un proyecto de investigación global, Minorities At Risk (MAR), que monitoreó y analizó la situación de los conflictos etno-políticos de 283 grupos políticamente activos en países de todo el mundo desde 1945 hasta 2006. De ellos, más de 80 grupos estudiados eran pueblos indígenas.
A partir de la evolución de los datos, se detectó que desde los años noventa se produjo un cambio extraordinario en las estrategias para la transformación de estos conflictos. El número de conflictos violentos activos había caído y un número mucho más grande de conflictos había disminuido en lugar de aumentar en severidad desde los años noventa. Esto fue resultado de la creciente disposición de las élites políticas hacia estrategias de compartición del poder estatal, pluralismo y establecimiento de autonomías regionales. Se determinó que las autonomías jugaron un rol fundamental en la disminución de los conflictos. En particular, en los conflictos relacionados con los pueblos indígenas, la tendencia es que la muchos gobiernos de las Américas, y algunos de los países de Asia oriental y sudoriental, han aceptado los principios básicos de los derechos indígenas y han tomado medidas legales y prácticas para implementarlos.
De acuerdo a los análisis posteriores, la evidencia apoya la conclusión de que las políticas inclusivas, basadas en los derechos grupales y la autonomía, constituyen el camino más seguro hacia la paz.
Lo más lamentable de la pérdida de aquella oportunidad, sin embargo, es que se fundamenta en argumentos francamente erróneos sobre el significado de la autonomía, es decir, pretender que dividen al país o al Estado.
La autonomía tiene como su efecto más importante conformar instancias de autoridad para la toma de decisiones que están integradas y gobernadas por los mismos indígenas. El art. 4º de la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU señala a la autonomía como autogobierno sobre materias internas a ellos y asuntos locales. Así también alcanza a los medios de financiar las funciones autonómicas.
La autonomía implica en el plano jurídico que se confieren por el poder central facultades legalmente fundadas a un pueblo indígena para ejercer funciones públicas, independientemente de otras fuentes de autoridad estatal, pero sujetas a un orden jurídico y a las autoridades estatales comunes. En virtud de esos poderes, los pueblos indígenas pueden pactar con el Estado del que forman parte las condiciones que permiten su sobrevivencia y desarrollo como tales.
Las autonomías reclamadas por indígenas son territoriales, debido a su vínculo espiritual y co-pertenencia con sus territorios y ecosistemas o espacios bio-culturales. La autonomía territorial consiste en la construcción, mediante un sistema legal, de una autoridad de una unidad política dentro del Estado sobre un territorio para auto-administrarse y autogobernarse. Esta es la autonomía que siempre se ha aspirado, y en particular en Chile, debido a que fue el modelo que históricamente se desarrolló desde el Parlamento de Quilín (1641).
La autonomía territorial requiere de la construcción de poder comunitario, mediante la transferencia de facultades desde el gobierno central. Las facultades que se transfieren son aquellas que sirven al fin de la autonomía, cual es, en el caso de los indígenas, garantizar el mantenimiento de su identidad y desarrollo. En ese sentido, Díaz Polanco ha insistido en que los regímenes autonómicos no fomentan ni el separatismo, ni la disolución de la unidad del Estado. Más bien, se sustituye la unidad autoritaria de la subordinación de una comunidad a otra, por un vínculo que se basa en una equidad intercultural, mediante la distribución de poderes dentro del Estado.
