Hemos conocido al fin el Plan Impulso Araucanía del gobierno de Sebastián Piñera. Este, junto a los anuncios de inversión, ha añadido una agenda política, dentro de cuyas medidas destaca una nueva propuesta de reconocimiento constitucional para los pueblos indígenas. Esta se suma a la ingente cantidad de propuestas que llegaron al congreso sobre este tema (Boletines 513-07; 2360-07; 2511-07; 2534-07; 4069-07; 5324-07; 5522-07; 5427-07; 8438-07; 11289-07; nueva constitución 11617-07; 11873-07; 11939-07).
Piñera ha planteado esta agenda como manifestación de su voluntad para llegar a un gran acuerdo en la Araucanía, el cual ha sido preparado con cuidadosas escenificaciones en los meses anteriores por el ministro Alfredo Moreno. Con ello se procura dar una faz política a un programa que ha estado alimentado por la promesa de grandes inversiones y por el recrudecimiento de las estrategias represivas mediante la propuesta de reforzamiento de la ley antiterrorista y la aparición del Comando Jungla.
¿Existe realmente un acuerdo, o un clima de acuerdo, al cual apela el gobierno de Piñera con estos anuncios? Atendiendo a los contenidos planteados, aquí no existe una oferta de acuerdo ni tampoco ninguna novedad, ni para los pueblos indígenas ni para la oposición política.
La propuesta ha descartado de plano el reconocimiento de la autonomía, la autodeterminación y de la plurinacionalidad, así como de los escaños reservados, y ofrece un reconocimiento simbólico de la preexistencia de los pueblos y el respeto a su cultura, junto a la creación de cuotas indígenas en las listas electorales de los partidos.
Esto no es novedoso, pues repite a grandes trazos las ideas de la mayoría de los proyectos anteriores, incluyendo los mensajes de los gobiernos de la Concertación. En este sentido no supera, sino que reproduce la senda de desconfianza que se abrió entre pueblos indígenas y el Estado al dejar de lado el grueso de los derechos colectivos de índole política que el derecho internacional de los derechos humanos reconoce a los pueblos indígenas.
Pero, por encima de todo, no es una genuina propuesta de acuerdo, porque no ofrece un piso sobre el cual se pueda construir un camino de reconocimiento real.
Los pueblos indígenas quieren que les reconozcan los derechos que desde hace ya tiempo gozan en el derecho internacional, y con ello no están requiriendo ningún privilegio, sino que se implementen los necesarios mecanismos para la subsistencia de las formas de vida indígenas.
Esta no es una demanda de grupos radicalizados, sino que así se manifestó por los miles que concurrieron a los consensos de la fase participativa del proceso constituyente indígena convocado por el gobierno anterior, en el cual se demandaron la autodeterminación interna, las autonomías y los escaños reservados para la participación política.
La autonomía y la autodeterminación han sido reivindicaciones del movimiento indígena desde antes de la transición, asumiendo que la ley indígena de 1993 y la requerida ratificación del Convenio 169 (dilatada hasta 2008) serían el comienzo de una evolución institucional del Estado similar a la que se ha dado en los demás países del mundo en su tratamiento a los pueblos indígenas. Precisamente, el alejamiento de las élites políticas de esas posibilidades para insistir en una agenda de pobreza como la que está en el corazón de la propuesta de Piñera desilusionó a la gran parte de los grupos indígenas de sus posibilidades de entendimiento con el Estado, e incluso hizo que un grupo marginal de ellos viera justificada la violencia política, agravando el conflicto que se sostiene hasta ahora.
Lejos de constituir una amenaza para el Estado, o la posibilidad de un Estado dentro del Estado, en el resto del mundo, los acuerdos que han reconocido la autodeterminación y la autonomía de los pueblos indígenas han profundizado la democracia y mejorado la distribución del poder, empoderando a regiones alejadas de los centros gubernamentales. La autodeterminación como derecho a determinar su propia identidad y estructura política dentro del Estado, y su manifestación en la autonomía como la transferencia de poderes estatales limitados a los pueblos indígenas para resolver sus propios asuntos, han contribuido a que disminuyan dramáticamente los conflictos étnicos en el mundo, cuando los Estados han llegado a acuerdo sobre ellas con los pueblos indígenas.
Difícilmente, los indígenas puedan llegar a acuerdo con Piñera sobre su propuesta, salvo aquellos que siempre aparecen en escena para obtener alguna ventaja de la autoridad. Tampoco es verosímil que la oposición se allane fácilmente a aquella, en los términos que aparece, cuando ya tiene por referentes los proyectos de reconocimiento del senador Huenchumilla (Boletín 11873-07) y la diputada Nuyado (Boletín 11939-07), los cuales rompieron el patrón que todavía sigue Piñera en pos de un acuerdo que empodere realmente a los pueblos indígenas y reconozca sus derechos colectivos.
