Gracias a las estudiantas y al potente movimiento feminista ha aparecido nuevamente con fuerza la discriminación que sufren las mujeres en general en la sociedad chilena, entre ellas las que realizan las Isapre. Es de conocimiento público que el sistema privado de salud vende al segmento femenino planes hasta cuatro veces más caros que a los hombres bajo la justificación que la etapa reproductiva de las mujeres las haría más caras al sistema. El gobierno ha respondido, a través de su #AgendaMujer, que va a reformar el sistema Isapre para evitar todo tipo de discriminación en atención al género ¿Es aquello posible?
Con la creación de las Isapres en los ochenta nace la ilusión neoliberal que cada quien puede “asegurarse” en salud, lo mismo que para pensiones. Lo que hasta entonces era solidario y todos(as) aportaban una proporción de su sueldo a un fondo común, se hizo “individual” con un precio. La base es el 7%, pero cada cual paga un precio por su plan.
Actualmente cotiza en Isapres el 15,1% de la población (CASEN 2015) de quienes tienen más recursos. Sólo en el décimo decil de más altos ingresos la mayoría está en Isapre (65.6%). En los otros nueve deciles la mayoría cotiza en Fonasa. Tambien existen importantes diferencias regionales entre las(as) afiliados que van desde 6,4% en Coquimbo a un 26,7% en Antofagasta. Este “seguro de salud” cobra primas diferenciadas según sexo y rango etario al ingreso, exige una declaración de salud y edad al entrar, y se reserva el derecho a no aceptar a quien lo solicite, aún cuando la persona quiera pagar, además de la menor cobertura a las preexistencias. Es lo que pasa con quienes integran el segmento de las y los adultos mayores. Se trata entonces de un seguro individual que evalúa riesgo y segmenta. En la actualidad, selecciona a las personas de mejores ingresos y de menores riesgos sanitarios y sabemos que las mujeres no cumplen ambos requisitos.
En efecto, los riesgos sanitarios no se distribuyen individualmente. En el mundo se aceptan los determinantes sociales como un concepto central en la planificación sanitaria y su importancia radica en que no basta preocuparse de personas individuales -por ejemplo niños o niñas con diarrea- sino que debemos estar atentos a las causas que producen tanta diarrea en un determinado barrio. Aquellas causas (falta de saneamiento básico, hacinamiento, u otra) no son individuales sino poblacionales, es decir de salud pública. Por eso, la mayor parte de los sistemas de salud en el mundo son públicos.
En Chile más del 80% de la población cotiza en FONASA, porcentaje integrado entre otras por personas de menor nivel educacional, ingresos económicos medios y bajos, que viven en el espacio rural, adultos mayores, minorías indígenas, población que claramente tiene mayores riesgos sanitarios que aquellos que están en Isapre. En Fonasa se da la solidaridad y todos(as) aportan el 7%. Sin embargo el Fondo Nacional de Salud dispone de menos del 50% de los recursos país para entregar salud a más del 80% de mayor riesgo. Por ello, una reforma al sistema Isapre debe incluir una mirada diferente. No individual sino de sociedad.
Debemos volver a pensar en la “Seguridad Social” como un derecho en que todas las personas aporten solidariamente a un Fondo Universal de carácter público, que todos tengamos derecho a un mejorado sistema público de salud y también acceso a privados a través de bonos. De esta forma toda la población tendrá asegurada una base de calidad sanitaria. Las Isapres, como seguros individuales de salud deberían transformarse en “seguros complementarios”. No es aceptable que las Isapres hoy lucren con la seguridad social (7%).
Esta solución con un sistema público universal y de calidad e Isapre como seguros complementarios, fue la conclusión mayoritaria en 2014 de la Comisión Presidencial del Gobierno de la Presidenta Bachelet, así como lo fue de la reciente Comisión del Colegio Médico y la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, en 2018.
Al reformar solidariamente sólo para las Isapres y el sector más rico de la población puede intentarse disminuir transitoriamente la discriminación contra las mujeres, pero cuando ésta sea adulta mayor o pierda el trabajo y no pueda seguir pagando ese precio de la Isapre dada su pensión, entonces llegará a Fonasa. Allí no le pedirán nada más que su 7% y cuando esté enferma y requiera el sistema público, solidarizaremos la pobreza para darle atención, aún cuando esa persona, cuando tenía recursos, no solidarizó en nada. Sólo por medio de la solidaridad es que podremos eliminar toda discriminación.
Soledad Barría.
Coordinadora Programa Salud de Igualdad.
