Dra. Soledad Barría
Colaboradora Área de Salud del Instituto Igualdad.
El año 2006, cuando asumió como ministra de salud del primer gobierno de la presidenta Bachelet, la Dra. Soledad Barría dio una larga lucha por incorporar la pildora del día después como política pública y ponerla al alcance de todas las mujeres a través de los consultorios. Del aborto se hablaba poco. Luego, esta médica internista fue una de las impulsoras de incorporar al menos el aborto en tres causales en los contenidos programáticos del PS, lo que se logró en el Congreso del año 2011, y participó de la creación de la agrupación ciudadana Miles Chile con el mismo fin. Participó con otras militantes del partido en la elaboración del programa del segundo gobierno de la mandataria socialista, donde se incluyeron las tres causales de aborto que aprobó la Cámara de Diputados, el jueves 17 de marzo: En caso de riesgo para la vida de la madre; de inviabilidad del feto y de violación. En esta entrevista analiza la iniciativa legal que aprobaron los diputados.
Usted conoce y ha participado en la larga lucha que se ha dado en el país, para que se establezca la interrupción del embarazo como un derecho de la mujer. ¿Cómo ha sido esta batalla?
Una de las últimas leyes de Pinochet, en 1989, fue abolir el aborto terapéutico, que permitía interrumpir el embarazo en caso de riesgo para la salud de la madre. Desde el regreso a la democracia, en 1990, las entonces diputadas Adriana Muñoz y Fanny Pollarolo presentaron el primer proyecto, junto a otras diputadas y diputados, para volver a legalizar el aborto en algunas causales, y así otra serie de mociones parlamentarias que buscaban establecer el derecho decidir de las mujeres en cuanto a su maternidad.
El año 2011, se llegaron a votar, en primer trámite, en la sala del Senado tres proyectos de ley. Por primera vez, se logró avanzar en la Comisión de Salud de la Cámara Alta. Una de las mociones que se discutió mucho fue la que presentaron, entonces, los parlamentarios Fulvio Rossi y Evelyn Matthei, donde hubo acuerdo en establecer como causal de aborto el hecho que la salud de la mujer esté en riesgo y en caso de inviabilidad de la vida del feto. Sin embargo, todas estas iniciativas se perdieron en la sala del Senado.
Debe reconocerse las diversas organizaciones de mujeres que han liderado esta causa. Una de éstas es Corporación Humanas, donde abogadas logran sustentar el debate desde el punto de vista jurídico, haciendo un seguimiento legal de los distintos proyectos. También está el Observatorio de Género y Equidad, quienes han permeado la discusión política y mediática y también, Miles Chile.
También han tenido un rol importante académicas de la Universidad Diego Portales, como Lidia Casas; y de la Universidad de Chile, como Irma Palma y Carmen Andrade.
Asimismo, dentro de los partidos hemos promovido con fuerza la inclusión del derecho de las mujeres a su maternidad voluntaria. En el Congreso del PS, en 2011, logramos que se aprobara la incorporación del aborto en tres causales. En la DC, en tanto, la entonces Vicepresidenta de la Mujer, Anita Quiroga, hizo un tremendo y amplio trabajo interno en este mismo sentido.
Con posterioridad, en 2013, se logra que el programa de gobierno de la Presidenta Bachelet incluya la interrupción en estas tres situaciones específicas. Todos los diputados y senadores de la Nueva Mayoría se sintieron convocados, hicieron campaña con este programa y fueron electos y electas gracias a éste.
Respecto de la aprobación del proyecto de Ley que tuvo lugar en la Cámara de Diputados, el jueves 17, hubo un trabajo hecho por el gobierno en la iniciativa que presentó hace un año, luego el debate realizado en las comisiones de Salud, de Constitución, y de Hacienda, hasta llegar al resultado que todos conocemos en la sala de la Cámara. Ahora vamos al Senado.
A su juicio, ¿qué es lo más importante que establece el proyecto de ley aprobado en la Cámara de Diputados?
En la votación de la Cámara se superaron las expectativas en la causal de violación, que fue la más discutida durante la tramitación legislativa. Quiero relevar la trascendencia que tiene el derecho de las mujeres a decidir en una situación tan extrema. Me parece necesario aclarar, también, que aquí no se está obligando a nadie a interrumpir el embarazo. No significa que, frente a una violación, siempre haya que abortar sino que permitirá garantizar el acceso a quienes si lo decidan.
En mi opinión, con esta iniciativa legal estamos recuperando, también, lo que había previamente en Chile, antes que Pinochet prohibiera el aborto terapéutico. Me refiero a la primera causal, que dice relación con interrumpir el embarazo en caso de riesgo vital para la madre, aunque hasta 1989, la ley permitía el aborto en todas aquellas situaciones que pusieran en peligro la salud de la mujer. No sólo frente a un riesgo vital.
Respecto de la primera causal que menciona, los médicos dicen que, en la práctica en Chile, se opta por salvar la vida madre
Eso puede suceder en Santiago, pero si soy médico general de zona, en un pueblo chico y no tengo el respaldo ni el equipo, y la mujer está en peligro, en vez de optar por realizar una intervención, probablemente voy a enviarla a otro lugar con el grave peligro de muerte que ello implica. En el caso de un embarazo tubario, por ejemplo, posiblemente voy a esperar a que el feto se muera y eso pone en riesgo a la mujer. Existen relatos muy cercanos en esa línea.
¿A una mujer que tiene en su vientre un feto que no va a vivir porque no tiene cerebro, se le va a prologar el embarazo por otros seis meses con el deterioro que esto significa no sólo para la salud mental de ella, sino también para el de toda la familia?. Quienes disponen de recursos se van al extranjero para abortar, pero esa posibilidad no la tienen las mujeres más pobres. Aquí hay un tema de justicia y de equidad para las mujeres más pobres de nuestro país.
¿Qué opinión tiene del argumento de los detractores del proyecto, quienes afirman que al interrumpir el embarazo se vulnera el derecho del ser que está por nacer?
La legislación mundial, y también la chilena, considera a la mujer como sujeto de derechos. El feto tiene un carácter distinto a la mujer y sin la mujer no existe. Entonces, si la mujer va a morir por ese embarazo, el feto tampoco va a existir. Tienen, desde el punto de vista constitucional-legal un estatus distinto.
En nuestro país se trata de hacer una campaña del terror con gran violencia simbólica. Se muestran imágenes que claramente no corresponden al tipo de aborto que está en el proyecto de ley. Se miente cuando se dice que queremos eliminar a las personas con discapacidades. Lo que está en el proyecto es el término del embarazo sólo cuando se sabe que ese feto al nacer no podrá vivir, lo cual es completamente distinto.
En la causal de interrupción del embarazo por violación, el proyecto aprobado dispone como fecha tope las 12 semanas de embarazo para las mujeres mayores de 14 años y 14 semanas para las jóvenes menores de esa edad. ¿Cuál es su visión sobre este criterio?
No estoy de acuerdo con que la fecha de tope sea las 14 semanas en el caso de las menores de 14 años. Muchas de las niñas que han sido violadas han sufrido este vejamen en sus propios hogares en forma reiterada. A muchas les cuenta darse cuenta que están embarazadas, y más todavía decidirse a contarlo. De hecho, el proyecto original del gobierno decía 18 semanas y en la Comisión de Salud se bajó a 14. Me parece que es algo que hay que mejorar en el proyecto.
¿Qué otros aspectos de la normativa aprobada por los diputados cree necesario mejorar?
Ya señalé la necesidad de reponer las 14 semanas en caso de violación de menores de 14 años.
Es indispensable también reponer la confidencialidad del acto médico, tal como se señalaba en el proyecto original. Desde el punto de vista ético, la confidencialidad es una obligación. Tal como quedó el proyecto se está obligando al médico a vulnerarla, salvo en estas tres causales.
La mujer debe poder confiar en el equipo médico para entregar los antecedentes necesarios para su tratamiento. Si no hay confidencialidad, no hay confianza y se vulnera la relación médico-paciente.
El proyecto señala que el establecimiento debe denunciar el hecho a la Fiscalía
El establecimiento puede denunciar, para perseguir al agresor. No significa que se obligue a la mujer a participar en esa denuncia.
¿Cómo puede este proyecto enfrentar el número de abortos ilegales que se realizan en Chile?
El número de abortos no depende de la legalidad o ilegalidad. Puede afectarlo, pero de manera marginal, porque la mujer toma su decisión en forma independiente de este factor. El tema es en qué condiciones se provoca la interrupción del embarazo.
Este proyecto, en particular, no corrige esto, porque legaliza el procedimiento en tres causales, que son las más extremas, y así establece un mínimo ético.
Subyace un tema pendiente con el verdadero derecho a decidir de las mujeres, como es el aborto que se reconoce en muchos países con una fecha de tope. Pero ese es otro tema que va a ver que discutirlo a posteriori.
El rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, ha dicho que va a pedir la objeción de conciencia por escrito, o como haya que hacerlo, a todos los médicos”, que, se entiende, postulen o trabajen en recintos de salud vinculado a la UC.
El rector de la Universidad Católica quiere la objeción de conciencia como Institución. Que su institución quede fuera de la Ley. Creo que es una pretensión que no corresponde. Las objeciones de conciencia son personales. Ninguna institución puede quedar fuera de la ley y tiene la obligación de prestar un servicio que es el fin de su existencia. Al negarse implicaría que su misión no tiene que ver con salvar vidas, en este caso, el de las mujeres chilenas.
