HACIA UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO INCLUSIVA Y SOSTENIBLE

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A solicitud de la presidenta del Partido Socialista, Isabel Allende, con la aprobación de la mesa directiva y comisión política, se convocó a un equipo para coordinar el inicio de una reflexión estratégica de desarrollo para Chile en las próximas décadas. Dicho equipo, conformado por Alvaro Díaz, Alvaro Elizalde, Clarisa Hardy y Carlos Montes, desarrolló talleres regulares de debate y reflexión entre los meses de septiembre y diciembre del 2015. Fruto de ese ejercicio participativo en el que colaboraron más de una treintena de destacados profesionales e intelectuales, militantes y afines al socialismo chileno, se elaboró este documento cuyos editores son Alvaro Díaz, Clarisa Hardy y Daniel Hojman. El equipo coordinador y los editores agradecen la colaboración que prestaron todos los participantes de los talleres, pues sus puntos de vista y minutas han hecho posible este texto.

I.                   Presentación: un mandato político por el debate de ideas

Este documento surge en momentos cruciales de la sociedad chilena. En la mitad del segundo gobierno de Michelle Bachelet, quien encabeza un exigente programa de transformaciones estructurales, el país se ve sumergido en una fuerte crisis de credibilidad y desconfianza basada en repudiables prácticas que cruzan transversalmente al sistema político, a la esfera pública y a múltiples sectores privados.

Si emprender reformas estructurales que remecen las bases del poder instauradas por el modelo neoliberales de por sí una tarea de incalculable dificultad y encuentra poderosas oposiciones -como las ha sufrido el actual gobierno-,que éstas coexistan con un generalizado clima de crecientes desconfianzasy con una situación económica compleja que, al igual que en el resto de América Latina, golpea a Chile, es expresivo de cuán crucial es el momento actual.

El socialismo chileno debe asumir esta realidad presente, no sólo como un reto, sino también como una oportunidad.

Debe abrazar sin ninguna concesión una exhaustiva agenda legislativa de transparencia y probidad, así como una normativa política propia, tan o más exigente que la legal, para sancionar a sus militantes y autoridades que incurran en prácticas reprochables y no sólo ilegales, recurriendo a la instancia institucional correspondiente, el Tribunal Supremo del Partido Socialista.

Pero, en igual medida, debe perseverar en un proyecto de profundización democrática de libertades y de conquistas por la igualdad, recogiendo retos propios del siglo veintiuno. Sin caer en consignas, ni en un optimismo voluntarista, pero con renovados compromisos en un proyecto de transformaciones, como partido de izquierda de convicciones democráticas, que hace suyas las aspiraciones de la Declaración Universal de los Derechos Humanos  y con valores asentados en la justicia social, el socialismo no puede eludir el inicio de un profundo debate de ideas.

La política debe contener comportamientos ejemplares, pero no puede terminar reducida a éstos. Son comportamientos que deben estar al servicio de aquellas ideas, valores, convicciones y propuestas que justifiquen acceder al poder para ponerlo al servicio de la ciudadanía.

Es en el terreno de las ideas que se juega la política, sin desconocer que la calidad de quienes la ejercen y sus prácticas hacen creíbles o banales tales ideas.

Respondiendo a este momento crucial como un mandato moral, la presidenta del Partido Socialista, Isabel Allende, ha invitado a un grupo de intelectuales y especialistas enpolíticas públicas -afines y militantes del socialismo- a reflexionar más allá de la contingencia, los retos de las próximas décadas para Chile. A tal invitación hemos respondido con este documento que presentamos con ocasión del XXX Congreso del Partido Socialista.

Si el conjunto de ideas y valores movilizadores de la Concertación a fines de los ochenta y durante la transición democrática tuvo su eje en la lucha antiautoritaria y por la reconstrucción de la democracia en Chile, las de hoy debieran tener comparable fuerza y convicción movilizadora.

Ellas se recogen en una propuestade desarrollo inclusivoy sostenible, alternativo al neoliberalismo, pues a diferencia de éste su concepto de desarrollo es superior a la idea de crecimiento entendido sólo como aumento del producto; porque basa su sustentabilidad en las capacidades humanas y en el respeto a los recursos naturales;y porque está destinada al bienestar de todos losciudadanos como miembrosde una comunidad cuyas relaciones están fundadasen sus compartidos derechos. Igualdad de derechos, precisamente, por constituir una comunidad de ciudadanos diversos y distintos.

La convocatoria a adherir una estrategia de desarrollo inclusivoy sostenible es el motor de esta propuesta, cuyos propósitos son la ampliación de las libertades y la reducción de lasdesigualdades. Nada más reñido con las libertades que el neoliberalismo, pues subordina la libertad de decidir a la libertad de tener. Nada más reñido con el sentido de comunidad que iguala derechos ciudadanos que el neoliberalismo, pues sustituye la noción de ciudadanía por la de agente del mercado y consumidor.

Propio del neoliberalismo son, contrariamente, asimilar la libertad económica a la desregulación del mercado y la libertad de las personas a comprar sus derechos, base de las profundas desigualdades que caracterizan a la sociedadchilena en todos los planos. Con el agravante de que las relaciones mercantiles terminan por filtrarse en las relaciones sociales y políticas, con los consecuentes abusos de los que hemos sido testigos recientemente.

Largas décadas de un modelo con estas características ha provocado impactos culturales en que la competencia generalizada, la creciente individuación, la pérdida de sentido de pertenencia e identidad con la comunidad, marcan las vidas cotidianas. La percepción de que el esfuerzo no premia y la voluntad no basta, pero sí la fuerza y el poder, nos acerca cada vez más a la violencia como mecanismo para relacionarnos, desde el ámbito doméstico hasta el espacio público.

Un modelo que violenta a las personas no puede sino generar violencia.

Este conciso documento está destinado a iniciar un debate e invitar, más allá del socialismo, a un esfuerzo colectivo de reflexión que permita construir un proyecto surgido, ya no sólo desde la crítica anti neoliberal, sino desde las propuestas de un nuevo modelo de desarrollo que defina la estrategia de las próximas décadas para nuestro país, entendiendo además que Chile es parte de una América Latina cuya integración es condición para viabilizar un desarrollo sostenible en el tiempo y socialmente integrador.

Cómo progresar y no sólo crecer, cómo convivir y no sólo defender el metro cuadrado personal, cómo desarrollarnos humanamente y no sólo tener, como compartir y no sólo competir, como integrar y no excluir. Esas son las preguntas que un nuevo proyecto debiera responder.

Una tarea de esta envergadura intelectual y política no puede quedar sujeta a un reducido espacio de tiempo y personas. Por ello, proponemos al XXX Congreso del Partido Socialista abrir un debate para el bienio 2016-1017, al interior del propio partido, pero sobre todo invitando a los restantes partidos de la Nueva Mayoría, a otras fuerzas políticas progresistas fuera de la coalición gobernante, a organizaciones y movimientos sociales, así como a técnicos, profesionales e intelectuales deseosos de contribuir al proyecto transformador de Chile para las próximas décadas.

Por lo explicado, este texto no es un programa de gobierno, ni menos un documento técnico. Sólo pretende delinear algunos grandes principios generales, algunos ejes orientadores de una estrategia de desarrollo que permita progresar sostenidamente hacia una sociedad cada vez más inclusiva. Si este documento fuera capaz de provocar un proceso participativo de deliberación en el mundo de la centroizquierda, habrá cumplido con creces su propósito.

No partimos de cero o de la nada. No desconocemos los avances y logros de la post dictadura, ni menos el inicio de una reflexión crítica que, presente en algunos momentos de la Concertación y desestimada en el quehacer urgente de la gestión gubernamental, volvió a ser retomada después de la derrota electoral del 2009. Pero ambas, las truncadas reflexiones críticas que se dieron durante el ejercicio de los gobiernos de la Concertación, así como la que se retomó cuando pasamos a la oposición y que dio origen a la Nueva Mayoría, han carecido de densidad y de un debate colectivo profundo.

Este gobierno y sus necesarias reformas son, sin duda, depositarias de algunos avances en reflexión crítica y propuestas que fundaron la Nueva Mayoría, pero también de sus debilidades y vacíos, así como de posturas divergentes que no han sido suficientemente explicitadas y abordadas. Por tanto, hay un camino iniciado que permite avanzar en la dirección trazada. Pero hay mucho camino analítico y propositivo por recorrer.

No habrá éxito en la tarea de superar el neoliberalismo y avanzar hacia un proyecto alternativo de desarrollo inclusivo -que demanda hoy y seguirá demandando profundas transformaciones-, si no confluyen las fuerzas sociales y políticas que le dan sustento, siendo imprescindible una gran alianza de centroizquierda que recoja lo mejor de las tradiciones socialcristianas y del socialismo democrático, así como las concepciones más nuevas del progresismo del siglo veintiuno.

Un conglomerado de centroizquierda en el que converjan, más allá de comprensibles diferencias en distintos planos culturales que constituyen las identidades singulares de sus partidos y movimientos integrantes, valores compartidos de libertad e igualdad, expresados políticamente en una institucionalidad democrática representativa y en la dimensión social de comunidad, con ciudadanos iguales en derechos.

Un conglomerado de centroizquierda que, en las actuales circunstancias mundiales y nacionales, es capaz de interrogarse sobre sus primordiales retos de progreso económico, no para exhibir estadísticas agregadas que esconden la segmentación de la sociedad chilena, ni para competir en los ranking latinoamericanos en una región que es la más desigual del planeta, sino para poner el progreso al servicio de la ciudadanía.

 

II.                Del agotamiento del modelo vigente al desarrollo inclusivo y sostenible

 

En distintos planos de nuestra realidad se advierte, desde hace varios años, un agotamiento del modelo económico, de la política como la hemos conocido hasta ahora y de las formas de relacionarnos en sociedad que, no obstante algunos cambios y avances modernizadores, reclaman su transformación. Hemos entrado de lleno a aquello que la literatura mundial caracteriza como potencial “trampa del ingreso medio”, que muchos países que la vivieron antes que nosotros no lograron sortear, frustrando su desarrollo y, en consecuencia, la calidad de vida de sus ciudadanos. Es el momento de reaccionar y sortear esa trampa.

a) Enla esfera de la economía,en los últimos veinticinco años se ha crecido a una media anual del 4%, se han cuadruplicado las exportaciones, reducido sustancialmente la inflación, saneado y solidificado las finanzas públicas, bastante más que la mayor parte de los países de la OCDE. Aunque lejos de la experiencia de los “tigres asiáticos”, el producto per cápita en este lapso aumentó 2.5 veces y el gasto social per cápita 3.6 veces, con una reducción importante de la pobreza absoluta y con un aumento generalizado del bienestar material de la población.

Sin embargo, junto con esta cara amable, se han comenzado a constatar los límites estructurales que el modelo económico tiene y que, de no ser abordados y de seguir haciéndose lo mismo, inexorablemente llevarán a que Chile tienda a reducir su ritmo de crecimiento.No queremos estancarnos, sino progresar.

Nuestra economía ha perdido dinamismo. Es cierto que una parte de la explicación radica en el lento crecimiento de la economía mundial y especialmente de China, poniéndose fin al súper ciclo de los commodities. Pero, por otra parte, nos enfrentamos internamente a un agotamiento del modelo de explotación extensiva de recursos naturales, en una nación que ha mantenido inalterable su condición de país exportador de materias primas e importador de tecnología a través de bienes de capital.

En los últimos quince años la ley mineral del cobre se ha reducido considerablemente aumentando los costos de producción. Asimismo, los crecientes costos de acceso a recursos energéticos e hídricos, la disputa de usos alternativos de tierras y agua se combinan con una creciente demanda social en materia ambiental, añadiendo complejidad a la explotación y procesamiento de recursos naturales. El viejo modo de explotación de estos recursos ya encontró sus límites y, de seguir como está, será a costa de hipotecar ésta y próximas generaciones.

Con una lógica económica rentista, a partir de una escasamente regulada y fiscalizada explotación de recursos naturales concesionados en manos privadas (concesiones mineras y acuícolas, cuotas pesqueras, permisos de agua), así como una débil política de desarrollo productivo y pobre inversión pública y privada en desarrollo e innovación, Chile no ha diversificado su estructura exportadora más allá de cinco clústeres de recursos naturales. A pesar de su enorme potencial, estosclústeres no se han profundizado hacia la producción de bienes y servicios de mayor valor agregado.

A lo anterior, se suma que la estructura económica chilena no sólo se caracteriza por grandes brechas de productividad entre grandes y pequeñas empresas, sino por un rezago generalizado: tanto grandes como pequeñas empresas chilenas tienen una productividad considerablemente menor a la de sus contrapartes en la OCDE y en países desarrollados.

La economía chilena concentra las rentas en muy pocas manos. Es una economía que está organizada de tal forma que las rentas de los recursos naturales y las rentas por abuso monopólico se convierten en rentas financieras. Las rentas generan nuevas utilidades que se concentran en pocas manos, generando ingresos desproporcionados a su verdadera contribución económica, lo que permite una acumulación de riqueza cada vez más concentrada. Digámoslo claramente, la apropiación privada de estas rentas por parte de los dueños del capital de estas grandes empresas no tiene justificación económica y ha sido históricamente -más todavía en la actualidad-, la mayor fuente de desigualdades en la distribución del ingreso y de la riqueza en el país.

Son las instituciones y las leyes las que permiten que las rentas sean indebidamente concentradas, apropiación que no deriva de razones económicas o productivas, ni siquiera de las “fuerzas del mercado”. Este poder económico de los más grandes empresarios del país presiona sistemáticamente al sistema político, sea por la vía ideológica a través de los medios de comunicación, universidades y centros de estudio “naturalizando” esta lógica como parte de las reglas del mercado; o bien, mediante el lobby a parlamentarios y autoridades públicas; o mediante su captura a través de la corrupción.

Los socialistas consideramos fundamental el rol de las empresas nacionales y extranjeras para el desarrollo del país. Entendemos que es justo que obtengan utilidades que correspondan a la remuneración del capital y de la gestión del trabajo. Pero ambos factores deben remunerarse con una rentabilidad acorde a su aporte al proceso productivo, la que debiera ser mayor cuánto más valor agregado e innovación incorporen en los bienes y servicios que producen. Nada de lo cual está detrás de las desproporcionadas rentas que hoy se concentran en cada vez más poderosos grupos económicos que hacen de la nuestra una economía de mercados oligopólicos, donde el abuso –hasta la ilegalidad, como hemos visto recientemente-, son una práctica recurrente.

Y, por añadidura, a expensas de un mercado laboral precarizado, con escasa sindicalización y débiles sindicatos que no pueden negociar colectivamente. La propuesta de reforma laboral del actual gobierno centrada en el fortalecimiento sindical se hace cargo de esta desequilibrada relación entre empresa y trabajadores que redunda, más allá de la calidad de los empleos, en la productividad de las propias empresas cuyos resultados productivos descansan desproporcionadamente -gracias a la dispersión y división de los trabajadores-, en los bajos salarios.

Chile requiere diversificar su economía, expandiendo la infraestructura que la hace posible, diversificando los sistemas de transporte, extendiendo una banda ancha de alta capacidad a lo largo del territorio nacional, fortaleciendo una red descentralizada de centros científicos y tecnológicos. Debe impulsar la modernización de sectores tradicionales, como la construcción y la industria manufacturera existentes. Del mismo modo, requiere apostar por la emergencia de nuevos sectores y encadenamientos productivos, tales como la energía solar y eólica. Y no menos importante, la explotación sostenible de recursos naturales sólo puede basarse en el uso intensivo de ciencia y tecnología, para combinar más productividad con sustentabilidad.

El desarrollo inclusivo y sostenible requiere reducir la apropiación privada de las rentas ilegítimamente habidas para orientar estos excedentes a infraestructura física y conectividad; a educación, ciencia, tecnología e innovación; así como a la promoción de nuevos sectores intensivos en conocimiento para diversificar la matriz productiva y asegurar aumentos sostenidos de productividad.

Esta nueva arquitectura productiva debe basarse en trabajo decente, en el derecho de los trabajadores a organizarse, capacitarse, trabajar en ambientes laborales seguros, menos contaminantes y menos autoritarios; debe asentarse en la modernización de la pequeña empresa que cumple roles que las grandes empresas de producción y distribución no pueden satisfacer; y debe desarrollarse con respeto por los derechos de las comunidades que están en los entornos de los clústeres y cadenas productivas.

b) En la esfera de la sociedad, enfrentamos una estructurasocial compleja que combina baja pobreza absoluta, crecientes sectores medios emergentes que, no siendo pobres, son económicamente vulnerables y una muy reducida elite socioeconómica que concentra las mejores oportunidades y el mayor bienestar.Ello se expresa en la desigual calidad de los servicios a los que se accede, de empleabilidad y remuneraciones, de calidad residencial y de entornos donde se habita.En suma, el aumento sostenido del bienestar general de la población en las últimas dos décadas se da con una distribución muy desigual de la calidad con que se accede a éste y por razones que son ajenas a los esfuerzos y a los méritos de las personas, lo que pone en entredicho las promesas en las cuales confiaron los ciudadanos acerca de las bondades del crecimiento y de la educación.

En sus vidas cotidianas las personas se ven confrontadas a la evidencia de que no hay una correlación entre los resultados macroeconómicos y su bienestar y que la mayor escolaridad tampoco permite acceder a la tierra prometida. Ambos hechos explican la fuerza de las movilizaciones del 2011 y, desde entonces, el inicio de un proceso de discusión sobre los límites del neoliberalismo y la necesidad de repensar una estrategia de desarrollo que promueva inclusión de manera sustentable y sostenida.

El trasfondo de esta estructura social son las múltiples dimensiones de la desigualdad que segregan a la sociedad chilena por razones de origen socioeconómico y étnico, de género, orientación  sexual y edad, por el lugar donde se reside, estudia y trabaja, siendo la desigualdad distributiva la que transversalmente cruza estas distintas dimensiones de la desigualdad.

América Latina es el continente más desigual del planeta y Chile, si bien no está en la peor situación de la región, es el país que tiene mayor desigualdad relativa si se lo compara con países latinoamericanos de progresos económicos y sociales comparables. Eso no es admisible y debe ser resuelto. Hay razones éticas y de justicia social, qué duda cabe, pero también las desigualdades conspiran contrael crecimiento y la gobernabilidad democrática. Son estos niveles y extensión de las desigualdades en sus distintas dimensiones las que explican la desconfianza y malestar ciudadanos que nos acompañan. La corrupción que ha aflorado abiertamente no es sino el reflejo de lo anterior y ha consolidado niveles de desconfianza que, por años, han estado instalados en nuestra segmentada sociedad.

El modelo económico rentista y concentrador se manifiesta en las grandes brechas distributivas que separan a los distintos hogares y trabajadores del país. No sólo contamos con uno de los coeficientes de Gini más altos del mundo, sino que las distancias de ingresos de los hogares y del trabajo es de las más fuertes que se conozcan. Tal como lo refiere un reciente informe del Banco Mundial que elogia la progresividad de la reforma tributaria emprendida por este gobierno, el 1% de los chilenos más ricos da cuenta del 13.9% del total de los ingresos percibidos y del 33% del total de ingresos devengados. Más aún, el 0.1% de estos chilenos más ricos representan casi el 20% del ingreso total devengado en 2013. No nos engañemos, puede ser que la implementación de la reforma tributaria haya tenido deficiencias técnicas que hoy requieren una enmienda legal, pero la fuerte oposición y críticas de la derecha y su ofensiva en los medios de comunicación responde a que está tocando el bolsillo de ese reducido grupo de intocables que concentra rentas y riqueza.

Del total de los trabajadores un tercio sigue en la informalidad, pero ello se duplica en los sectores pobres y medios vulnerables. Dos tercios de los trabajadores tienen ingresos muy bajos, tanto como para estar exentos de impuestos. Ello se agudiza en determinadas regiones del país y en muchas de sus comunas, con una desigualdad territorial que es mucho más compleja que la sola diferenciatradicional urbano-rural.

Y estas trayectorias laborales tienen su desenlace a la edad de jubilar, con vastos sectores que habrán de depender de un modesto pilar solidario que apenas puede cubrir las necesidades esenciales de los adultos mayores y con amplios sectores medios y profesionales cuya afiliación al actual sistema contributivo de las AFP implica jubilar con mermas considerables en sus niveles de ingresos después de toda una vida laboral activa, con pensiones que pueden representar hasta un tercio de sus salarios.

El acceso universal a la educación básica y el incremento considerable de la cobertura en la educación media se acompaña de déficits importantes, todavía, en la educación inicial y preescolar, determinando las trayectorias educacionales posteriores de los niños y niñas de los sectores más vulnerables.El auspicioso inicio de un sistema de protección de infancia en el primer gobierno de Bachelet y la recientemente creada Subsecretaría de Educación Parvularia son una gran respuesta, pero tiene los límites de no contar con una legislación general de garantía de derechos que, por lo mismo, tampoco puede garantizarlos para la infancia. Sin dejar de mencionar que, si bien la educación media ha avanzado en universalidad, no logra responder a la problemática de un cuarto del total de nuestros jóvenes que no estudia ni trabaja.

Otro tanto ocurre con la educación superior –técnico-profesional y universitaria-, en que si bien ha habido importantes incrementos en los accesos, éstos siguen desigualmente distribuidos, con una asistencia todavía reducida de estudiantes de los sectores sociales más desfavorecidos. La ley corta de gratuidad aprobada a fines del 2015, como anticipo de lo que será la ley que garantizará la educación superior como un derecho, ya está mostrando sus impactos, con un crecimiento de la matrícula de los segmentos estudiantiles que antes estaban excluidos por no contar con recursos familiares. Y de eso nada se dice ni se rescata en el áspero debate político, mientras el énfasis interesado se pone en las debilidades técnicas de las propuestas legislativas.

Pero es la calidad educacional, no sólo el acceso, la nueva fuente de desigualdad. Y aun si la deficiente calidad educacional es transversal y afecta a todo el sistema educacional, público y privado, lo cierto es que el debilitamiento de la educación pública ha implicado que allí la calidad sea aún peor.

Otro tanto se produce en el ámbito de la salud, con un sistema público que está colapsando y con un sistema privado que gravita desproporcionadamente en los bolsillos de las familias. Si bien la primera reforma social fundada en derechos fue la de salud, con el AUGE, nació cercenada al negarle el Congreso binominal de entonces contar con un fondo solidario que, hasta hoy, explica las dificultades de su implementación efectiva, más allá de los rezagos en inversión hospitalaria.

Como podemos apreciar en el ámbito laboral, de la seguridad social, así como en la educación y la salud, es el origen socioeconómico de las personas y sus familias el que discrimina accesos y calidades. Una protección social focalizada en la pobreza, en una sociedad como la chilena en que existe una minoría de altos ingresos que concentra el bienestar y con sectores medios masivamente vulnerables, implica desprotecciones e inseguridades para amplias mayorías. El “modelo” liberal de bienestar dominante, altamente focalizado, no sólo desconoce derechos universales y es fuente de desprotecciones, alto endeudamiento familiar y mercantilización de los derechos, sino que es responsable de una política pública que profundiza las segmentaciones del mercado.

La necesidad de avanzar en un sistema de bienestar fundado en derechos, como lo son las reformas que está emprendiendo este gobierno y que son el inicio de un camino por el cual perseverar en los próximos años, no es sólo la necesaria respuesta a la desigualdad social. Por sobre todo, avanzar hacia un régimen de bienestar del tipo socialdemócrata, con responsabilidades sociales indelegables e insustituibles del Estado, permite abordar la pérdida del sentido y construcción de comunidad que se ha provocado por largas décadas de vigencia de un sistema de protección social que todavía estáaltamente focalizado y es excluyente, que no reconoce ni garantiza derechos universales, y que está fundado en la subsidiariedad del Estado proclamada en nuestra ilegítima Constitución política.

Es urgente recalcar que estas situaciones de segregación y discriminación en cuanto a accesos y calidad de derechos que afectan a las personas por su origen socioeconómico y étnico, así como por su localización territorial, se ven agravadas por la condición de género. Cualquiera sea la situación socioeconómica, el lugar de residencia territorial y el origen étnico, ser mujer es una condición de desmedro adicional. Así como la pobreza tiene rostro de mujer, las trabajadoras altamente calificadas tienen una brecha en sus remuneraciones respecto de sus pares masculinosdel orden del 40%, no obstante que las mujeres ingresan a los estudios superiores en mayor proporción que los hombres y se titulan más rápido. Las tasas de cesantía de las mujeres son persistentemente más alta que la de varones y en periodos de crisis económica las primeras en perder sus trabajos son las mujeres, así como las últimas en recuperar sus empleos en momentos de reactivación. La ausencia de una potente agenda de género ciertamente afecta a las mujeres en sus derechos de plena ciudadanía, pero por sobre todo al país y su potencial de desarrollo.

¿Cómo es posible que una sociedad esté disponible a despreciar la mitad de sus recursos humanos, como es la población femenina, por el dominio de una cultura que ha naturalizado la discriminación de las mujeres?, es parte de las respuestas que debe proporcionar una estrategia de desarrollo sostenible.

c)  En la esfera político-cultural, si algo apareció con una fuerza inusitada y de manera imprevista en 2015, es el cuestionamiento al actual sistema político y a sus instituciones. Los síntomas ya estaban presentes en una progresiva abstención que fue acompañando a los sucesivos procesos electorales, en la baja adhesión que crecientemente concitaba el parlamento y los partidos políticos, en el envejecimiento de los padrones electorales y de la militancia partidaria y en la desafección juvenil. Se conocían los síntomas, se diagnosticaron las causas, pero no se tomaron medidas ni se actuó en consecuencia.

El estallido de los casos de financiamiento ilegal de la política desde fines del 2014, la evidencia de actuaciones corruptas que estaban amparadas en la impunidad y la transversalidad de los casos denunciados que implicó a figuras de casi todo el espectro político, ahondó el clima existente y es parte del condenatorio juicio ciudadano. En el presente está exacerbada la desconfianza por la evidencia de hechos que se intuían y la irritación se incrementa por la constatación de que las sanciones son leves en proporción al daño causado, dada la insuficiencia de la legislación en la materia.

Son tiempos difíciles para la credibilidad de la política y para la legitimidad de las instituciones, más allá de la oportuna agenda legislativa de probidad y transparencia, de financiamiento y democratización de los partidos que está en discusión en el Congreso. Sus efectos no se verán ahora, pero están elevando los estándares de la política futura.

Todo esto, además, en medio de una cultura que valida el apoliticismo como una virtud, que contrapone la calidad y eficiencia de la técnica por sobre el ejercicio de la política y que le pone al mercado virtudes intrínsecas que le niega al Estado. Sin duda, algunas resquebrajaduras se están produciendo, como lo demuestran las adhesiones a nuevas experiencias de farmacias populares y hasta supermercados populares de productos básicos, iniciativas que están impulsando algunas administraciones locales y que ponen los ojos del cambio en la descentralización.

No nos sorprendamos de cómo han estado funcionado las cosas. Un modelo rentista y concentrador que implica sostener un mercado desregulado, que asimila ideológicamente la diversidad de los ciudadanos con la legitimidad de la desigualdad, que ensalza la competencia como el modo de relacionarnos, no sólo en el mercado, sino en la sociedad y la política, no puede sino consolidarse con una ideología hegemónica que hace de la política un mal necesario y que para algunos puede llegar a ser inclusoun mal innecesario, como los revelan desastrosas experiencias populistas.

Sin duda que en el planteamiento programático de la Nueva Mayoría por una nueva Constitución este diagnóstico ya estaba, así como la convicción de que el debate ciudadano en torno del proceso constituyente puede ser una instancia para reconvocar a la ciudadanía, para crear nuevos puentes con la política activa y fortalecer la democracia. Pero no es éste el único motivo, ni el más importante tal vez para tener una nueva Constitución. Sólo con una modificación en las reglas del juego que sirven de base al modelo institucional de generación y reproducción del poder económico, político y social imperante, consagrado constitucionalmente, la política podrá regresar al dominio de los ciudadanos.

El inadecuado sistema electoral binominal, cuya transformación impulsada por este gobierno en un sistema representativo se pondrá a prueba en las próximas elecciones parlamentarias; pobres mecanismos de participación consagrados legalmente y restringidas experiencias participativas; insuficientes procesos de descentralización; ausencia de normas de probidad y transparencia que recién empiezan a ser legisladas; desconocimiento de los derechos singulares de nuestra diversidad social, cultural y étnica, son responsables de modalidades diferentes de concentración del poder político que limitan, más que la deliberación ciudadana, su incidencia en las decisiones que determinan los proyectos de vida y destinos de la ciudadanía. De este modo, y más allá de los comportamientos anómalos -éticamente reprochables e incluso delictivos-, las prácticas en las instituciones políticas y de sus autoridades y dirigentes terminan por serle ajenas a una ciudadanía que percibe, finalmente, a una elite política tan parecida a las elites sociales y económicas con las que debe lidiar, siempre en desventaja, en su vida diaria.

Para ser justos, no se deben interpretar estas percepciones de los ciudadanos como la sola consecuencia del ordenamiento político y de las actuales prácticas políticas, si no se asume que la concentración del poder político es parte de las relaciones económicas y sociales en Chile, como ha quedado demostrado en el vínculo con los grupos y elites socioeconómicas.

La política, más allá de estilos y prácticas propias, es el reflejo de un fenómeno más estructural de desigualdad y concentración que, de no ser abordado, no permitirá terminar con las formas y mecanismos de generación y reproducción del mismo, en una permanente colusión del dinero y la política.

Si no se afrontanlos fenómenos y mecanismos de concentración del poder, si no se abordan las desigualdades de origen que todavía segregan y que se naturalizan en nuestra cultura dominante, con propuestas concretas y medidas efectivas, así como con nuevas prácticas en nuestros dirigentes progresistas, la retórica política de un proyecto de desarrollo inclusivo será poco creíble y confiable y terminará por crear creciente desafección.

Tenemos que hablarle y hacer partícipe a los jóvenes hoy distantes de la política, a los pueblos originarios que están cansados de ser tratados sólo como un problema de pobreza, a las mujeres cuyas expectativas y ejercicio de derechos están limitados por su condición de género, a los sectores vulnerables y medios que, con mayor conciencia de sus derechos, deben pelearlos en el mercado con claras desventajas ante una esfera pública reducida y de escasa calidad. Tenemos que dialogar y hacer partícipes a los trabajadores de una estrategia de desarrollo que habrá de descansar en sus hombros, con aquellos que reúnen los requisitos para sindicalizarse pero que la actual legislación laboral no les ofrece relaciones equilibradas con los empleadores, así como con aquellos que están precarizados y no cuentan con mecanismos para negociar mejores condiciones laborales y de ingresos. Tenemos que abrirnos también a dialogar con los empresarios y el sector privado, porque no habrá estrategia de desarrollo posible si no se suman a esta tarea nacional respetando las reglas mayoritarias que la deliberación democrática imponga.

Y no podemos dejar de abrir y sostener un diálogo con los países de América Latina si queremos que nuestra estrategia de desarrollo alcance viabilidad. No hay condiciones para nuestro desarrollo sin avanzar en procesos de integración regional, sin que ello signifique abdicar a la soberanía nacional.

  1. Orientaciones para una nueva estrategia de desarrollo inclusivo y sostenible

 

Las precisiones y contenidos específicos de una estrategia de desarrollo cuyo objetivo sea la inclusión y su sostenibilidad deben ser el resultado de un proceso amplio de participación que recoja distintos aportes disciplinarios, que incorporeconocimientos provenientes de centros académicos, think tanks, profesionales y expertos en políticas públicas, enriquecidoscon las opiniones y propuestas de la sociedad civil y sus organizaciones que son, finalmente, destinatarias de dicha estrategia.

Esta tarea que debiera convocar el quehacer reflexivo de los próximos dos años, requiere un paso previo, tal es, plantearse los principios y valores que habrán de orientar el desarrollo.

Si algo ha dañado a la política, tanto o más que las malas prácticas y el empobrecimiento del debate de ideas, es la pérdida de valores que sustentan el sentido del para qué y el porqué de la política. En igual medida, el para qué y el porqué de una estrategia de desarrollo debe ser resuelto con antelación a la formulación de propuestas.

En esta última sección del documento intentamos, precisamente, exponer aquellos ejes que debieran orientar el debate para construir una estrategia transformadora para las próximas décadas. Con la disposición a estar abiertos a la confrontación de puntos de vista, de propuestas alternativas, de medidas innovadoras de distinta índole, debemos tener la capacidad de comprometer un conjunto de principios y orientaciones. Son éstos los que darán una base sólida para la recuperación de las confianzas y permitir una convocatoria amplia de centroizquierda para un proyecto progresista de desarrollo.

Cómo confluyen los valores de libertad e igualdad debe ser el punto de partida de un gran acuerdo progresista por el desarrollo. Existe un antiguo y polarizado debate intelectual y político que ha ordenado las opciones de proyecto de sociedad en torno de dos alternativas, si no siempre excluyentes, prioritarias. Una, construida sobre la base de un eje libertario que ha subordinado, a veces hasta el límite de la inhumanidad, la justicia social; y la otra, en torno del eje igualitario que ha subordinado, y en no pocas ocasiones clausurado, el ejercicio de las libertades.

La adhesión a la democracia que surge tras traumáticas experiencias mundiales de dictaduras civiles y militares, incluida la nuestra en el oscuro período de Pinochet, que a nombre de la libertad en algunos casos o de la igualdad en otros, las coartaron, ponen en entredicho estasopciones excluyentes y abren un fructífero debate sobre proyectos de sociedad capaces de combinar libertades e igualdades.

Existe una importante producción intelectual reciente con sugerentes aproximaciones a la idea de que es posible un régimen económico, social y político que, más que articular libertad con igualdad, las asimila. Surge así, como concepto síntesis, el de comunidad: puesto que los seres humanos hemos de vivir juntos, de lo que se trata es cómo ejercer la libertad en sociedad. Ello supone, necesariamente, que todos se reconozcan, en su singularidad y especificidad, como titulares de iguales derechos.

A diferencia del mercado, cuyas relaciones están basadas en la competencia y en el dominio de los intereses individuales que desconsideran las necesidades de los otros, la sociedad sólo puede ser tal si construye relaciones de colaboración, de reciprocidad y solidaridad, en que la libertad es la capacidad de cada cual de realizar su proyecto de vida escogido sin coartar y conviviendo con los proyectos vitales de los demás. La realización autónoma sólo puede ser alcanzada si cada cual, desdesu proyecto personal, contribuye a producir las riquezas materiales e inmateriales que permiten el desarrollo humano de todos.

Desde este punto de partida, una estrategia de desarrollo inclusiva y sostenible debiera recoger, centralmente, las siguientes orientaciones.

 

1.      Una visión integral del desarrollo humano: hacia una sociedad justa y con solidaridad

 

Sin desmerecer la importancia del progreso material asociado al crecimiento económico, es necesario adoptar un paradigma que permita incorporar las múltiples dimensiones del desarrollo.

Como la experiencia muestra, el crecimiento económico, siendo una condición necesaria, no es suficiente para superar la pobreza y mucho menos reducir desigualdades y discriminaciones. Tampoco ha sido suficiente el crecimiento para permitir la participación de ciudadanos y comunidades en las decisiones que afectan su bienestar. El crecimiento no ha logrado reducir las persistentes brechas de género, la precarización laboral, ni siquiera reconocer la producción que realizan trabajadores no remunerados –habitualmente mujeres-, como lo son el cuidado doméstico de niños y niñas, personas enfermas y con discapacidad. El crecimiento económico no se hace cargo por sí solo de la degradación ambiental que producen los relaves mineros o la sobre explotación de los bosques y las aguas, nide los problemas derivados del calentamiento global. Es más, es evidente que el crecimiento social y medioambientalmente desbalanceado acentúa estos problemas.

Una aproximación integral al desarrollo pone en su centro al ser humano y abarca dimensiones tan disímiles como la satisfacción de funciones básicas de seguridad física y sicológica, de alimentación y bienestar material (consumo e ingresos), hasta el ejercicio de derechos políticos y civiles, económicos, sociales y culturales. Pero además incluye el reconocimiento de dignidades esenciales y de participación. Entre los objetivo del desarrollo están, por lo mismo, el bienestar económico y subjetivo, la expansión de las libertades y de los derechos, con balance medioambiental y participación ciudadana.

Visión integral que tiene como propósito que mujeres y hombres, niñas y niños, puedan desarrollar todo su potencial humano. Donde toda persona tenga el derecho a participar plenamente en la sociedadindependiente de su origen social, raza, etnia, religión o género. Un desarrollo que permita a todos una vida digna compatible con las posibilidades de la sociedad y donde cada individuo sea respetado igualmente en su diversidad. Y que lleve a construir un país cuyo progreso se refleje en el progreso permanente de sus ciudadanos.

El derecho universal a la educación, a la salud, a la seguridad física, sicológica y social, a un medio ambiente en equilibrio, son capacidades esenciales para garantizar la igualdad de oportunidades y la posibilidad de participar plenamente. El ejercicio de las libertades efectivas requiere de un piso de igualdad para todos los chilenos.

Así como los derechos emanan de una concepción de justicia y de pertenencia a la comunidad, se generan en igual medida deberes hacia la comunidad. Deberes que se expresan, no solo en obligaciones legales –que incluyen, por ejemplo, el cumplimiento de las responsabilidades tributarias, el apego a normas de probidad y convivencia- sino que deben sustentar una cultura de reciprocidad de derechos y responsabilidades.

Aspiramos a una cultura que, por lo mismo, promueva la solidaridad, el reconocimiento y el respeto del otro en su diversidad, como un igual en derechos y dignidad. La coacción legal no es suficiente para asegurar estas prácticas, como se aprecia en la tendencia a su trasgresión, y es necesario colaborar a la creación de una cultura que normalice nuevos valores y prácticas fundadas en la colaboración e inclusión. De allí la enorme importancia de la educación públicaplural sin selección, la reducción de la segregación socioeconómica en los barrios y escuelas, inversiones en espacios públicos que transformen las ciudades, la promoción de la diversidad cultural y una valoración del patrimonio de las comunidades.

  2.      No hay desarrollo posible sin igualdad para las mujeres: agenda de género para el desarrollo

 

En Chile, las desigualdades de género se expresan en la economía y en el trabajo, en la sociedad y en la política, en todas las esferas de la vida nacional.

Menor inserción laboral y menores remuneraciones que sus pares varones en trabajos similares, menor presencia en cargos directivos y gerenciales, así como escasa representación en organismos gremiales, empresariales y sindicales. Escasa presencia en profesiones científicas y técnicas. Baja participación en cargos de elección popular, en municipios y parlamento, en el poder ejecutivo y judicial. Sobrecarga de trabajo doméstico no remunerado y de cuidado de niños y familiares dependientes. Todo ello, con frecuenteviolencia intrafamiliar, física y sicológica, y sometida a acoso sexual y laboral. O con otra forma solapada de violencia, en que se les niega a las mujeres autonomía para ejercer sus derechos sexuales y reproductivos.

Mientras crece la intolerancia a la desigualdad socioeconómica, como bien lo muestran las movilizaciones y protestas ciudadanas, resulta ser que las desigualdades de género siguen siendo aceptadas como un fenómeno “naturalizado” y quedan fuera de las agendas políticas y de desarrollo. Por lo mismo, hay que asumir las enormes dificultades que tiene remover esta expresión culturalmente aceptada de desigualdad y que afecta a las mujeres por el solo hecho de serlo.

Y entendamos que, si bien las discriminaciones, exclusiones y desiguales oportunidades que viven las mujeres las afecta directamente a ellas y a su entorno familiar, el resultado impacta a toda la sociedad y en el desarrollo del país. Por eso, sin abordar las desigualdades de las mujeres no será posible avanzar en un desarrollo inclusivo.

Varios estudios revelan el desperdicio que significa prescindir del aporte de las mujeres en nuestras economías y en la superación de la pobreza y desigualdades: si de la actual tasa de participación laboral femenina, del orden del 48%, lográramos alcanzar la media de participación femenina de la OCDE del 60%, podríamos incrementar el Producto Interno Bruto en 9%, y habría un beneficio en las finanzas públicas, recabando el Estado US$ 4 mil millones adicionales (monto equivalente a casi el 20% del PIB).

Pero también hay intangibles del aporte de las mujeres al desarrollo, que no se recogen en el Producto Interno Bruto y que tienen un peso decisivo en el progreso de las sociedades. Las mujeres, por sus procesos de socialización y experiencias vitales son las que más pueden impulsar iniciativas que contribuyan a esta forma humana de desarrollo.

Por la propia marginalidad que a lo largo de sus vidas las mujeres tienen de las redes del poder político y económico, carecen en su historial de aquellas prácticas que el poder ha tendido a fomentar en su ejercicio. No sólo en cuanto a la violencia y a formas mercantilizadas de relación, sino a fenómenos que nos están amenazando actualmente como el soborno, el fraude y el abuso de poder, comportamientos corruptos que tienen alta incidencia masculina y que de manera excepcional involucra a mujeres.

La demanda por la paridad de género en los cargos decisorios y de representación en las organizaciones económicas, tanto empresariales, como sindicales, así como en la institucionalidad política, desde los gobiernos locales hasta el gobierno nacional, desde el poder ejecutivo al legislativo, no sólo responde a una necesidad de igualdad de oportunidades, de derechos y responsabilidades, sino a necesidades de mayor progreso y desarrollo, de mayor democracia y relaciones recíprocas que reconocen en los derechos individuales los derechos de todos y todas.

La prioridad por ciertas agendas públicas, la valorización de trabajos en equipos, la preocupación no sólo por los resultados, sino también por los procesos y los climas humanos y laborales, la intolerancia a la corrupción, el valor de la paz sobre la violencia, son -entre otros valores aportados en general por las mujeres- una contribución a un modelo de desarrollo centrado en lo humano.

Tal vez el único “mérito” de la persistentedesigualdad que ha acompañado históricamente a las mujeres y que las ha colocado en condiciones de subordinación, es su alta sensibilidad hacia todas las minorías, o más bien, para grandes mayorías que viven como minorías ciudadanas. Por eso, la participación de las mujeres en igualdad de condiciones y derechos que los varones en la esfera económica y política, en los espacios de poder, puede contribuir de mejor manera a los propósitos de una nueva estrategia de desarrollo inclusiva.

  3.      Protección social con inclusión laboral y desarrollo productivo: una tríada necesaria del bienestar con activo rol del Estado

No hay condiciones de avanzar hacia la instalación y consolidación de un sistema de protección social fundado en derechos que deben estar garantizados sin un rol activo del Estado asumiendo de manera indelegable e insustituible su responsabilidad en el bienestar social de la población. Un Estado que debe dotar de sostenibilidad institucional y fiscal la provisión de bienes públicos considerados derechos universales y que se refieren a dos planos: protección de los ingresos y generación de capacidades y oportunidades efectivas para que libremente los ciudadanos puedan realizar su proyecto vital.

Sin un Estado activo que provee, norma y fiscaliza,la garantía de derechos es una retórica vacía. La subsidiariedad del Estado ha limitado, precisamente, el ejercicio efectivo de derechos y la libertad de escoger el proyecto de vida se ha reducido a lo que el mercado permite según la capacidad económica de las personas o a una opción minimalista de ofertas públicas limitadas y de baja calidad.

Pero, siendo requisito un Estado activo en la protección social paragarantizar el ejercicio de derechos de los ciudadanospor su sola condición de tal y no por su “ciudadanía” laboral, lo cierto es que no basta. Es inviable sostener en el tiempo los pilares solidarios en los que esta protección social debe sustentarse sin una participación activa de los trabajadores. Y ello requiere trabajadores bien formados, mejor remunerados y debidamente protegidos ante los riesgos.

Así como las políticas sociales universales apoyan la construcción de capacidades, las condiciones laborales en que los trabajadores puedan desplegar sus capacidades dependen de políticas de empleo de calidad, de seguridad social y de relaciones laborales que el Estado debe promover y fortalecer.

Y para que se extienda este tipo de trabajo de calidad socialmente protegido, es imperiosa una estrategia productiva diversificada y en donde la innovación juegue un papel permanente, lo que también supone un Estado activo en su promoción.

En consecuencia, el desafío de diversificar la matriz productiva hacia productos de mayor complejidad, medioambientalmente sustentable y que demanden una fuerza laboral con más conocimientos, es complementario a la agenda de universalización incremental de derechos sociales.

Una sociedad que reconoce ciudadanía titular de derechos, implica una economía en que los recursos humanos adquieren cada vez más importancia y requiere políticas de desarrollo productivo para sustentarla.

4.      Hacia una economía verde para un desarrollo sustentable

 

Chile confronta para las próximas décadas extraordinarios desafíos medioambientales. Por un lado, debe incrementar rápidamente la participación de las energías renovables no convencionales (ERNC) en la matriz energética, para responder al reto de la creciente escasez de los recursos hídricos, asegurando que el agua sea efectivamente un bien público de uso nacional. Del mismo modo, debe mitigar y comenzar a revertir el proceso de desertificación del norte y el valle central, al tiempo que debe incrementar su preparación y resiliencia para abordar los inevitables desastres naturales que con regularidad azotan nuestro país.

Debemos avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo sustentable, una economía verde, orientada a armonizar el sistema productivo con los ecosistemas y el medio ambiente en general. La depredación de nuestras tierras y aguas debe terminar. Esto exige un salto en nuestras políticas públicas, donde se combinen políticas de desarrollo productivo verdes, políticas regulatorias y de salud que aseguren el bienestar de los ecosistemas y las personas. Y, con lo anterior, políticas de producción limpia y empleos verdes orientados a un modelo productivo ecológicamente sostenible.

Todo ello, supone un desarrollo basado en la innovación, la ciencia y la tecnología, pero también de recursos humanos altamente calificado y una ciudadanía consciente de la dimensión medioambiental del desarrollo.

No menos importante es la exigencia de cambios radicales en los patrones de consumo orientados al uso eficiente de la energía, menor contaminación por residuos sólidos y líquidos, un transporte más ecológico y políticas urbanas hacia ciudades más verdes, más sustentables y, finalmente, más amables para niños, adultos y tercera edad.

En suma, una economía ecológicamente sostenible lleva a una profunda transformación de nuestro modelo de producción, consumo y hábitat, una nueva cultura en nuestro modo de vida: nadie puede restarse de las responsabilidadesque impone el calentamiento global y la creciente contaminación en nuestro país.

  5.      El valor y la riqueza son un producto de actores públicos, sociales y privados: el desarrollo es obra colectiva

El valor y la riqueza que genera un país son resultado del esfuerzo colectivo de trabajadores, empleadores, sociedad civil y Estado.

El éxito de una empresa depende crucialmente de la existencia o ausencia de bienes públicos que viabilizan o potencian la inversión. Es así que, a modo de ejemplo, el acceso a mercados internacionales se ve afectado por los tratados y relaciones internacionales. La tramitación más o menos eficaz de permisos y la competencia de las Cortes para resolver disputas contractuales son otro ejemplo del impacto directo de instituciones públicas en la producción. Buena parte de las innovaciones tecnológicas más importantes se basan en conocimiento financiado y muchas veces desarrollado al alero del Estado.

Es a partir de este reconocimiento que podemos reformular el rol del Estado en la economía más allá de emparejar la cancha o corregir mercados.

Asimismo, la demanda de participación y el freno de las comunidades al desarrollo de proyectos de alto impacto ambiental o urbano, ilustran la relevancia de la sociedad civil en la producción. Proyectos recientes de reconstrucción, priorización municipal e innovación social en Chile en que las comunidades, autoridades locales y actores productivos identifican prioridades y un plan local de desarrollo, muestran también el potencial de la organización productiva de comunidades y colaboración entre empresa, sociedad civil y Estado.

En cuanto al papel del Estado, un modelo de desarrollo inclusivo, social y ambientalmente equilibrado, requiere un Estado que contribuya con bienes públicos, que articule y regule adecuadamente la relación entre empresa, trabajadores y comunidades, y que impulse el desarrollo en áreas en que los individuos, las empresas y la sociedad civil no tienen la capacidad de hacerlo.

Para implementarreformas y transformaciones tiene que ser un Estado confiable ante la ciudadanía: con altos y exigentes estándares de transparencia y probidad, con un servicio civil que asegure servicios de calidad y, sin duda, con responsabilidad fiscal.

Pero, además, debe ser un Estado dinámico en su capacidad de reaccionar a los cambios económicos, tecnológicos y sociales; ágil en la búsqueda de soluciones a problemas sociales y productivos que el sector privado es incapaz de enfrentar por sí solo. Y, finalmente, se requiere una institucionalidad que permita que el Estado despliegue la función de planificación estratégica, a salvo de la economía política cortoplacista que suele imponer la agenda electoral.

Consistente con el rol de los actores públicos, deben existir empresas privadas a la altura de las actuales exigencias de una diversificación productiva que permita un nuevo salto al desarrollo. Las empresas son el núcleo de la producción de bienes y servicios y, más allá del valor económico, la empresa es el espacio donde interactúan los trabajadores y donde se relacionan trabajadores y empresarios. Las empresas no funcionan en el aire, se relacionan con trabajadores, clientes y compradores, se desenvuelven en un medio institucional, cultural y en un territorio.

Aspiramos a un ejercicio empresarial responsable y con reglas justas, incorporando a los trabajadores en sus decisiones, respetando los derechos laborales y maximizando el valor compartido con las comunidades.

Con este escenario es posible definir los ámbitos y rasgos de necesarias alianzas público-privadas para el desarrollo.

 

6.      Pacto social y político para una nueva estrategia de desarrollo

 

Si el potencial de desarrollo en Chile es fruto del esfuerzo colectivo de trabajadores,

empleadores, sociedad civil y de un Estado emprendedor muy activo, sus resultados no

pueden ser apropiados por algunos o ser desigualmente distribuidos según su poder y

fuerza relativa. Se trata de promover el bienestar de todos los que aportan en ese

esfuerzo, de lo contrario se arriesga el propio desarrollo y, consiguientemente, la

gobernabilidad.

No es factible promover una nueva estrategia de desarrollo que tenga como meta la

cohesión social y que haga de la sostenibilidad su fortaleza, sin convocar a un pacto de

todos los actores que intervienen en el desarrollo. Eso es lo que dota de viabilidad

económica y política a dicha estrategia de desarrollo. El proceso constituyente hacia una

nueva Constitución puede ser el escenario posible para promover un nuevo pacto que

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redefina las relaciones de poder en la sociedad, la economía y la política, con nuevas

reglas que comprometan las bases para hacer posible una estrategia de desarrollo

inclusivo..

La concentración económica y sus impactos en las múltiples formas de desigualdad, así

como su indebida influencia en la política le están restando legitimidad a las instituciones

políticas, públicas y privadas, poniendo fuertes cuestionamientos sobre la calidad de

nuestra democracia, como ha quedado de manifiesto en los escándalos recientes por la

relación entre dinero y política.

La desvaloración de una democracia como consecuencia de una captura elitista es

inaceptable en sí, pero representa además un riesgo de gobernabilidad mayor. Al mismo

tiempo, esta concentración opera como un veto a innovaciones institucionales que

pudiendo beneficiar a la sociedad en su conjunto, termina por responder a los intereses

particulares de unos pocos.

Desde el punto de vista productivo, la concentración se ha visto asociada con baja

competencia y altas rentas en mercados de consumo masivo. Además, constituye un

obstáculo para la diversificación productiva y para la difusión de una cultura empresarial

innovadora.

La agenda de democratización de los partidos y del sistema electoral, de regulación del

dinero en política, de transparencia y probidad en la actividad pública y en los mercados,

es esencial. Pero aún insuficiente si no se incorporan los retos de régimen político,

descentralización, rol de Estado, del mundo privado, de la sociedad y su diversidad -con

especial preocupación por las mujeres y nuestros pueblos originarios-, reconocimiento de

derechos y de respeto de nuestros recursos naturales, por mencionar aquellos que son

incidentes en la agenda de desarrollo.

7. Incorporar la globalización y la integración regional en la estrategia de desarrollo

En el mundo contemporáneo, caracterizado por flujos de información, comercio, capitales,

el movimiento de personas a gran escala y cambios tecnológicos constantes, la

interdependencia entre países es un determinante central de los desafíos y posibles

soluciones que enfrentan. Algo especialmente cierto para un país como Chile, pequeño y

con una economía abierta.

Las crisis financieras, el calentamiento global, las olas migratorias, la seguridad y la paz

mundial, son algunos ejemplos de estos desafíos de escala global. Mercados globales,

instancias de cooperación internacional y difusión de tecnologías ilustran las

oportunidades.

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La construcción de instituciones que permitan reaccionar frente a los desafíos y

aprovechar las oportunidades, la articulación de mecanismos de gobernanza global que

permitan regular soluciones a problemas comunes, la promoción de los grandes valores

de la humanidad y de los derechos humanos, son parte de los principios que deben

orientar la dimensión internacional del desarrollo chileno.

Y, dentro de éste, el objetivo histórico de la integración regional con los países del

continente es parte del imperativo de una globalización que nos toca a todos, así como

responde a una genuina vocación latinoamericanista del socialismo chileno. Considerando,

además, nuestra propia experiencia histórica que nos enseña cuánto gravita la integración

regional en el desarrollo industrial y en la diversificación de nuestra base económica,

excesivamente dominada por la explotación de los recursos naturales.

 

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Instituto Igualdad

Instituto Igualdad

INSTITUTO IGUALDAD es una fundación de derecho privado sin fines de lucro, creada por el Partido Socialista de Chile. Sus objetivos básicos son la contribución al fortalecimiento de las instituciones democráticas y republicanas de Chile, y la difusión de las ideas democráticas en un marco de igualdad social, crecimiento económico con bienestar, integración y cohesión social, con respeto pleno de la pluralidad y la libertad.
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