Nueva educación Pública: Una deuda histórica que comienza saldarse.

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Fernando Ochoa, profesor, Presidente de la Comisión de Educación del PS

El Proyecto de Ley, enviado por la Presidenta Michelle Bachelet, es más que el cumplimiento de su Programa y la creación de una Nueva Institucionalidad de la Educación Pública, sino, una tarea política y democrática pendiente de los últimos 25 años desde el retorno a la democracia que comienza a reencontrar la tradición de la República de Chile y su cultura, mediante una Nueva Estructura de Educación Pública con Calidad Integral, Inclusión y Protección Social.

Para quienes somos Profesores(as) y lo hemos ejercido durante años, tenemos altas expectativas respecto del Proyecto de Ley que crea: “El Nuevo Sistema de Educación Pública”, enviado recientemente por la Presidenta de La República a la Cámara de Diputados. Iniciativa ingresada luego de meses de elaboración, consultas y atención de quienes hemos esperado por años revertir la descentralización y atomización de la educación escolar consumada por la Dictadura de Pinochet y conocida como Municipalización. El primer paso a su privatización total.

Resulta evidente que este Proyecto de Ley, ocupa un privilegiado lugar en el conjunto de reformas profundas o estructurales, que la gran mayoría de chilenos y chilenas anhela e identifica como indispensables de realizar durante este mandato presidencial, pues, sin ellas, no se podrán mejorar las condiciones de vida de nuestra sociedad. En este caso, cambiando nuestro sistema educativo escolar público, pero recogiendo la tradición, características, particularidades y la historia de este sistema, que prestigió y profundizó la democracia de nuestra nación por más de 160 años.

Me parece muy esperanzador y nos deja muy bien aspectados a todos los que queremos terminar con la Municipalización, la información histórica del Sistema Escolar Público que este Proyecto Ley entrega en su mensaje. Donde se da cuenta del esfuerzo sostenido que en materia educacional ha realizado la sociedad chilena desde los albores del proceso emancipador, cuando José Miguel Carrera crea el Instituto Nacional en 1813, se promulga la Ley Orgánica de Instrucción Primaria en 1860 (Que entregó al Estado la responsabilidad de fomentar y dirigir dicha instrucción), cuando se dicta con grandes debates y discusiones la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria (1920), la ampliación a ocho años de la educación básica (1964), la ampliación de cobertura de educación Parvularia al crear la JUNJI para ello, entre 1970 y 1973 , por citar algunos grandes logros.

Por lo antes enunciado, se puede observar un desarrollo estructural del sistema escolar con una sociedad que camina junto a él, pero ello sí, con un común denominador: ¡La presencia del Estado como órgano garante del sistema escolar chileno!

Como también, podemos sostener con toda claridad y fundamentos históricos, que la “Jibarización y reducción del rol del Estado entre 1973 y 1990”; ha significado el deterioro, pérdida de identidad, tradición y sentido del sistema escolar chileno, que se ha expresando en la construcción de una sociedad individualista, intolerante, discriminadora, consumista y con uno de los índices de distribución de la riqueza más desigual del mundo, de la cual hoy somos parte.

Es cierto, el tiempo va diluyendo y aplacando las heridas que provocó el traspaso de las escuelas y liceos fiscales a los municipios, con una relativización de los profundos sufrimientos (Pérdidas que hasta hoy no se saldan), que generó esta decisión de la Dictadura, inserta en la transformación radical que experimentó al Estado chileno de la mano de los economistas de Chicago, que formaban el círculo más cercano de Pinochet.

Sin embargo, es bueno en este contexto, recordar cómo el régimen político autoritario con poderes extraordinarios y sin debate, transformó profundamente el modelo de financiamiento y gestión del sistema escolar y, a través de una reforma estructural, se descentralizó su administración, introdujo instrumentos de financiamiento basados en el subsidio a la demanda (voucher), que lamentablemente perdura hasta hoy.

En paralelo a este proceso de traspaso de los establecimientos educacionales a los municipios, se incentivó la incorporación de particulares, sin muchos requisitos y exigencias al servicio educativo, surgiendo rápidamente establecimientos particulares que se adscribieron a recibir subsidio estatal por cada estudiante que asistía a clases (subvención educacional por asistencia promedio).

A partir de esto, se inicia el paradigma de mercado que ha provocado la grave segregación y desigualdad que, lamentablemente nos distingue respecto de la mayoría de sistemas escolares en el mundo.

Los años 80 del siglo XX, fueron catastróficos para la educación pública chilena, sus profesores fueron desafiliados de su condición de empleados públicos, se perdió la vertebración nacional al atomizarse en tantos subsistemas escolares como municipalidades existían instalándose regímenes internos en donde imperó la desconfianza, el soplonaje y la falta de responsabilidad respecto de los procesos educativos. Complementariamente, se le redujeron drástica y progresivamente el financiamiento, sometiendo a la educación pública a una competencia desleal con el sistema privado que recibía aportes del Estado y que ha provocado el éxodo masivo de alumnos y que tiene actualmente a las escuelas municipales atendiendo sólo a un 35% de la matrícula nacional.

Este brutal retroceso experimentado por la educación pública en la década de los 80, se demuestra en dos de las primeras acciones (Por señalar algunas) emprendidas tras el retorno de la democracia: La ejecución del Programa de las 900 escuelas, operación de salvataje de los establecimientos escolares que estaban en las peores condiciones debido al abandono intencionado y la promulgación del Estatuto Docente, órgano regulador de la labor educadora, que vino a reconocer el largo período de desprotección y pérdida de reconocimiento que vivieron en dictadura los profesores. Sin embargo y sin negar los avances hasta hoy, han sido insuficientes para consolidar un sistema escolar de educación público verdadero.

Por ello, al mismo tiempo que muestro mi razonable esperanza y responsable sensación que la deuda comienza a ser saldada, me cuesta entender, por qué, terminar con la municipalización cuesta tanto. Es un proceso fundamental, “Una tarea política y democrática pendiente desde el retorno a la democracia”, que no ha caminado al mismo tiempo que el proceso político iniciado en los noventas y que el Gobierno en este Proyecto, reconoce que el sistema escolar público en manos de los municipios no da para más, hecho que valoro profundamente. Espero también, que ese sentido común expresado por el Ejecutivo a través del Proyecto Ley, se imponga en las voluntades políticas de los principales actores involucrados. Ellos deben entender, que terminar con la Municipalización, es finalizar un proceso ilegitimo, no representativo y realizado en Dictadura. ¡Qué mejor!, que recuperar el sentido común con gradualidad, con celeridad responsable y en democracia.

La “Desmunicipalización” de la educación pública es indudablemente una reivindicación que se merece nuestro pueblo y lo digo sin buscar la retórica como elemento del discurso, debemos recordar que, a nivel latinoamericano, los niños, niñas y jóvenes provenientes de las familias excluidas y vulnerables estudian en establecimientos públicos, ello exige ocuparnos de que ésta salga de su prolongada crisis.

Ciertamente el país sigue con atención el proceso legislativo de las reformas educacionales mayores contenidas en el programa de gobierno de nuestra Presidenta. Como muchos, los docentes activos, en el Colegio de Profesores o en los partidos de la Nueva Mayoría, pensamos que el fortalecimiento de la educación pública pudo efectuarse en algunos aspectos, tras el término de la LOCE. Por esto, apoyo decididamente este Proyecto, sin abandonar el derecho a buscar incidir, manifestar y demandar un alineamiento con lo prometido, en la discusión Parlamentaria. Para ello, los Socialistas nos reuniremos con nuestra Presidenta de Partido, Secretario General, Comisión Política, Diputados(as), Senadores(as) y Alcaldes de nuestra colectividad.

Estoy convencido que este es buen proyecto, comparto el diseño de la Dirección Nacional de Educación dependiente del Ministerio de Educación, creo que los Servicios Locales pueden fortalecer la educación, pues, terminan con la doble dependencia que hoy tienen las escuela y liceos públicos en lo administrativo y técnico – pedagógica, que no hace otra cosa que diluir las responsabilidades. Se ve bien aspectado la configuración del Consejo Local de Educación, pues, habrá participación de los actores que forman parte de un Servicio Local. Sin embargo, creo que en la discusión Parlamentaria es necesario afinar el grado de participación y decisión de los Alcaldes(as).

Tengo la firme convicción que la recuperación de la educación pública, no será posible mientras las escuelas y liceos que atienden a estudiantes provenientes de las familias con menos ingresos y menos escolaridad, no cuenten con el financiamiento adecuado y justo, que deje el voucher definitivamente de lado y, al igual que la nueva institucionalidad que se crea, se financien a través del presupuesto de la nación y de acuerdo a las reales necesidades de las aulas y comunidades educativas.

Finalmente, confío en las declaraciones de la Ministra de Educación y de la propia Presidenta de la República en cuanto a que el financiamiento vía subvención por asistencia media mensual, podrá ser modificado en los próximos años, conforme a una gradualidad y recursos presupuestarios del país. Pero tengo la certeza que la discusión hay que darla hoy y no mañana, en materia de financiamiento a escuelas y liceos públicos.

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Instituto Igualdad

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INSTITUTO IGUALDAD es una fundación de derecho privado sin fines de lucro, creada por el Partido Socialista de Chile. Sus objetivos básicos son la contribución al fortalecimiento de las instituciones democráticas y republicanas de Chile, y la difusión de las ideas democráticas en un marco de igualdad social, crecimiento económico con bienestar, integración y cohesión social, con respeto pleno de la pluralidad y la libertad.
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