SEMINARIO SOBRE REFORMA PREVISIONAL: LAS DOS OPCIONES EN JUEGO

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El Instituto Igualdad realizó el seminario: “Las propuestas de la Reforma Previsional de la Comisión Presidencial de Pensiones”, donde se analizaron los planteamientos que presentó dicha instancia conformada por 24 expertos nacionales y extranjeros a la Presidenta Michelle Bachelet, el pasado 15 de septiembre.

El encuentro, que se efectuó el miércoles 4 y fue moderado por el sociólogo, Jaime Illanes, contó entre sus expositores con dos ex integrantes de la comisión asesora presidencial: los economistas y académicos de la Universidad de Chile, Andras Uthoff y José Luis Ruiz. En el panel estuvieron presentes, también, la consejera nacional de la CUT, Ana Bell y el sociólogo y experto previsional, Jaime Ruiz –Tagle, colaborador del Instituto.

El seminario comenzó con las intervenciones del presidente del Instituto Igualdad y ex Superintendente de Seguridad Social, Álvaro Elizalde, quien destacó la reforma al sistema de pensiones realizada por la presidenta Bachelet, en 2008, y los desafíos pendientes en el modelo instaurado en Chile, en 1981.

Luego, expuso su visión el representante en Chile de la Fundación Friedrich Ebert, Reiner Radermacher, -entidad que patrocinó el encuentro-, quien relevó, también, los avances hechos en esta materia durante los últimos años en el país y la importancia de debatir a tiempo sobre un problema que afectará a la mayoría de los trabajadores chilenos, quienes recibirán una baja jubilación al momento de retirarse de la vida laboral.

Cabe recordar que, ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, la comisión asesora presidencial planteó tres propuestas a la presidenta Bachelet. La primera, fortalecer el actual sistema de capitalización individual, mediante la inclusión de modificaciones. Conocida como Opción A, este planteamiento contó el respaldo de 12 de los 24 expertos. La segunda proposición, llamada Opción B, consiste en crear un sistema mixto, que combine el modelo de reparto con el de capitalización individual. Dicha sugerencia obtuvo el apoyo de 11 de los 24 especialistas. Finalmente, la comisión incluyó el planteamiento de regreso al sistema de reparto que tenía Chile hasta 1981, que contó con 1 de los 24 votos.

Andras Uthoff expuso en representación de la Opción B, una propuesta que, según dijo, fue ganando adeptos en la comisión asesora presidencial.

De acuerdo el académico de la U de Chile, esta alternativa tendría dos ejes: uno no contributivo, para quienes no cotizaron y que pertenezcan al 80% más pobre de la población. Lo anterior significa incrementar el pilar básico solidario de un 60% a un 80% de la población.

El segundo eje implica un elemento contributivo. En este último caso, separa el aporte de los afiliados en dos grupos: la cotización del 10% de quienes cotizan por menos de $ 350.000 iría a un esquema de fondo solidario, que tendría aportes de empleadores y del Estado. En tanto, la cotización por sobre $ 350.000 iría a la AFP que escoja el afiliado, reportando la cuota a una “entidad de previsión social” que centralizadamente estará a cargo de la afiliación, la recaudación y el registro y que sería traspasado a la AFP.

Uthoff manifestó que el actual sistema de capitalización individual carece de legitimidad. No sólo por la forma en que fue instaurado, sino porque, en lo medular, es un modelo de “inseguridad social”. “Como afiliado una persona debe correr todos los riesgos. Si caen las rentabilidades, el cotizante asume las pérdidas. Si un trabajador queda cesante, ese período es considerado como una laguna previsional, cuyo costo lo asume la persona. Además, existe un riesgo demográfico, porque el aumento en las expectativas de vida hacen que la renta vitalicia vaya en disminución”. El economista destacó, también, las inequidades de género que implica el actual sistema previsional.

José Luis Ruiz, quien intervino en representación de la Opción A señaló que esta propuesta mantiene el actual sistema, pero lo fortalece a través de diversas modificaciones. En primer lugar, aumenta el pilar solidario de un 60% a un 80% de la población. Además, incrementa la Pensión Básica Solidaria en un 20%, refuerza el Aporte Previsional Solidario (APS) y entrega incentivos para los beneficiarios del Pilar Solidario, que decidan postergar la edad de jubilación. También propone aumentar el ahorro de las personas al pilar contributivo. En suma, para ambos objetivos, la propuesta A aumenta la cotización del empleador en 4 puntos porcentuales, de los cuales 2 irían a financiar el Pilar Solidario y los otros 2, a aumentar el ahorro individual de los cotizantes.

Ruiz expresó “que las reformas para mejorar el sistema son de largo plazo”. Además, dijo “que los afiliados toman su decisiones con un conocimiento muy bajo del funcionamiento de los multifondos, de su rentabilidad y el daño que causan las lagunas previsionales”.

El académico de la U de Chile añadió que la Opción A “plantea una reforma gradual con una visión realista sobre el presupuesto fiscal”.

Reconoció que “existe una baja competencia entre las AFP, lo que influye en que no se bajen las comisiones por concepto de administración”. Sin embargo, afirmó que la existencia de una AFP estatal no mejorará las pensiones.

Finalmente, señaló que los sistemas de reparto han quebrado en gran parte del mundo, pues no se puede garantizar la sustentabilidad del sistema.

La consejera nacional de la (CUT), Ana Bell, indicó que existe consenso en el mundo sindical en que las AFP deben dejar de existir, ya que han hecho un gran daño a la calidad de vida de los adultos mayores. Por su parte, el sociólogo y experto previsional, Jaime Ruiz-Tagle, llamó la atención sobre las altas ganancias de la industria de los fondos de pensiones.”Quisiera recalcar que el retorno del 25 por ciento anual de utilidades de las AFP es realmente escandaloso y es una de las cosas que provoca este rechazo (ciudadano). El sistema previsional ha estado ganando el doble de lo que obtiene el sistema bancario”, expresó el profesional.

Además, los expertos coincidieron en que resulta arbitrario y, particularmente, discriminatorio para las mujeres el hecho que la esperanza de vida que se utiliza para calcular las pensiones sea establecida por un ente que no tiene las competencias adecuadas, como es la Superintendencia de Previsión Social, y no por el organismo especializado en la materia, que es el Instituto Nacional de Estadísticas.

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Comunicaciones Instituto Igualdad.

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