Isabel Allende Bussi Senadora,Presidenta Partido Socialista de Chile
En el último tiempo, especialistas y centros de estudio de raigambre neoliberal han cuestionado el proyecto de ley que está siendo discutido en el Congreso para ampliar el giro de Enap con el fin de que esta pueda participar en iniciativas de generación eléctrica.
Los argumentos de los detractores apuntan a una supuesta debilidad financiera de la petrolera estatal, y las sospechas que levantan es que una empresa pública no puede desempeñar de manera adecuada un rol relevante en materia energética.
Pero la realidad se hace cada día más evidente. No podemos negar que nuestro país requiere más proyectos de generación para hacer frente a las próximas licitaciones de 2016 a 2018. La falta de actores y de competencia ha llevado a que Chile sea una de las naciones con los costos más altos de energía, afectando directamente las cuentas de hogares y pymes y restándoles competitividad a las empresas productivas frente a otros actores de la región.
Este escenario le hace un grave daño al país, por lo que el Estado chileno y su gobierno no pueden mantenerse ajenos. La necesidad por mayores proyectos de energía es concreta y urgente: el país requiere nuevos actores, y el ingreso de Enap es una respuesta a esta necesidad.
Por otra parte, el desempeño financiero de la compañía ha ido en franca mejoría, y sus principales indicadores muestran un notorio fortalecimiento en los últimos años. Así, por ejemplo, al primer semestre de 2015, Enap obtuvo los mejores resultados de los últimos 15 años. Este fortalecimiento financiero, paradójicamente, es evidente para los analistas e inversionistas internacionales que han respaldado las colocaciones de bonos de Enap, exigiendo tasas de retorno menores a las que les exigen a varias de las empresas privadas presentes en Chile.
Enap no solo cuenta con experiencia en el desarrollo de proyectos de generación para su propia operación, sino que -y lo que es más importante- ha jugado un rol estratégico clave para resolver crisis energéticas en el pasado, como por ejemplo durante la crisis del gas, cuando se encargó de importar los mayores volúmenes de diésel que el país requería y de impulsar, junto a socios privados, la construcción del terminal de GNL Quintero. De igual forma, su ingreso al mercado de generación no reemplazará el aporte de privados, sino que lo complementará.
Oponerse a la participación de Enap en proyectos de generación eléctrica en asociación con privados, incluso desde una participación minoritaria, es un sesgo ideológico que solo ve en los emprendimientos públicos amenazas para el emprendimiento privado y niega las ventajas que esta alternativa genera para resolver los problemas que nuestro país enfrenta en materia energética.
Este argumento cruza gran parte de las críticas de quienes se oponen a esta incursión: según ellos, el Estado no estaría capacitado para incursionar en ámbitos como la electricidad, algo que varios países desarrollados se han encargado de desmentir, contando con robustas empresas públicas en el sector eléctrico, como ocurre en Francia, Noruega, Suecia y Dinamarca, entre otros.
Algunos preferirían que el Estado no se involucrara y que este escenario se mantuviera sin cambios, que el statu quo se prolongue. No les molesta la existencia de barreras para nuevos actores, manteniendo un mercado profundamente hermético y continuando con los precios más elevados de la región. Sin embargo, esta posición no le sirve de nada a Chile. El statu quo beneficia, única y exclusivamente, a los actuales actores del mercado eléctrico, que parecieran inquietarse ante la posibilidad de mayor competencia en su rubro.
Hay otro factor clave en esa discusión que conviene destacar: Enap, a diferencia de los actores privados, ha cumplido y cumple un rol social; así lo hace en Magallanes, donde su compromiso con el suministro de gas natural de los habitantes de esa región es incuestionable.
El país requiere una matriz energética que sea confiable y diversa, de menores costos, que fomente una economía más competitiva, pero que principalmente entregue menores precios de electricidad a los miles de hogares chilenos y empresas productivas que lo demandan.
Mi invitación es a seguir dialogando, sin sesgos ideológicos ni mirando los intereses particulares de unos pocos, sino siempre con miras al beneficio del país, y de toda la ciudadanía.
