La fuerza de la democracia

compartir en:

Camilo Escalona

Asegurando de manera irrestricta las normas del debido proceso, el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado, lograron que el juez Juan Manuel Escobar, decidiera la prisión preventiva de los dueños de uno de los consorcios financieros más poderosos del país. Ante la gravedad de los hechos, Chile valora la acción de la Justicia.Con ello, se ha mostrado la fuerza de la democracia, sin ninguna coerción y respetando integralmente los derechos de los imputados ha ocurrido este hecho histórico.

Frente al caso Penta la ex ministra Mathei, respondiendo al modo de pensar más profundo de la derecha, salió a la defensa de los ahora formalizados y en prisión preventiva, financistas de las campañas de la UDI, señalando que serían víctimas de un trato arbitrario pues a miembros de la izquierda, cometiendo el mismo ilícito no se les encausaría de la misma manera.

Esa retórica es un primer paso, en un cambio en la  estrategia de defensa de los imputados; esa idea se articula con la presentación de los mismos como “hombres de trabajo”, esforzados creadores de empleo y emprendimientos positivos para el país.

Se trata de contrarrestar la imagen de potentados que se sintieron intocables, por encima de la ley y sin obligación de cumplirla. Dicho de manera directa, buscan la percepción que los acusados son personas de bien y no individuos que se consideraban con impunidad.

Sin embargo, la evidencia es tan abrumadora que se ha producido un hecho imprevisto, incluso descartado hasta poco, por la ciudadanía más distanciada del sistema político o escéptica de la institucionalidad democrática: que los “padrinos de la derecha chilena”, como los definiera el diario inglés The Guardián, son llevados a juicio y privados de libertad por una serie de graves delitos, tales como, lavado de activos, cohecho y soborno, fraude al fisco, financiamiento ilegal de campañas electorales; en suma, un cuadro suficientemente grave como para su formalización por el Ministerio Público y su procesamiento penal.

La resolución judicial marca un antes y un después. Este suceso abre una nueva etapa en la vida del país, de afirmación del principio de igualdad ante la ley y del término de los privilegios y abusos de casta que se heredaron por la ausencia de democracia y el ejercicio del poder por un grupo ínfimo de potentados durante el régimen dictatorial.

Esa cultura de cometer abusos de poder, como si se tratara de atribuciones implícitas y congénitas al volumen de ciertas fortunas o al estatus de algunos altos cargos, ha empapado los usos y costumbres, más allá de la tecnocracia de derecha y también ha permeado ciertas conductas en las fuerzas agrupadas, ayer en la Concertación y hoy en la Nueva Mayoría, situación que debe ser reconocida autocríticamente a fin de ser drásticamente corregida.

En tal sentido, restablecer la dignidad y la función de los partidos políticos es una tarea esencial. Se abusa de un burdo y falso apoliticismo que justifica una tecnocracia que se siente libre de toda obligación y compromiso, que se considera destinada a mandar y ser obedecida por la supuesta condición de “expertos” de quienes la constituyen, en esa desmedida autovaloración se nutre una soberbia que ya no da más, pues abre la puerta a conductas sin control y sin las fiscalizaciones y resguardos necesarios.

No se trata de volver al “cuoteo” partidario que fuera tan negativo; pero sí de pensar que las fuerzas políticas en democracia son fundamentales para presentar, promover, patrocinar y respaldar las opciones de gobierno, que luego la ciudadanía elige a través del voto libre, secreto e informado.

Por eso, su tarea no se puede reducir al aspecto meramente electoral, su función de proponer y proveer personas de trayectoria suficiente y con la capacidad requerida para asumir responsabilidades de Estado, fortalece la democracia, por cuanto son los partidos quienes deben contrarrestar y contener las malas prácticas que surgen en las esferas de poder, por la sencilla razón que deben enfrentar los costos de cada desaguisado ante el país; cuando algunos personeros no responden a nadie y llegan a creer que pueden caer en cualquier abuso y cometer reprobables ilícitos sin que sean sancionados, se erosiona y desgasta la solidez de la propia legitimidad de la institucionalidad democrática.

Hay que salir resueltamente al paso de las malas prácticas, su existencia debilita y deteriora la lucha contra la desigualdad, comprometida en el programa presidencial y daña al gobierno en la ejecución de las reformas estructurales que se esfuerza por llevar a cabo.

La trascendencia del juicio Penta se expreso en que se generara, en los hechos, una cadena televisiva que transmitía durante muchas horas las incidencias fundamentales que se registraban en la formalización de cargos. Valga señalar que son escasas estas ocasiones en que la sociedad puede observar momentos tan decisivos, en que poderosos individuos solos o en grupo, deben afrontar sus responsabilidades penales ante un Tribunal.

El país siguió atentamente el curso de los alegatos, la presentación de las pruebas y la información mediática.  Durante esas horas, en aquellas largas y extensas jornadas, el régimen democrático en Chile avanzó notablemente y se robusteció la institucionalidad. Ha sido una muestra de la fuerza de la democracia.

compartir en:
Camilo Escalona

Camilo Escalona

Actual Vicepresidente del PS y Ex-Director Instituto Igualdad. Fue senador por la Región de Los Lagos entre el 2006 hasta el 2014, encabezó el Partido Socialista desde mayo de 2006 hasta enero de 20101 y fue presidente del Senado (2012-2013).
compartir en: