CHILE, CAMINO AL DESARROLLO SUSTENTABLE

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por Carlos Contreras

Desde la aparición del hombre sobre la tierra, la interacción hombre/naturaleza ha sido un binomio no siempre afortunado en términos de un mantenimiento sustentable del ambiente. A pesar de las iniciativas que históricamente la humanidad ha puesto en práctica para tratar de detener la pérdida, no sólo de especies sino también de ecosistemas y beneficios que éstos ofrecen, hoy se encuentra en la encrucijada de adaptarse y tratar de mitigar (ya no de revertir) los efectos de la devastadora pérdida de ecosistemas. Actualmente, la magnitud de la influencia de la acción humana sobre los ecosistemas ha rebasado la posibilidad de permanencia de los mismos. Chile no está exento a esta realidad ya que el modelo de desarrollo impuesto (a la fuerza) presiona y contribuye al creciente deterioro ambiental y la política de comando/control desarrollada en la legislación chilena no aporta a sobrellevar de mejor forma este binomio y transporta al país entero (territorio/sociedad) a situaciones de stress que en el futuro serán insostenibles.

La promulgación de la Ley 20417, que modifica la Ley 19300 de Bases Generales de Medio Ambiente, trae por mandato la creación del Ministerio de Medio Ambiente (MMA), la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) y el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), en reemplazo de la CONAMA. Además, este proceso comprometía la creación de Tribunales Ambientales y el Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas (SBASP). El 2011 ingreso un proyecto a trámite que no prosperó siendo retirado por el actual gobierno e ingresando, con fecha 18 de junio de 2014, un nuevo Proyecto de Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas, siendo parte de las 50 medidas para los primeros 100 días de Gobierno de la actual presidenta.

El objetivo del MMA es “alcanzar el desarrollo sustentable para el país para mejorar la calidad de vida de los chilenos”. Pero, ¿el camino trazado hasta hoy es el indicado? Desde el punto de vista práctico, la incorporación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas viene a saldar una deuda concreta en relación al mantenimiento de las actuales condiciones ambientales. Al menos, los considerandos del proyecto de ley presentado a discusión en la cámara dejan en primera línea cuestiones que antes estaban sin consideración o que, simplemente, no eran tema a abordar desde el estado, sí de especialistas. Uno de los aspectos relevantes, es que este debe elaborar, monitorear y mantener inventarios de especies y ecosistemas presentes en todo el territorio nacional; desarrollar planes de recuperación, conservación y gestión de especies nativas; implementar planes, medidas o acciones destinadas al control de especies exóticas invasoras; implementar planes de manejo para la conservación de ecosistemas degradados; prevenir, controlar y erradicar especies exóticas y exóticas invasoras por razones de biodiversidad y no solo sanitarias, etc.

A su vez, el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas busca formalizar una realidad que hoy está dispuesta solo por áreas bajo control estatal y lo amplia a territorios bajo control de privados, integrándolas como un complemento de las estatales, pero bajo condiciones estrictas mediados por un reglamento específico para la creación de nuevas áreas silvestres protegidas, con consulta pública y pronunciamiento del consejo ministros para la sustentabilidad, donde solo se podrán modificar o perder dicha condición bajo decreto supremo del MMA, debe contar con un Plan de Manejo especifico, obligatorio, que sea consistente con el objetivo del área. Se incluye además posibles concesiones al interior de estas áreas, siempre y cuando estas áreas cuenten con un Plan de Manejo y solo sea para fines de desarrollo del ecoturismo, la investigación científica o la educación, estableciendo un Comité Técnico de carácter consultivo para el otorgamiento de dichas concesiones. Además, se le otorga a los guardaparques la categoría de Funcionario Público y ministro de fe en la fiscalización al interior de las áreas protegidas.

Plantea, también, la creación de un Fondo Nacional de Biodiversidad que busca fomentar “programas de conservación fuera de las áreas protegidas, incentivando las actividades de uso sustentable de la biodiversidad, la investigación, la restauración de ecosistemas degradados, la recuperación de especies y la educación”.

Hoy, la realidad del Control, Coordinación, Fiscalización y Supervigilancia de la Biodiversidad y las Áreas Protegidas del país están distribuidas y repartidas en distintas reparticiones (Conaf, Sernapesca, SAG, Sernatur, etc) y dicho proyecto de ley busca articular y coordinar bajo una misma repartición dichos procesos con el objeto de dar una mayor eficacia en la Gestión de las áreas protegidas existentes en el país.

Después de 5 meses de ingresado el Proyecto de Ley, la discusión en el parlamento no ha estado exenta de polémicas. Muchas organizaciones han presentado sus reparos y se han quejado de la falta de participación en el origen de dicho proyecto de ley, quizás la Consulta a los Pueblos Originarios puede ser la más importante de ellas, debido a que la gran mayoría de las Áreas Silvestres Protegidas están dentro de sus territorios y el Convenio 169 de la OIT mandata a los estados asegurar su participación en los procesos legislativos. Otras, que si bien fueron consultadas con anticipación, alegan que sus observaciones y reparos no fueron tomados en cuenta, y el tira y afloja está en la palestra.

Claro está que el Proyecto de Ley carece de profundización en varios tópicos presentados, a la vez que falta ver como se hará el traspaso desde CONAF el SNASPE al nuevo SBASP, pero para eso está el parlamento, para perfeccionar y dar espacio a todos en la discusión y tramitación antes de que este sea Ley de la Republica.

Ha sido un proceso bien intencionado, con falencias mínimas en el origen del Proyecto de Ley, pero que busca saldar una deuda transversal con la Conservación del Patrimonio Natural y Ambiental de nuestro país. Es de esperar que el Proyecto de Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas llegue a buen puerto y dar el primer paso, y encaminarnos como país, al tan ansiado Desarrollo Sustentable.

Carlos Contreras T.

Es Ingeniero Forestal, Licenciado en Ciencias Forestales de la Universidad Católica de Temuco y Post-Graduado en Evaluación Ambiental de Proyectos de la Fundación de Estudios Avanzados de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como Investigador Adjunto para temas Ambientales del Centro de Estudios Instituto Igualdad y del Centro de Estudios Regionales de la Araucanía.

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