Michelle Bachelet y el desafío nacional del piso de protección social

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Bachelet

Teniendo en consideración las exitosas políticas sociales implementadas durante su periodo como Presidenta de Chile, así como su destacada labor como Subsecretaria General de la ONU y Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, Michelle Bachelet fue designada presidenta del Grupo Consultivo sobre el Piso de Protección Social (PPS) que emitió un fundamentado Informe Final en 2011. La iniciativa para la realización de esta trascendente tarea surgió de una decisión de la Organización Internacional del Trabajo con la colaboración de la Organización Mundial de la Salud, de agosto de 2010, en el marco de la Iniciativa del Piso de Protección Social de la ONU.

Los objetivos que se planteó el Grupo Consultivo fueron cuantificar los desafíos sociales mundiales, precisar el concepto de PPS, desarrollar argumentos en favor de su adopción por la mayor cantidad posible de países, estudiar mecanismos para su implementación teniendo en cuenta las diferentes condiciones socioeconómicas de cada uno, definir principios para lograr su implementación y vincular las diversas estrategias económicas nacionales con la adopción de un PPS viable.

El grupo de trabajo dirigido por Michelle Bachelet se conformó con personalidades representativas de las diversas regiones del planeta, pertenecientes al mundo político y también al académico especializado en políticas sociales y desarrollo económico. Contó además con la participación y respaldo de casi todas las organizaciones del Sistema de Naciones Unidas, incluidos el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM).

El contexto en el que se sitúan la conformación y los debates del Grupo Consultivo estuvo caracterizado por la crisis económica iniciada en 2008 en Estados Unidos, la cual agudizó una globalización asimétrica generando efectos negativos en la economía mundial y en la cohesión social de la mayor parte de los países. Cabe precisar que sus impactos, que aún perduran en intensidades variables, se pueden precisar y cuantificar en cada región del planeta, a pesar de que en América Latina y el Caribe (ALC) existen avances importantes en la reducción de la pobreza y algunos logros de menor densidad en la lucha contra la desigualdad.

La conclusión general del Informe del Grupo Consultivo es que un modelo de crecimiento basado tanto en la concentración de ingresos y activos como en la exclusión social, no es ni económicamente viable ni socialmente aceptable en ningún país. Efectivamente, situadas en lugares prioritarios de la agenda global establecida por la ONU con los Objetivos del Milenio (ODM) en 2000, la pobreza y la desigualdad aparecen nítidamente como dos de los desafíos principales que enfrenta el mundo de inicios del siglo XXI. Y la necesidad de diseñar políticas sociales adecuadas y viables para enfrentar estos desafíos globales constituye una prioridad absoluta para los gobiernos y las sociedades, tarea de envergadura histórica en la que el apoyo de los organismos internacionales puede resultar decisivo.

Las evidencias son claras. Hay 1.400 millones de pobres que viven con menos de 1,25 dólares diarios, 925 millones de personas padecen hambre crónica, 75% de la población del planeta no está cubierta por una seguridad social adecuada, 9 millones de niños menores de 5 años mueren anualmente por enfermedades fácilmente prevenibles, y 100 millones de personas acaban viviendo por debajo del umbral de pobreza cuando se ven obligadas a hacer frente a los costos de la atención médica. Por ello, con la colaboración de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) plasmó en 2010 el concepto de Piso de Protección Social (PPS). En palabras del Secretario General de las Naciones Unidas, Ban-ki Moon, “nadie debería vivir por debajo de un nivel de ingresos determinado y todo el mundo debería gozar de acceso a servicios públicos esenciales tales como el agua y el saneamiento, la salud y la educación”.

El fructífero trabajo del Grupo Consultivo quedó plasmado en el Informe denominado “Piso de Protección Social para una globalización equitativa e inclusiva”, editado en 2011 por la OIT, ISBN 978-92-2-325338-7 [1]. Teniendo como insumos estudios de casos de políticas sociales exitosas en países de varias regiones del mundo en desarrollo y desarrollados, análisis nacionales de los efectos virtuosos de la protección social en el crecimiento económico –especialmente en épocas de crisis-, cohesión social y estabilidad política, el Informe está llamado a convertirse en una guía programática indispensable para el diseño e implementación de políticas viables y eficaces para enfrentar los desafíos sociales, económicos y políticos en cada región del planeta.

Varios son los países ya han incorporado los elementos principales del PPS a sus sistemas de protección social. Y mientras en el mundo en desarrollo ha quedado demostrado que el acceso a los programas de seguridad social tiene una influencia directa y muy rápida en la reducción de la pobreza y la disminución de la desigualdad, en los países desarrollados se ha constatado la eficacia de medidas propias del Piso de Protección Social en la reducción de la pobreza, la contención de la desigualdad y la sustentabilidad de un crecimiento económico equitativo.

En efecto, en el Informe señala que “en los países de la OCDE se estima que el nivel de pobreza y desigualdad es aproximadamente la mitad del que cabría esperar en ausencia de sistemas de protección social”. Particularmente relevante es la conclusión en el contexto de la crisis económica y financiera por la que atraviesan los países de la Unión Europea, Estados Unidos y Japón, ya que “muchas de las medidas propias del Piso de Protección Social han actuado como eficaces estabilizadores anticíclicos. Han contribuido a mitigar los efectos negativos sobre el mercado de trabajo, ayudando a mantener la cohesión social y estimulado la demanda agregada”. En resumen, el efecto combinado de estas medidas ha contribuido en forma considerable a la recuperación económica en varios países, por lo que los recortes al gasto social preconizados como recetas de austeridad para enfrentar la crisis europea pueden resultar tremendamente nocivos para los países de la Unión Europea (UE). Así está quedando demostrado en las agudas crisis económicas, sociales y políticas que viven Portugal, Grecia, Italia e incluso España.

El enfoque basado en los ingresos del PPS también puede contribuir a disminuir los desequilibrios de la economía mundial, al promover el aumento del poder adquisitivo de los grupos emergentes de consumidores en los países en desarrollo y el consiguiente fortalecimiento de los mercados internos nacionales. El caso de Brasil es un buen ejemplo de lo señalado.

El PPS constituye una visión general basada en los derechos humanos en su acepción de derechos económicos, sociales y culturales, dado que es un conjunto integrado de políticas sociales diseñadas para garantizar a toda persona la seguridad de ingresos básicos, así como el acceso universal a los servicios sociales esenciales en seguridad alimentaria, salud, educación vivienda, servicios sanitarios y otras esferas definidas en las prioridades de cada país.

En el Informe que comentamos, la protección social no es considerada como un elemento marginal y como efecto posterior al crecimiento económico equitativo ni al aumento de productividad -como sostiene el pensamiento neoliberal-, sino que se le eleva a la categoría de elemento esencial y sine qua no de ambos.. Se trata de un enfoque que permite que la ciencia económica resitúe al ser humano en el centro de su objeto de estudio, produciendo idéntico resultado con la política.

Por ello, es paradojal que a más de un año de su publicación, el Informe del Grupo Consultivo no haya sido objeto de divulgación en Chile ni en el resto de ALC. No es menor recordar que cuenta con la participación y respaldo de casi todas las organizaciones del Sistema de Naciones Unidas, incluidos FMI y el BM . Y vale también la pena recordar que a pesar de los avances logrados por América Latina en las últimas dos décadas, continuamos siendo la región más desigual del planeta.

El PPS es un instrumento de justicia social que forma parte de un interesante cambio de paradigmas en la acción de los organismos internacionales en general, incluyendo los que integran el grupo del BM. La persistencia de la pobreza en el mundo y los aumentos de la desigualdad coexisten con altos niveles de crecimiento económico y del Producto Interno Bruto (PIB) de los países, generando un agudo malestar social que se expresa en todas las regiones del planeta, sean desarrolladas o en desarrollo. Dicho malestar social amenaza ya la estabilidad política en muchos países, tanto del mundo desarrollado como en las regiones en desarrollo.

Lo anterior ha llevado a los organismos internacionales a empezar a poner atención no sólo en los indicadores macroeconómicos, sino que también a focalizar su acción en el bienestar y desarrollo del ser humano. De lo que se trata ahora es de compatibilizar desarrollo económico sustentable con desarrollo humano, en un enfoque de justicia social que aspira a diseñar e implementar políticas específicas que transformen en realidades los derechos incluidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales suscrito por casi todos los Estados de la sociedad internacional.

Así como ALC es la región más desigual del planeta, Chile es uno de los países con mayor desigualdad de la región. Aunque haya hecho avances notables en la reducción de la pobreza durante los gobiernos de la Concertación, y avances de menor entidad en la reducción de la desigualdad, en esta coyuntura histórica del país reducir la desigualdad se plantea como la tarea nacional más importante.

Las movilizaciones sociales de los estudiantes, de los habitantes de regiones marginadas del país, de los trabajadores y de quienes aspiran a conservar y proteger el medioambiente de cada zona amenazada por proyectos industriales, indican claramente que la conciencia de los derechos económicos y sociales de los chilenos ha llegado para quedarse. Es necesario que temas estratégicos como el PPS dejen de ser ignorados en el debate nacional, pues de persistir su exclusión nuestra agenda pública seguirá fuera de las tendencias universales en cuanto a la necesaria discusión que deben tener las políticas sociales.

El Informe debiera convertirse en la base de la discusión programática de los partidos políticos de centro y de izquierda que actualmente conforman la oposición, así como de los importantes movimientos sociales surgidos en los últimos años. Claramente sus conclusiones dejan al descubierto que es necesario remover los obstáculos que impiden que se debata un programa que debieran construir conjuntamente los partidos y las fuerzas sociales comprometidas con los cambios que el país requiere en forma urgente.

El debate indispensable para lograr la cohesión social y conservar nuestra estabilidad política pasa por establecer una reforma tributaria capaz de crear el espacio fiscal indispensable para financiar un PPS integral, restablecer los derechos fundamentales de los trabajadores y el rol del Estado en una educación gratuita y de calidad, adecuar la Constitución Política a los nuevos desafíos sociales y contar con un sistema electoral efectivamente proporcional y representativo.

Es muy probable que Michelle Bachelet se convierta, tras las primarias de junio en la candidata presidencial de la oposición unida. Dado el liderazgo internacional que ejerció en el debate sobre políticas para erradicar la pobreza y reducir la desigualdad en el mundo, así como el que ejerce hasta ahora para la erradicación de toda forma de discriminación contra la mujer, resultará fundamental su aporte en la organización de la discusión y en la determinación de las directrices de política pública para lograr un desarrollo inclusivo y equitativo en Chile. Se trata de una demanda social de profundas raíces que exige una respuesta política trascendental.

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INSTITUTO IGUALDAD es una fundación de derecho privado sin fines de lucro, creada por el Partido Socialista de Chile. Sus objetivos básicos son la contribución al fortalecimiento de las instituciones democráticas y republicanas de Chile, y la difusión de las ideas democráticas en un marco de igualdad social, crecimiento económico con bienestar, integración y cohesión social, con respeto pleno de la pluralidad y la libertad.
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