Por José L. Díaz Gallardo, Historiador y colaborador del Instituto Igualdad
Los graves hechos de violencia ocurridos en la Araucanía en los últimos días, que incluyeron el homicidio de un matrimonio de la tercera edad (03.01), tuvo como uno de sus efectos una severa crítica a las instituciones involucradas en la prevención y persecución de estos delitos. La mayoría de los cuestionamientos fueron dirigidos a la labor de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) y a su director, el abogado de RN, Gonzalo Yussef. En el siguiente artículo contextualizamos el quehacer de la ANI, y más que examinar la actividad coyuntural del organismo, nos enfocaremos en lo que consideramos las variables estructurales que aquejan el cometido del ente estatal.
Datos sobre la Función de Inteligencia
Antes de entrar en materia, nos detendremos tanto en aspectos históricos, como entregaremos información sobre la función de inteligencia en los estados modernos y democráticos.
Como es conocido, los trabas históricas que en América Latina (y en Chile) han afectado la legitimidad y eficacia de las actividades de inteligencia han sido la utilización de ella en la represión política de opositores durante las dictaduras, la tendencia de la inteligencia militar a invadir áreas que no le son propias (conflictos internos) y la tentación de autoridades políticas de usar los organismos contra organizaciones o adversarios políticos incómodos.
La tarea básica de la inteligencia es desarrollar conocimiento que permita anticiparse a las amenazas y riesgos al estado democrático, a la sociedad y a los intereses nacionales, con la finalidad de colaborar en la toma de decisiones de las autoridades de gobierno. Enfoques más contemporáneos la extienden al aporte en la identificación de oportunidades que se presentan al país. En términos prácticos, se trata de una disciplina de escrutinio y validación, con un marcado enfoque prospectivo.
En la mayoría de los países, en particular en los más desarrollados, esta función es realizada por una serie de organizaciones, el conjunto de las cuales recibe la denominación de “comunidad de inteligencia”; como por ejemplo en EE.UU. donde al menos son 15 las instituciones que pertenecen a esta competitiva entidad dependiente de diferentes Departamento; del de Defensa, de Justicia, o del Tesoro. En Alemania existen 3 grandes organismos, dedicados a las labores internas, externas y al contra espionaje militar. Para coordinar estas instituciones, e intentar que cooperen entre ellas, se suele estructurar un “Sistema” de inteligencia.
En nuestra región, estos servicios han sufrido una serie de transformaciones en las últimas décadas, en forma paralela a los procesos de democratización política iniciados en los años 80. Posteriormente, otro momento histórico que trajo cambios institucionales fue al inicio de la centuria; el que coincidió de alguna manera con los atentados del 11 de septiembre del 2001, marco en el cual se produjeron cambios legislativos en países como Brasil, Perú, Argentina y Chile.
Datos y Apreciaciones sobre la ANI [1]
En nuestro país, la ANI fue creada por la Ley N° 19.974 de octubre del 2004, la que vino a reemplazar a la Dirección de Seguridad Pública e Informaciones (DISPI) creada en abril de 1993 (por la Ley N°19.212) el que fue el primer servicio de inteligencia compuesto exclusivamente por civiles. Ambas instituciones son definidas como de carácter directivo, técnico y especializado; también comparten la dependencia del Ministerio del Interior, y cuentan con una dotación de alrededor de 100 funcionarios (entre directivos, analistas, técnicos y auxiliares).
Con la formación de la ANI se avanzó en dos aspectos elementales: en la estructuración de un Sistema Nacional de Inteligencia, que definió los nexos entre los distintos organismos que se dedican en Chile a la actividad; y se normó por primera vez el uso de las técnicas intrusivas y los métodos encubiertos, temas especialmente sensibles por su relación con las libertades públicas y la vigencia de un Estado de derecho. Se estableció que estas operaciones se podrían realizar sólo con autorización judicial, procedimiento a respetar por todos los actores del sistema.
Un recuento de los aciertos vinculados a la gestión de la ANI debe consignar las designaciones intachables [2] (no ha habido denuncias de enriquecimiento ilícito o irregularidades) así como no se han producido seguimientos o escuchas ilegales ordenadas por la autoridad. Asimismo, el personal está bien remunerado, sus sueldos son más altos que sus equivalentes en la administración pública y las credenciales académicas serían buenas, no habiendo denuncias de fuga de información. Finalmente, la relación entre el “Sistema” y la Comisión de Inteligencia de la Cámara ha sido calificada como fluida.
Respecto a las críticas, ya al dictarse la Ley muchos consideraron que se trataba de una norma insuficiente y perfectible en el tiempo. Las principales críticas se dirigieron a aspectos de concepción y orgánicas. Respecto a lo primero, se cuestionaba que las estructuras creadas no se organizaran en función del origen de las amenazas, la nacionalidad de los destinatarios de los operativos o el lugar donde se desarrolla las actividades sometidas a control, separando la competencia de los distintos organismos.
Las críticas orgánicas eran múltiples, y se referían a la escasa jerarquía del organismo en el aparato estatal; ya que sólo tiene el status de servicio público, cuando al menos debería tener un rango de Subsecretaría (en Argentina tiene la calidad de ministerio). Asimismo se observaba que la planta institucional, de por sí escasa (limitada a un máximo de 125 funcionarios) no se centraba en los “analistas”, sino se concentraba excesivamente en los directivos y en personal de apoyo. Otra falencia que se subrayó fue el presupuesto conferido, más bien modesto, de unos US$ 9 millones de dólares anuales, montos exiguos si se comparan con los cerca de 250 millones de dólares con los que cuenta el SIDE argentino, de los cuales 130 millones serían para gastos reservados. Otro aspecto destacado es la falta de solución a la formación de los analistas.
Observaciones menores, pero importantes para nuestro tema, se referían a la centralización de la institución en la ciudad de Santiago, al no poseer sedes regionales y menos representación en el extranjero. Incluso la enumeración consideraba el exceso de temas seguidos, lo que afecta la eficiencia y profundidad de los estudios. Otras debilidades se darían en el área de contra espionaje por falta de medios, falta de especialistas en idiomas (árabe, quechua, mapuche, etc.) en el campo tecnológico y sectores afines. Finalmente, algunos especialistas han destacado que las severas restricciones a la operatividad puede ser clave a la hora de su relación con las otras instituciones del sistema, en particular de las policiales, aunque no exclusivamente de ellas.
La ANI y El Conflicto Mapuche
Como resultará obvio, varios de las problemáticas que se han planteado más arriba jugaron un rol significativo en el pobre desempeño que se le ha reprochado a la ANI. Todo indica que las características del conflicto permiten que el organismo consiga, en un trabajo paciente y prospectivo, cooperar a la prevención de acciones lamentables; al tratarse finalmente de un conjunto de demanda con significativos componentes históricos, culturales, socio-económicos y políticos, los que no se agotan en un asunto puramente policial o represivo.
Se ha señalado acertadamente que se trata de un conflicto acotado geográficamente, cíclico y con organizaciones identificables, donde los episodios de violencia aguda, aunque esporádicos, llevan más de 10 años. Como bien a señalado el diputado Jorge Burgos (PDC) ha existido claramente un déficit en el trabajo de Inteligencia. Otras carencias y errores han sido puestos en la palestra por autorizados personeros, como el diputado, (PS) Marcelo Schilling y particularmente el senador y ex ministro del Interior, Andrés Zaldívar, quien fue especialmente lapidario en sus apreciaciones, referidas a su experiencia como jefe de la cartera de Interior [3].
Sin duda alguna el trabajo prospectivo ha fallado, o no ha sido atendido debidamente por el ejecutivo, lo que en la práctica es lo mismo. Por su parte, el conjunto de la elite política también ha fracasado en su interpretación de la cuestión, ya que prácticamente ningún sector político puede atribuirse un diagnostico certero de lo que viene aconteciendo en la zona; como se expresa asimismo en la falta de prioridad dada por el Congreso y sus bancadas parlamentarias.
Por su parte, el centrar el tema (como lo hacen algunos) en la designación especialmente equivocada de un Director inexperto y especialmente alejado de la actividad, constituye un enfoque reduccionista del dilema que se presenta a la institución. Creemos que con lo dicho hasta aquí queda en evidencia la centralidad de las limitaciones estructurales que tiene la ANI. Por lo tanto, una acción más diligente necesariamente requerirá ajustes legislativos que den cuenta de la experiencia del organismo en sus ya 8 años de historia.
Sin embargo, no todo se juega en lo legal o legislativo; importante papel tiene lo que se denomina como “voluntad política”. Todo indica que en estos años de gestión, el que cruza 3 gobiernos, no ha existido una verdadera voluntad política del ejecutivo en el sentido de conferir al principal órgano de información gubernamental, del rol que la Ley le otorga. Aunque en el papel las alternativas o vías para reimpulsar el trabajo de la ANI parecen ser una profunda reforma, o incluso una refundación, cualquier curso de acción reclama un mayor compromiso de parte del conjunto de la elite política; sin ello los cambios serán irrelevantes y estériles.
Notas al pie:
- [1] Un examen más detallado hicimos en su época, ver, José Díaz Gallardo: La Ley de la ANI: Un Breve Análisis. Revista Avances. N°44, abril 2003, páginas 17-24.
- [2] Un recuento bastante exhaustivo de los aciertos y las falencias en Carlos Maldonado: Inteligencia Estratégica en Chile: Balance de 20 años de Democracia. Seminario “Estudios Estratégicos e Inteligencia Prospectiva”. Flacso-Ecuador. Quito. 29-30 de Septiembre del 2010.
- [3] El artículo del diputado Jorge Burgos es: El Conflicto de la Araucanía y el Déficit de la Inteligencia. Ciper-Chile, 10.01.13; también el texto de Ascanio Cavallo: La ANI en la Vorágine, La Tercera, 12.01.13. Las interesantes entrevistas a Marcelo Schilling: “Violencia en la Araucanía ‘revela un cambio similar a lo que paso con crimen de Guzmán”, La Segunda, 08.01.13, y la del senador y ex ministro del Interior, Andrés Zaldívar: “La ANI no sirve para Nada”, Pulso. 14.01.13.
