El Estado contemplativo

Vale la pena llamar la atención que la actual crisis por la que atraviesa el sistema de acreditación de la educación superior solo ha podido ser develada a partir de la configuración de delitos o de la investigación periodística. Algo parecido ha ocurrido con los subterfugios para incumplir la norma que prohíbe el lucro en el sistema universitario. Es como si entre la acción autorreguladora del mercado, en la que se funda el actual modelo educativo, y el ilícito no existiera nada o más bien solo hubiera un Estado ausente o contemplativo que reacciona exclusivamente cuando las irregularidades y faltas, o las denuncias de estas, adoptan la forma de delitos.

No debería sorprendernos que así ocurra si recordamos que el modelo educativo chileno constituye uno de los experimentos más radicales en el mundo –tal vez el más radical- en términos de colocar al mercado como el garante principal no solo de la calidad sino también de la supervivencia de las instituciones educativas. La filosofía del actual modelo indica que es la competencia entre las instituciones –organizadas como un mercado o “cuasi mercado” – la que irá definiendo su  fortaleza y viabilidad. En el sistema escolar los mejores colegios atraerán más alumnos y con ello más subvenciones públicas. En el caso de la educación superior estas verán aumentar su matrícula y con ello las becas, créditos o los aportes del Estado. A su vez, las instituciones que pierdan en esta carrera desaparecerán, en una suerte de “darwinismo de mercado”, sobreviviendo las mejores.

Cuando se tiene la creencia de que la racionalidad de mercado es la que permite el desarrollo del sistema educativo, cualquier interferencia del Estado es vista como una interrupción de las lógicas de su constante perfeccionamiento. Es entendible que una autoridad pública que así razona no despliegue con vigor y convicción su potestad administrativa y se sienta inhibida de actuar de manera anticipatoria y proactiva, dejando a los estudiantes y sus familias librados a su suerte de consumidores y no de ciudadanos; a la intemperie -como estudiante de la Universidad del Mar-  merodeando entre el Sernac y el Ministerio Público.

Complejiza las posibilidades de un cambio el que junto a la transformación profunda de las bases del sistema educativo chileno ocurrida hace ya 30 años –“el tránsito de la República al mercado” como la ha definido el profesor Carlos Ruiz-  se ha venido constituyendo una tupida red de intereses privados derivados de la expansión de la educación como un negocio. El asunto ya no es solo ideológico sino que implica poderosos intereses económicos, los cuales se han imbricado y han capturado de manera transversal a parte importante de la elite política.

No está de más recordar que la actual ley de acreditación se tramitó cuando todavía existían senadores designados. Esa es su legitimidad de origen. Los males que hoy todos concuerdan que tiene esta legislación fueron la clara expresión e imposición de una mayoría que en aquel entonces creía que en materia de regulación y resguardo de la fe pública de las instituciones educativas se debía, por sobre todo, asegurar que el Estado estuviese lo más ausente y retraído posible. Los daños sociales y educativos de este extremo ideologismo están nuevamente a la vista.