El Contralor General, Ramiro Mendoza, se reunió este martes 4 de diciembre con representantes de las organizaciones Ciudad Viva y Asesoría Ciudadana, quienes le dieron a conocer un estudio que buscó monitorear la implementación de la Ley de Asociaciones y Participación Ciudadana a nivel Municipal 2012.
El trabajo, efectuado por los investigadores Tomás Marín y Danae Mlynarz, de Ciudad Viva, contó con el aporte de Fundación Avina y Open Society Foundations. Implicó un sondeo nacional de la implementación de la señalada ley, a nivel comunal, dando cuenta de los resultados y déficit del proceso, mediante el uso de los mecanismos establecidos por la Ley de Transparencia. Para ello se enviaron solicitudes a los 345 municipios, consultando diversos aspectos de la Ley de Participación Ciudadana, y cuyas respuestas recibidas hasta mayo de 2012 fueron la base del estudio.
A la reunión con el Contralor –quien les recibió junto a autoridades institucionales de las áreas de Municipalidades y del Portal Contraloría y Ciudadano- asistieron Tomás Marín y Danae Mlynarz; la directora de Ciudad Viva, Magdalena Morel; junto a Amaro Oróstica y Nicolás Facuse, ambos de Asesoría Ciudadana.
Al exponer las conclusiones de su trabajo, Danae Mlynarz sostuvo que “una parte de los municipios que participaron en este estudio no está cumpliendo la ley. Por lo tanto, nos parece que una nueva normativa aprobada recién en 2011 amerita una profundización de la fiscalización por parte de Contraloría cuando en un 48 por ciento no se está cumpliendo con ella”.
Agregó que sólo un dos por ciento de las entidades edilicias cumple más allá de lo establecido en la ley, mientras que el 50 por ciento responde parcialmente a lo que especifica esta normativa.
La principal conclusión expuesta por los investigadores indica que existe una pobre implementación de la nueva Ley de Participación en la gestión pública, lo cual afectaría la calidad de la democracia, “en tanto dificulta el desarrollo de una ciudadanía activa, especialmente la corresponsabilidad y rendición de cuentas”.
La máxima autoridad fiscalizadora, Ramiro Mendoza, destacó la importancia de avanzar en aquellas materias destinadas a la difusión y capacitación de los alcances de este reglamento y reconoció la existencia de “una débil lógica de estímulos al cumplimiento correcto de la ley”, precisando que la mirada fiscalizadora normalmente se orienta “a pegar el palo y no necesariamente a reconocer las dificultades que tiene la Administración”.
Aclaró que la CGR cuando audita a los municipios lo hace de acuerdo a una definición de materias, dentro de las cuales no está la revisión del estado de cumplimiento de la Ley 20.500 e indicó que “éste es un eje que nosotros debiésemos incorporar en la planificación del año 2013”.
En términos generales, mencionó que el desconocimiento por parte de la ciudadanía de las leyes y reglamentos que les permiten actuar en la gestión pública puede incidir en la pérdida de confianza que el ciudadano tiene respecto del Estado.
