Debate jurídico en torno a la licitación del litio y el futuro del recurso

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Litio

Tres destacados abogados, contrarios al proceso de licitación del Litio que pretende realizar el Gobierno mediante los Contratos Especiales de Operación (CEOL), participaron en el Taller “Aspectos Legales de la Explotación de Litio en Chile”, realizado el pasado jueves 18 de octubre, en la sede del Instituto Igualdad, que organizó el Programa de “Seguridad Minera y Geología” del Instituto en coordinación con la FAMEGA (Federación de Asociaciones del Sector Público Minero, Energético, Geológico y Ambiental).  El encuentro contó con la asistencia de representantes del Instituto de Ingenieros de Minas, de la Federación de Supervisores del Cobre, de la Universidad de Playa Ancha, FESUC, y profesionales del ámbito geológico y del derecho minero.

Este evento tuvo como propósito analizar el marco jurídico regulatorio de este importante recurso natural y los diversos aspectos legales que permitieron la presentación, ante  tribunales, de la demanda de nulidad del Decreto Supremo 16 y la Resolución 12, con los cuales el Ejecutivo dio  inicio al proceso de licitación, llevado adelante por el Ministerio de Minería, y liderado por el Subsecretario Pablo Wagner. Quien -como se sabe- debió finalmente renunciar a su cargo en el Gobierno, como consecuencia del fallido proyecto que otorgó a la empresa SOQUIMICH el contrato de operación, a pesar de que ésta no daba  cumplimiento a varios requisitos establecidos en el propio reglamento de la licitación.

Los abogados presentes en esta actividad fueron Patricio Zapata, abogado constitucionalista, patrocinante de la demanda de nulidad de la licitación presentada por la Senadora Isabel Allendo y otros parlamentarios; el abogado Gabriel De La Fuente, Presidente del Programa de Asesoría Legislativa del propio Instituto Igualdad;  y el jurista Carlos Arrué, en representación del Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz ICAL.

La Nulidad de Derecho Público acogida en Tribunales

Patricio Zapata, inició las exposiciones precisando que él si bien es un abogado constitucionalista, dada la relevancia del hecho se encuentra involucrado en este tema minero. Dada su especialidad, la demanda se basa en la solicitud de Nulidad de Derecho Público, recurso que brinda la constitución, pero llevada en esta ocasión a un nivel superior a lo realizado anteriormente, pues se pretende declarar nulo el Decreto Supremo Nº 16, dictado por el Presidente de la República, Sebastián Piñera.

La importancia de esta demanda, presentada por los senadores Isabel Allende, José Antonio Gómez, Ximena Rincón, Mariano Ruiz Esquide, Pedro Muñoz y Jaime Quintana, radica en que los tribunales acogieron esta presentación, lo que marca un verdadero hito jurídico, y con la cual se persigue, finalmente, anular el Contrato Especial de Operación del Litio (CEOL), que equivale a una concesión minera encubierta, ya que otorga facultades de explotación en cualquier parte del territorio nacional a pesar de que el Litio está definido como un “recurso estratégico no concesible”. Luego, el abogado Zapata, destaca que aunque la licitación haya sido declarada inválida por el propio Gobierno, el proceso sigue en pie y es muy probable que se ponga en marcha una nueva licitación, ya que mientras el Decreto Supremo Nº 16 se mantenga vigente el Gobierno está en condiciones de insistir en el proceso de los CEOL.

Ante ello, afirma el jurista, debe articularse un movimiento en defensa de los derechos de las personas y las comunidades, que involucre a los especialistas y  que por el bien del país, se legisle sobre la explotación del Litio,  desechando la vía administrativa elegida por el Gobierno y, en cambio, privilegiar la preeminencia de la Ley sobre la dictación de Decretos Supremos.

Por último -indicó el jurista- tampoco es bueno que respecto del Litio no se esté haciendo nada, lo deseable es que se elabore una Política Nacional del Litio validada y legitimada en el Congreso y con los actores sociales vinculados al tema, pues la constitución da margen para ello.

El Rol del Estado ante los Recursos Naturales del País

Por su parte, el abogado Carlos Arrué, manifestó que los acontecimientos relacionados con el proyecto de Licitación del Litio impulsado por el Ejecutivo, es parte de una política tendiente a  disminuir el Rol del Estado respecto de sus recursos naturales, y que la oposición al desarrollo de los CEOL es también una defensa irrestricta de este Rol, que constituye un ejercicio de soberanía sobre los recursos naturales. Por ello, debe quedar establecido que no pueden llevarse adelante este tipo de contratos especiales desarrollados unilateralmente por el Gobierno, sin que haya conocimiento y una activa participación de los distintos sectores de la sociedad chilena, dada la importancia estratégica que tiene este recurso para el desarrollo del país.

No debería ser posible, en este ámbito, actuar simplemente por Secretaría, tal como lo está haciendo el Gobierno con la creación de los CEOL. En cambio, se hace necesario un proyecto de ley que regule el ejercicio de la reserva estatal sobre el Litio, tal como lo propone un Proyecto de Acuerdo votado favorablemente en el Congreso y presentado por los Diputados Lautaro Carmona, Luis Lemus, Adriana Muñoz, Sergio Aguiló, Pedro Velásquez, Eduardo Cerda y Marcos Espinoza.

Luego, el abogado Arrué, entregó una serie de antecedentes relacionados con las importantes facultades legales que -por tratarse de un recurso estratégico de interés nuclear- la Ley 16.319 le confiere  a la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN). Por lo anterior, el Ejecutivo tuvo que consultar a esta institución la procedencia de los contratos CEOL, los que fueron autorizados expresamente en un Oficio de abril de 2012. Asimismo, explicó, que se requiere también de un informe de la CCHEN, en el caso de que se pretenda dictar una ley respecto de este tema.

Por último, el abogado Gabriel De La Fuente, efectuó una reseña de un conjunto de iniciativas de parlamentarios de la oposición realizadas desde el año 2009, proponiendo una Reforma Constitucional que reserve al Estado la explotación directa del Litio, declarándolo no concesible y, simultáneamente, que se proceda a modificar la Ley Orgánica de Codelco para llevar adelante la explotación de este recurso por medio de esta empresa o por una Empresa Estatal creada para dichos fines.

Enseguida, De La Fuente, recalcó que el tema debe estar radicado en el parlamento, el que tiene la responsabilidad de establecer una Política Nacional sobre la explotación del recurso, pues iniciativas como las actuales no generan conocimiento, ciencia, ni otras externalidades positivas para el país.

Otros aspectos de interés en torno a la explotación del  Litio

Durante el diálogo con los asistentes al Taller se analizaron algunos temas fundamentales en torno a la explotación del Litio, como por ejemplo:

  • La falta de fiscalización sobre las actividades extractivas en el Salar de Atacama y su impacto sobre las reservas de Litio y la salmuera del Salar, así como sobre los recursos hídricos subterráneos en torno al Salar.
  • El desconocimiento de los controles sobre el cumplimiento de los contratos de arriendo que tiene CORFO y SCL.
  • El ausente rol de SERNAGEOMIN en estas materias, a pesar de ser una institución con competencias técnicas sobre el tema, ya que cuenta con profesionales expertos en Recursos Minerales e Hidrogeología.
  • La necesidad de generar instancias de desarrollo para generar procesos de industrialización del producto Litio en el país.
  • La necesidad de contar con una empresa estatal capaz de explotar el Litio de manera de maximizar la ganancia de largo plazo para el país.
  • Las sorprendentes ganancias de SOQUIMICH que opera su sistema de producción considerando al Litio como un subproducto del Potasio. Ello se evidencia en que de los aproximadamente US$ 1.000 millones de venta anual de sus productos, el 80% corresponde a las Sales de Potasio, mientras que el Litio representa solo un 20%.
  • El bajísimo Royaltie que por contrato paga SOQUIMICH por el arriendo de las propiedades a CORFO, el que alcanza a solo US$ 30 millones.
  • El posible conflicto jurídico entre las facultades que otorga el CEOL versus los derechos de Propiedad Minera y Derechos de Aguas.

Cabe informar, que durante el desarrollo del evento hubo presencia periodística coordinada por FESUC, que grabó íntegramente cada una de las intervenciones, como asimismo el debate final. Dicho material, se encuentra en edición y será dado a conocer en las próximas semanas.

(*) FAMEGA: Federación de Asociaciones del Sector Público Minero, Energético, Geológico y Ambiental.

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