Organizaciones ciudadanas rechazan orientación de Subdere

Su tajante rechazo a la forma en que la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) está sugiriendo a las municipalidades reglamentar la ley de participación ciudadana en la gestión pública, manifestaron dirigentes de organizaciones ciudadanas que pidieron hoy la intervención de la Contraloría General de la República en este tema. Danae Mlynarz, Nicolás Facuse, Moisés Scherman, Francisco Estévez y el concejal de Ñuñoa Manuel Guerrero concurrieron el pasado 26 de julio a las 10,45 horas, a la oficina de partes de la Contraloría, con el fin de hacer una presentación para que se evalúe la orientación entregada recientemente por la Subdere a los municipios en materia de participación ciudadana.

En opinión de los demandantes, dicha orientación vulnera lo establecido en la ley 20.500, que regula la participación de los ciudadanos en el ámbito de la gestión pública, dado que no garantiza la obligatoriedad de los municipios de realizar plebiscitos convocados por iniciativa popular, como estaría estipulado en este instrumento legal.

La ley en cuestión, publicada en el Diario Oficial el 16 de febrero de 2011, requiere, para entrar en operaciones, de una serie de reglamentos que ordenan su accionar. Entre ellos, el que debe determinar los mecanismos de funcionamiento y elección de los Consejos Comunales de la Sociedad Civil.

Es preciso, entonces, que la Subdere elabore un documento tipo, que funcione como criterio de orientación general. Este documento servirá de base para que cada municipalidad haga, a su vez, su propio reglamento y lo incluya en las ordenanzas comunales de participación ciudadana que deben estar aprobadas por ley con fecha límite 16 de agosto de 2011.

La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, ya realizó el reglamento tipo, que fue distribuido a los municipios del país, y el mismo se encuentra en su página web. Este documento tipo, en opinión de Asesoría Ciudadana, el programa de apoyo jurídico del Instituto Igualdad, “no mantiene el espíritu de la ley promulgada, sino que incluso iría en contra de él”, según declararon.

Reglamento limita participación ciudadana

Las críticas apuntan a que el reglamento, en las condiciones en que éste aparece planteado, le quita atribuciones a los consejos de la sociedad civil, incorpora al Alcalde dentro de la definición de sus miembros, no plantea un proceso transparente en la elección de los mismos, no especifica los recursos económicos para su autonomía dentro del presupuesto municipal y deja fuera de su primera elección a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG).

Por tal motivo es que el asesor legal de Asesoría Ciudadana, Nicolás Facuse, presentó dos recursos. Uno específicamente destinado a la Contraloría para que evalué el acto mediante el cual se genera el documento tipo y su contenido, y, al mismo tiempo, una petición de invalidación a la Subdere para que evalué su acto administrativo.

Con esta acción se busca, según los denunciantes, “que el espíritu de la ley no se vulnere y que la Subdere entregue un reglamento tipo conforme a lo dispuesto en la ley, que preserve efectivamente la autonomía de estos nuevos órganos, sus atribuciones y una elección democrática de sus miembros”.

También se intenta con el planteamiento ante la Contraloría que la falla se corrija antes de que sea necesario analizar cada reglamento comunal por separado. E informar adecuadamente a los Alcaldes y Concejales que el reglamento entregado por la Subdere no cumple con los estándares requeridos y, por tanto, no seria óptimo basarse en él.

Por su parte, el Círculo de Políticas Participativas, instancia dirigida por el ex Director de la División de Organizaciones Sociales (DOS), durante el gobierno de Michelle Bachelet, Francisco Estévez, presentó un reglamento alternativo que, a su juicio, “mantiene el espíritu de la ley y entrega directrices correctas a los municipios.