La necesidad de un cambio de fondo de nuestro sistema electoral es evidente y hoy nadie parece contradecir esta afirmación. Sin embargo, en qué dirección debe avanzar este cambio ha provocado más de alguna duda, puesto que variar las reglas del juego no hace sino activar un sentimiento de inseguridad en quienes habitualmente se benefician de sistemas excluyentes. Esto vale, por cierto, para todo tipo de reformas.
Sin embargo, este debate ha retomado actualidad y vigencia gracias al reimpulso de la iniciativa legal que promueve la inscripción automática y el voto voluntario. Lo extraño es que esta fórmula contaría en la actualidad con un consenso que se ha ido construyendo sobre la base de aproximaciones puramente ideológicas fundadas en el recurrente dilema de la libertad v/s la coerción. Así quienes han argumentado a favor del voto voluntario, lo hacen a partir de un cierto “sentido común” de que en las sociedades libres las personas no pueden ser obligadas a tener comportamientos cívicos.
Lo anterior ya es discutible, pero es más discutible aún el haber impulsado una iniciativa legal sin tener en cuenta cuales son las características reales de nuestra democracia. Es necesario recordar que nuestro sistema democrático ya funciona en un contexto de una sociedad con niveles de asociatividad extremadamente bajos, con niveles de confianza interpersonal alarmantemente muy débiles y con profundas desigualdades sociales en el proceso de integración política de los chilenos.
Por eso también es extraño que se sostenga que esta reforma va a mejorar la “calidad de la democracia”, sobre todo cuando el verdadero consenso de la sociedad chilena ha sido afirmar que nuestro gran problema es la desigualdad social, y que es la desigualdad la que afecta la efectividad de cualquier fórmula de desarrollo que el país desee impulsar.
Por eso hay que insistir señalando que innumerables investigaciones han permanentemente demostrado que la capacidad de influencia y representación política se ha orientado dramáticamente a favor de los ciudadanos más privilegiados (altos ingresos, mejor educación, mayor capital social, etc.) y que son particularmente ellos quienes evidencian una mayor concurrencia al sistema democrático a través del voto. Cada vez es más evidente la relación entre el nivel socioeconómico, la participación, el acto de votar y la adhesión a la democracia.
Si entendemos que éste es el problema clave de nuestra democracia, la inscripción automática y el voto voluntario apuntan, entonces, en direcciones totalmente distintas.
La inscripción automática es la materialización práctica de un derecho, por lo tanto sólo puede ser aplaudida. Resulta evidente que un joven al cumplir 18 años por el solo hecho de lograr su mayoría de edad quede inmediatamente habilitado para participar en todos los eventos electorales, sin que intervenga ningún acto burocrático especial. Por lo tanto, con esta medida se consagra un derecho y se pone en igualdad de condición a todos los ciudadanos.
Este desenlace virtuoso no es el mismo cuando pasamos a la condición del voto (voluntario u obligatorio). Sólo el voto obligatorio tiene en los distintos sistemas electorales la capacidad de disminuir la brecha entre los votantes más ricos y los votantes más pobres. En aquellos países donde el voto es obligatorio mejoran los indicadores de igualdad y aumenta la inclusión de las preocupaciones electorales de los sectores más pobres. Recodemos que el voto obligatorio fue establecido justamente para proteger los derechos políticos de los más pobres. Esto permitió, entre otras cosas, tener en el caso de los países europeos sociedades más igualitarias y más participativas.
Quienes argumentamos a favor de la obligatoriedad no nos oponemos por ello el ejercicio de la libertad. Abogar a favor de la obligatoriedad es abogar a favor de la igualdad efectiva de los ciudadanos, es abogar a favor de un sistema más incluyente, es abogar a favor de una ciudadanía donde derechos y obligaciones tengan una relación más equilibrada. En síntesis, es poner a todos los ciudadanos en condición de igualdad frente a la responsabilidad de vivir en sociedad.
Marcel Thezá Manríquez
Licenciado en Filosofía y Doctor en Ciencia Política
Investigador Centro de Investigación Sociedad y Políticas Públicas
Universidad de Los Lagos
Me parece una muy buena argumentación desde el punto de vista normativo. SerÃa interesante aventurarse abordar qué sucederÃa en el mapa polÃtico chileno con el voto obligatorio y el voto voluntario ¿serÃa más probable avanzar hacia una sociedad más igualitaria?