El debate del 7%: contrapunto a los planteamientos de cuatro economistas

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Seguridad Social

Juan Carlos Scapini, Encardo Área Económica Instituto Igualdad.

La ex presidenta Bachelet, en su discurso ante la OIT en Ginebra (21 de marzo), aboga por establecer un piso de protección social mínimo para las personas, basado en el principio de la justicia social y en el llamamiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Nadie debiera vivir por debajo de un cierto nivel de ingresos y toda persona debiera tener acceso a los servicios básicos sociales.

El domingo 4 de abril, un grupo de cuatro economistas (Velasco, Engel, Contreras y Huneeus) publicaron en la sección reportajes de la Tercera el artículo “Chile: 7% peor”, donde profetizan que “eliminar  la cotización de salud del 7% para los jubilados es dar un paso hacia la destrucción del sistema de protección social que Chile viene construyendo”. Además agregan que “un sistema moderno de protección social es por esencia contributivo”.

Llama la atención la terquedad de estos cuatro economistas, quienes pretenden que la realidad se acomode a la teoría neoclásica, cueste lo que cueste. Mientras el país entero, en los últimos 20 años ha internalizado como necesaria la demanda histórica de las agrupaciones de jubilados (CUPEMCHI y UNAP) de eliminar el descuento del 7% a los jubilados y ha sido incorporado y propuesto en distintos momentos por las fuerzas políticas de la Concertación, estos economistas hacen oídos sordos  y contradicen esa demanda.

Este debate ideológico entre enfoques económicos y sociales contrapuestos, se repite también a propósito del reciente proyecto de ley del ingreso ético familiar, donde mientras el Presidente Piñera por un lado aparece haciendo declaraciones respecto de que los más pobres deben “aprender a pescar”, el Ministro Katz sale opinando, por otro lado, que es igualmente importante que los más pobres y carenciados “se les de el pescado” .

La ex presidenta Bachelet, en su discurso ante la OIT en Ginebra (21 de marzo), aboga por establecer un piso de protección social mínimo para las personas, basado en el principio de la justicia social y en el llamamiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Nadie debiera vivir por debajo de un cierto nivel de ingresos y toda persona debiera tener acceso a los servicios básicos sociales.

Es sabido que los jubilados en Chile tienen niveles de ingreso que son paupérrimos y no se condicen con el aporte que ellos realizaron, cuando formaban parte de la fuerza de trabajo activa en la economía. Los dos primeros quintiles de jubilados muestran ingresos inferiores a los $70.000 y el tercer quintil, tienen ingresos inferiores a $127.000. Estos son los tres quintiles que se benefician con el proyecto de ley que el Ejecutivo acaba de enviar al Congreso.

La visión liberal extrema que une a estos cuatro economistas, sin embargo, les impide hacerse cargo de estas realidades y de estas demandas, como si éstos hubiesen trabajado toda su vida en mercados perfectos y en cada momento pudieron intercambiar oportunidades de trabajo bien remunerado por horas de ocio y viceversa.

En economía es el mercado quien asigna como se distribuyen los productos y servicios, de acuerdo a la demanda monetaria que sean capaces de expresar las personas. El nudo gordiano en Chile es que esta demanda está extremadamente concentrada en pocas empresas y en pocas personas. Un reciente titular del Mercurio subrayaba como solo 20 empresas explican el 50% del PIB chileno el año 2010. Por otro lado, la última CASEN arroja un coeficiente de Gini (incluidas las transferencias) de 0,53, uno de los más altos del mundo.

La apertura internacional de los mercados, la fuerte heterogeneidad productiva y la escasa capacidad de negociación de los trabajadores han determinado un mercado laboral que se caracteriza por la precariedad del empleo y donde los sueldos mayoritariamente se determinan por debajo de un umbral de ingresos decentes. La consecuencia es que los jubilados que forman parte hoy de los quintiles más pobres, tienen ingresos que están muy lejos de permitirles el acceso a una vejez digna y tranquila.

Los cuatro economistas además sostienen en el artículo que el cambio propuesto por el ejecutivo es injusto, engañoso e imprudente.  Declaran que el gasto es injusto, porque si de gastar se trata, esta medida deja fuera los niños, que son los más necesitados. Al respecto, habría que ver cuál es la real dimensión del problema planteado en los ingresos de las familias con niños y, en caso de existir, lo más probable que así sea, también afrontarlo y no utilizarlo como un escudo para criticar el aumento de ingresos de los jubilados más pobres.

Aseveran que la propuesta es engañosa, porque pareciera que no existen costos asociados a esta rebaja y es imprudente porque no presta atención alguna al financiamiento futuro del sistema de salud.  El propio Ministro Larraín ha sostenido que los costos asociados del proyecto serán US$ 120 millones de dólares anuales el 2014, los cuales ciertamente tendrán que ser incluidos en el presupuesto anual de la nación.

Financiar esta medida con el presupuesto de la nación, no quiere decir que las cosas tengan que permanecer iguales en materia de financiamiento de la salud.  Por el contrario, Chile requiere fortalecer urgente su sistema de salud pública Fonasa y para ello se necesitarán más recursos públicos en el futuro próximo.

Los cuatro economistas consciente o inconscientemente no son capaces de dar una solución al problema de los jubilados, ni tampoco al desarrollo del sistema de salud público porque sin decirlo están apostando a que los niveles y las tasas de tributación se mantengan constantes.  Al respecto, hay que señalar que el esfuerzo fiscal chileno actualmente es inferior al 20% del PIB y además es regresivo, lo cual no se condice con los estándares tributarios de los países desarrollados.

En los próximos años, debiéramos discutir acerca de la necesidad de una nueva política impositiva, que tenga efectos distributivos en la economía, gravando con mayor intensidad  las rentas naturales (Royalty) y oligopólicas, así como las rentas de primera categoría y patrimoniales en el país. Solo así podríamos aspirar a ser un país desarrollado, con un sistema de protección social mínimo, que además sea eficiente, bien gestionado y sobre todo de una alta calidad en las atenciones de los ciudadanos chilenos.

No deja de ser paradójico que cuando se podrían realizar variadas críticas a las insuficiencias de la propuesta del gobierno del 7%, se deba polemizar con cuatro destacados economistas que adhieren a la Concertación. Tal vez solo se pueda decir de ellos: no se puede ser “más papistas que el Papa”.

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1 Comentario

  1. Respuesta a Velasco
    Continuar con una defensa de la focalización como base de la política social implica ubicar a la oposición a la derecha del gobierno.
    17/04/2011 – 09:00

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    ECONOMISTAS, liderados por Andrés Velasco, consideraron regresiva la iniciativa de eliminar la cotización de salud del 7% al 40% de los pensionados más pobres. Su argumento fue que esta política discrimina entre chilenos, que va en contra de las tendencias modernas de los sistemas de protección social, basados en el principio de la focalización y cuyo financiamiento sería contributivo, y que constituye un primer paso hacia la destrucción del sistema de protección social. En este argumento coincidieron con un editorial de El Mercurio y con Libertad y Desarrollo.

    Es indudable que el proyecto tiene letra chica y es insuficiente, pero marcha en la dirección correcta, pues aborda una grave injusticia social. El debate ha permitido relevar la existencia de argumentos falaces. Deja, además, en evidencia la gran desconfianza que persiste en estos sectores respecto de la democracia. Adoptar estas posiciones representa, asimismo, un suicidio político para la oposición.

    El proyecto aborda una grave injusticia social. Los jubilados contribuyeron a lo largo de su vida al financiamiento de la salud, mucho más allá del uso efectivo que hicieron del servicio. Al contrario de lo que sostienen los autores, en países como Canadá, Reino Unido y Taiwán, las rentas generales contribuyen en 70%, 83% y 64,5%, respectivamente, al financiamiento de la salud, lo que es un indicio de que el principio organizador de la política social es la universalidad.

    Su argumentación es falaz. Señalan que los recursos que se requerirán para financiar la eliminación de la contribución tendrían mayor rentabilidad si se gastaran en los jóvenes menores de 17 años, sector en que la pobreza es mayor que en la tercera edad. Esta afirmación tendría sentido sólo si se consideran fijos los recursos fiscales. Pero si concordamos en que ayudar a los pobres jóvenes y viejos es necesario y urgente, ¿por qué evitan plantear la elevación de la carga tributaria, significativamente menor en Chile que en la mayoría de los países modernos?

    Coinciden los autores en la preocupación de que luego de los pensionados venga una lluvia de solicitudes de exención, que finalmente implique privar al Estado de los recursos que hoy financian la salud. Esta afirmación ignora el amplio debate en marcha sobre el financiamiento de la salud e implica afirmar que los chilenos son tan irresponsables que pueden caer en cualquier exceso. Esto plantea la pregunta: ¿Dónde están las reservas morales del país que podrán evitar el deslizamiento al caos? No lo reconocen abiertamente, pero están pensando en ellos mismos. La prudencia como virtud no existe en los otros, sino solo en ellos. Esto evidencia posturas políticas conservadoras y elitistas respecto del progreso social y del sistema democrático.

    Continuar con una defensa de la focalización como fundamento de la política social implica el alejamiento definitivo de los grupos medios y el posicionamiento de la oposición a la derecha de Sebastián Piñera. Sería un paso más para alejarse de su base social, trasladando la posibilidad de alternancia a un futuro remoto.

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