El impacto del terremoto de Japón en el debate nuclear en Chile

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Radioactividad

El 11 de marzo recién pasado, Japón fue azotado por un terremoto de grado 8.9 en la escala Richter (otra información lo ha estimado hasta en 9.1) y por un tsunami devastador. Los muertos se estiman en varios miles. En este momento, tres días después, los aflige otra consecuencia del terremoto: cuatro centrales nucleares han sufrido daños de importancia con emisiones radioactivas al exterior, que han obligado a establecer una zona de seguridad de 20 Km. y a  evacuar a más de 200,000 personas.

Las centrales afectadas son Fukushima Daiichi (6 reactores), Fukushima Daini (4 reactores), Onagawa (3 reactores) y Tokai (2 reactores). Todas, como estaba previsto, se detuvieron automáticamente al producirse el movimiento sísmico. Aparentemente, el problema principal ha sido, en algunas de ellas,  la falla del sistema de refrigeración que debe extraer el calor remanente, después que las unidades se han detenido. La causa principal ha sido la inundación del área de bombeo como consecuencia del tsunami. Adicionalmente se han producido varias explosiones que han derrumbado edificios pero que no han afectado a los reactores. También ha habido incendios.

En resumen, los efectos del terremoto en la planta han sido catalogados como un accidente de nivel cuatro en una escala de siete, Escala Internacional de Eventos Nucleares (INES). En esta escala, Three Mile Island, en Pensilvania, en 1979, está valorado de nivel cinco, Chernobil en 1986, el más grave de la historia de esta industria, representa un siete sobre siete.

Lo anterior no es nuevo en Japón. Es oportuno recordar que  el 16 de julio de 2007, un terremoto de grado 6.8 en la escala Richter afectó al complejo nuclear de Kashiwazaki, donde operan siete reactores nucleares, los que estuvieron detenidos por más de dos años como consecuencia del sismo.

Sismicidad y tsunamis en Chile

Estos dos sismos ocurridos en Japón, el reciente de grado  8.9 de la escala Richter y el anteriormente citado,  de grado 6.8, constituyen antecedentes de la máxima importancia para el estudio de la opción nuclear en Chile, especialmente cuando nuestra historia sísmica registra el terremoto de Valdivia de 9.5 grados Richter y un posterior y devastador tsunami.

Aunque conocer todas las experiencias mundiales son relevantes, nuestras autoridades, optaron recientemente por visitar Francia y Bélgica, para conocer la industria nuclear de esos países. Lo principal es conocer en profundidad los países con condiciones locales similares a las nuestras.

A la luz de lo ocurrido en Japón, el debate nuclear en nuestro país debiera poder atender y responder con solvencia técnica, a lo menos, los siguientes tres aspectos:

  • Calcular las instalaciones considerando la ocurrencia de un sismo, bajo la central, superior a 9.5 grados Richter (antecedente de Valdivia, 1960)
  • En razón a que las centrales deben contar con agua de mar para refrigeración, deben instalarse cerca de la costa. Esto obliga a considerar la existencia de tsunamis más severos que el de Valdivia o del 27/F. Este ocasionó que los ríos cambiaron su curso, y que nuevos lagos nacieran.
  • Es importante calcular cual sería el costo de una central nuclear bajo las condiciones indicadas.

Visita de Obama y la opción nuclear

El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Alfredo Moreno, sostuvo recientemente, que el Gobierno estaría interesado en dialogar con Estados Unidos sobre energía nuclear durante la visita que realizará en marzo el Presidente Barack Obama a Santiago. Es de esperar que las conversaciones no dejen de considerar lo ocurrido en Japón.

Finalmente debemos decir que la opinión pública, necesita saber con claridad, que piensan los expertos chilenos, de lo ocurrido en las centrales nucleares de Japón. Se puede ser más o menos entusiasta o adversario de la energía nuclear, y de su desarrollo en nuestro país, pero lo que no se puede pasar por alto es observar y ponderar con el máximo rigor técnico lo que está sucediendo en Japón.

EAM/ 14 de marzo de 2011.

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4 Comentarios

  1. se imaginan lo que hubiese sido en Chile que a todas las desgracias e incertidumbres que se vivieron el 27/ se hubiera agregado una “alarma nuclear”?

  2. Centrales nucleares: por qué no

    Hemos reiteradamente expuesto nuestra posición antinuclear, tecnología peligrosa y que expone a la humanidad a catástrofes innecesarias. Nunca hemos usado el argumento del riesgo de catástrofe natural, como los terremotos de gran magnitud, por su baja frecuencia. Lamentablemente, la realidad habla por nosotros, esperamos que el pueblo y el gobierno japoneses logren mitigar la fusión del núcleo de las centrales dañadas por el sismo y no haya escapes radioactivos masivos, para evitar una catástrofe humana peor que Chernobyl, por la mayor cantidad de población afectada.

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    ? .Más allá de esta infausta coyuntura valen los argumentos permanentes que hemos expuesto:

    Éticos: es inmoral endosarle durante veinticuatro mil años, a más de 600 generaciones de humanos, el cuidado de los residuos nucleares que se producirán para nuestro beneficio actual.

    [cita]Vistos los mayores costos y enormes riesgos que representan, porque son megacentrales, no convienen por menos de 1000 mega watts y mejor más grandes, por lo tanto sólo pueden hacerlas entidades monopólicas, de Estado, como en Francia o privados como en otros países, que sirven a los grandes intereses financieros y a las corporaciones transnacionales que las producen.Ecológicos: el plutonio, principal residuo, es producto de la actividad humana, aunque existirían trazas del mismo en las minas de uranio, sus radiaciones son intensas, de extrema nocividad y sirve para fabricar bombas nucleares. Puede causar daño genético, malformaciones congénitas y cáncer de diferentes localizaciones. No existe un confinamiento seguro de estos residuos y de hecho ya se han producido escapes en los lugares donde se guardan, menos cuando hay que confinarlos tan largo tiempo.

    Sanitarios: La operación misma de las centrales nucleares genera residuos volátiles que periódicamente escapan a la naturaleza. De hecho en el hemisferio norte, donde están situadas la mayoría de las centrales nucleares, la radioactividad ambiental es decenas de veces más elevada que en el sur. Todos los residuos de corta duración tienen poder de causar daño genético y cáncer.

    Económicos: Son más caras que otras formas de producir electricidad por el costo de construirlas y también de operarlas. Necesitan sistemas de seguridad de alto costo, incluyendo la protección de las plantas contra atentados y robo de material nuclear. Las medidas de seguridad adicionales que habrá que adoptar después de la catástrofe en curso, las harán aún más caras. Generan dependencia total de los productores de uranio enriquecido, cada día más caros y más condicionado por los escasos proveedores.

    ¿Por qué la insistencia? Vistos los mayores costos y enormes riesgos que representan, porque son megacentrales, no convienen por menos de 1000 mega watts y mejor más grandes, por lo tanto sólo pueden hacerlas entidades monopólicas, de Estado, como en Francia o privados como en otros países, que sirven a los grandes intereses financieros y a las corporaciones transnacionales que las producen. Insistir es sólo un asunto de intereses económicos y de poder, no de satisfacción de las necesidades nacionales. Nos proponen la generación concentrada clásica, es el pasado; la generación eléctrica del futuro, que podemos construir con nuestros recursos naturales, es distribuida, en capital y en emplazamiento, cercana a los centros de consumo, múltiple y que no necesita de grandes capitales, pero si grandes decisiones.

    Las energías renovables no convencionales son la alternativa más racional y más económica, considerando que se pueden poner a funcionar en corto plazo y no en más de 20 años como sería la nuclear.

    Nuestros argumentos son conocidos de larga data, no por ello aceptados sino más bien sistemáticamente descalificados, no necesitamos de la desgracia humana para reforzarlos, sin embargo frente a la primacía de la fría lógica económica, esta magna tragedia nos obliga exigir decisiones ahora, que ojalá nuestros responsables políticos tengan el coraje de adoptar. No hacen falta más argumentos ni estudios, por encima de los intereses económicos de corto plazo, decisiones políticas ya.

    .

  3. Recesión nuclear
    La economía mundial sufrirá durante muchos meses las consecuencias de la catástrofe que asola Japón después del maremoto y que amenaza por convertirse en una gravísima crisis nuclear si, como aseguró ayer la OIEA, están confirmadas las grietas en las vasijas de contención de dos de los reactores de la planta de Fukushima. El primer efecto dañino es la hipótesis de que Japón se sumerja en otro largo periodo de recesión, con una deuda que supera el 200% del PIB y que deberá crecer todavía más para financiar la reconstrucción nacional. La contrapartida lógica, poco consoladora, es que la reparación de las infraestructuras debería generar a medio plazo una fase expansiva en la economía japonesa. A corto plazo, se prevé una subida mundial de las materias primas, producida por la mayor demanda de Japón.

    El plutonio existente en un reactor eleva el riesgo de fuga radiactiva
    Éxodo de extranjeros por la radiactividad
    El vertido de toneladas de agua consigue contener los niveles de radiación en Fukushima
    Japón
    A FONDO
    Capital: Tokio.Gobierno:Monarquía Constitucional.Población:127,288,419 (est. 2008)La noticia en otros webs
    •webs en español
    •en otros idiomas
    Pero el impacto principal de Fukushima lo sufrirá, como es lógico, la energía nuclear. La amenaza radiactiva está produciendo ya un vuelco en la opinión pública, particularmente en la europea. Si en los últimos años los ciudadanos venían mostrando más confianza en que los riesgos de las nucleares podían controlarse y que constituían un remedio aceptable para reducir los niveles de CO2 en la atmósfera, la angustiosa incertidumbre que se vive en Japón vuelve a exacerbar los temores de los votantes. Hasta el punto de que Alemania ha decretado la suspensión temporal de la prórroga de la vida útil de sus nucleares, China ha parado (probablemente de forma momentánea) su plan nuclear y Reino Unido tendrá que reconsiderar sus ayudas públicas a las nuevas plantas atómicas. A efectos prácticos, la crisis nuclear japonesa significa el final de Garoña, con un Gobierno del PSOE o con uno del PP.

    Todos los Gobiernos, incluido el español, han respondido al desastre de Fukushima anunciando una revisión de los parámetros de seguridad de las nucleares. La decisión es acertada. Pero la probabilidad de que un accidente natural o una cadena de ellos acabe por dañar a una nuclear (lo que los actuarios llaman el riesgo Katrina, un episodio insólito, pero muy destructivo) siempre existirá. Reforzar la protección, una decisión laudable, equivale, en primera instancia, a encarecer los costes de seguridad de las plantas para hipótesis de terremotos, inundaciones e incendios.

    La lógica empuja en esta dirección: si los países sin tecnología propia necesitan en el futuro contar con la energía nuclear, será el sector público quien tenga que construir las plantas. Y si quieren tomar la decisión en los próximos dos años, se enfrentarán a un intenso rechazo popular. Pero no debe darse por sentado que Fukushima significa el fin de las nucleares. El peso en la comunidad internacional de los países con industria nuclear (EE UU, Francia, Rusia, Reino Unido, el propio Japón) permite suponer que las instituciones directoras, como el G-20, se mostrarán estrictas en aumentar la seguridad, pero no desaconsejarán el uso de este tipo de energía.

  4. ¿Quién define realmente las necesidades energéticas de Chile?

    Chile no cuenta con una planificación energética de mediano y largo plazo que se traduzca en política energética de mediano y largo plazo, elaborada realmente desde la administración pública, y el gobierno ni siquiera cuenta con instrumentos legales y/o regulatorios que le permitan generar esta política o establecer ciertos lineamientos. Muy por el contrario, hasta ahora han sido –y de no mediar profundos cambios, seguirán siendo- las empresas quienes deciden cuánto, cuándo, cómo y dónde generar energía, planteando los proyectos y tecnologías que consideren más convenientes. Lamentablemente para el país, las motivaciones que mueven las decisiones de los privados son, como es evidente, sólo maximizar los beneficios económicos lo más rápido posible, sin importar el bien común o las necesidades del país.

    Así, en la práctica, los chilenos estamos en la actualidad presos de las compañías generadoras. Los sucesivos gobiernos, incluyendo el actual, no han tenido la voluntad política ni han manifestado ningún interés por hacer algo para cambiar este escenario. El cuadro general se completa con una débil regulación ambiental y una casi inexistente regulación específica para las tecnologías vinculadas a los distintos tipos de generación –sólo recientemente y después de más de una década se aprobó una débil norma para las emisiones al aire de centrales termoeléctricas- a lo que se suma una prácticamente nula capacidad de fiscalización de parte de los organismos del Estado.
    En este contexto, el debate en torno a la matriz energética en el país ha sido poco profundo y con argumentos confusos e información incompleta, empujado por “expertos” que no son otra cosa que consultores ligados al negocio eléctrico, que entregan información sesgada y que en la práctica se convierten más en parte del problema que un aporte a la discusión. Claramente el debate está marcado por una visión desarrollista de corto plazo donde se busca mantener los beneficios que para algunos brinda el sistema imperante, pero donde los intereses de las personas, el resguardo del bien común y la protección del patrimonio natural que pertenecen a todos los habitantes del país, están ausentes.

    El necesario un diálogo sobre este tema en el país, pues ni siquiera existe un adecuado diagnóstico de la situación. Chile no cuenta, por ejemplo, con los datos más esenciales, como una proyección de la demanda efectuada en forma seria y confiable de parte de organismos del Estado especializados en la materia. La proyección que actualmente manejan algunos “especialistas”, y que suelen repetir profusamente los medios de comunicación, se construyen exclusivamente confiando en las estimaciones de las grandes empresas, especialmente del sector minero -en su mayoría firmas extranjeras-, que aspiran a hacer crecer exponencialmente sus explotaciones, y para ello demandan cantidades crecientes de energía. En otras palabras, en términos simples, la proyección de generación eléctrica que se maneja en el país –refrendada incluso por altos funcionarios de gobierno- está pensada mayoritariamente para alimentar a la gran minería extranjera que pretende mantener y expandir sus negocios en Chile.

    De acuerdo a estas proyecciones privadas, adoptadas por el propio gobierno en sus proyecciones oficiales durante años, Chile necesitaría incorporar 500MW cada año a su matriz, lo que significa que en la próxima década requeriría 5.000 MW, y en 20 años 10.000 MW. Por eso, genera dudas que los llamados especialistas aseguren que se necesitan 15.000 MW para los próximos 10 años. Considerando el origen de estos datos, da para pensar que se trata, simplemente, de una proyección elaborada en base a las demandas expresadas por el incremento en negocios privados altamente demandantes de energía, como es la minería y no en las necesidades del país; más que basarse en datos reales, parece más bien la expresión de voluntad de un sector económico determinado.

    Ahora bien, si bajo el alero del Estado fuera posible lograr un verdadero debate, que pudiera dar como fruto la elaboración de una política eléctrica de mediano y largo plazo que permitiera ordenar la matriz, incorporando cuestiones tan elementales como planes de eficiencia y ahorro energético, lo más probable es que llegáramos a la conclusión que el país ni siquiera necesita crecer en 500 MW año. En todo caso existe una contradicción evidente entre lo que expresan hoy día consultores y el actual Ministro de Energía, pues sólo hace pocos meses, este mismo gobierno a través del Ministerio de Energía informo que, entre proyectos aprobados ambientalmente y en construcción entre enero de 2007 y julio de 2010 existía un total de 9.800 MW listos para entrar en funcionamiento en el corto y mediano plazo. De acuerdo a las proyecciones de demanda de 500 MW año, esto equivale a satisfacer las necesidades de más de 18 años. Estas cifras no incluían proyectos como las centrales termoeléctricas Castilla o Pacifico, ni las megarepresas en la Patagonia de HidroAysén o Rio Cuervo.

    Este simple ejercicio de sumas y restas desvirtúa a los “expertos” y a el supuesto “cuello de botella” que aseguran sufrirá el país en lo inmediato, así como sus sentencias grandilocuentes respecto a la alegada urgencia de seguir aprobando proyectos energéticos a gran escala. Claramente, no se trata más que de una campaña publicitaria muy bien pensada, encabezada por HidroAysén, reforzada por un fuerte lobby político orientado exclusivamente a lograr la aprobación de su megaproyecto. Lamentablemente, tal parece que han logrado permear a “expertos “ y /o lideres de opinión pública con una sensación de estrechez energética y de urgencia para la aprobación de proyectos. Es indispensable poner sobre el tapete datos reales y no alarmistas, de manera que el país esté en condiciones de tomar decisiones informadas, y no empujadas por un temor irracional y ficticio.

    Es evidente que la catástrofe de Japón, cuestionará seriamente el desarrollo de la industria nucleoeléctrica en el mundo, pero eso no significa que Chile tenga que caer en la desesperación de aprobar proyectos como HydroAysén o numerosas centrales térmicas. Aún estamos a tiempo de cambiar, de planificar, de regular y por sobre todo de hacerlo en función de Chile, sus habitantes y su patrimonio.

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