El pasado domingo 4 de abril se llevaron a cabo elecciones regionales en Bolivia. En ellas no solo se eligieron los gobernadores departamentales (ex prefectos) de los 9 departamentos en que se divide administrativamente el territorio boliviano sino que incluyó, por primera vez, la elección de 267 asambleístas departamentales (legislativo local). Además, fueron elegidos 337 alcaldes, 1.887 concejales y 23 autoridades indígenas locales, estos últimos también por primera vez.
Que el acto fue un ejercicio de ciudadanía intachable, lo demuestra el alto grado de participación y la relativa calma con que se desarrollaron los comicios.
Hasta ahora los resultados otorgan 6 gobernaciones departamentales para el gobierno y 3 para la oposición, pero el oficialismo pierde 7 de los 10 municipios grandes, según el último conteo de las cortes electorales dado a conocer por el diario La Razón del día 9 de abril.
La pregunta relevante sería: ¿Triunfo o derrota para el gobierno de Evo Morales? Una respuesta académica inocua diría que ello depende de los objetivos políticos que orientaron el esfuerzo de los adversarios en competencia.
En el acto de cierre de la campaña del MAS Evo habría llamado a los electores a consolidar su proyecto hegemónico –informa el citado diario. “Si tenemos el Ejecutivo y ahora tenemos los 2/3 de votos en el Congreso, quisiéramos tener los gobernadores y alcaldes en toda Bolivia. No me abandonen, ese voto del 4 de abril no será para Evo Morales, será para el pueblo”. Por su parte, la oposición, concentrada en los departamentos de la medialuna: Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, esperaba revertir la supremacía del MAS en las urnas.
Ni lo uno, ni lo otro. El MAS no logró el triunfo aplastante que esperaba, la oposición no pudo variar el curso de la construcción de la nueva hegemonía que, desde el 2005 encabeza Evo Morales como Presidente de Bolivia.
Lejos están los días en que la política boliviana se balanceaba en el llamado “empate catastrófico” de sus fuerzas. La ampliación de la base participativa en el proceso democrático ha permitido consolidar la hegemonía de los movimientos sociales expresada a través del MAS, cuyo liderazgo por parte de Evo Morales no tiene contrapesos. No obstante, la oposición de derecha acaudillada por el sector empresarial santacruceño, estará premunida de una herramienta que dará más de algún dolor de cabeza al gobierno central, esto es, las gobernaciones de tres departamentos que contribuyen con más del 50 % de las exportaciones de Bolivia y que, desde ahora, gozarán de mayores autonomías para administrar sus ingresos.
El referéndum autonómico fue aprobado por el 63% de los bolivianos y bolivianas en diciembre pasado, pero se encuentra aun pendiente la aprobación de la Ley Marco de Autonomías. Se estima que la implementación de este nuevo orden será gradual durante los próximos dos años. En todo caso, con las autonomías se ha creado, a nivel departamental, un poder intermedio que tendrá el desafío de planificar su propio desarrollo, aspecto que en alguna medida se hará a contrapelo de la voluntad del gobierno central.
Sin embargo, lo más relevante de la evolución reciente de la sociedad boliviana radica en su actual ordenamiento constitucional que abre nuevos ámbitos de participación y acción política mediante mecanismos de control social, autonomías y facultades revocatorias de mandato. Si bien se mantiene el formato grueso de la democracia liberal, esta pierde su carácter exclusivo y debe dar espacio a otras modalidades diferentes a la democracia representativa. Nos referimos tanto a ciertas formas de democracia directa y participativa como a algunas de democracia comunitaria, más afines a las tradiciones, usos y costumbres de los pueblos originarios. Ciertamente, la democracia liberal posee también mecanismos de democracia directa y la participación es un valor permanente. Sin embargo, las prácticas de democracia comunitaria de los ayllus están basadas en la lógica colectiva, mientras que los plebiscitos o referéndum de la democracia liberal directa son de base individual. En otras palabras, nos encontramos frente a un escenario de democracia diversificada y, por lo tanto, de alta complejidad.
Desde luego, un país con las características sociales de Bolivia en la que conviven mundos tan distintos, la democracia liberal representativa, en su versión Westminster o mayoritaria (de mayorías simples), como la que rigió hasta antes del referéndum constitucional, estaba lejos de ser la respuesta a la necesidad de estabilidad y gobernabilidad de una sociedad plural. Según el sociólogo Álvaro García Linera, en Bolivia existirían dos ejes de complejidad; uno que se relaciona con su carácter multicultural: idiomas, sistemas de valores, hábitos, conocimientos y estilos de vida. El otro eje es el carácter multisocietal, es decir, la existencia de varias sociedades coexistiendo en un mismo espacio geográfico. La democracia diversa, por lo tanto, respondería mejor a las complejidades de la sociedad boliviana.
Sin dudas, estamos en presencia de un proceso político inédito en la región en el que, mediante la acción colectiva de amplios sectores secularmente postergados, se crea un nuevo orden que implica no solo la emergencia de un nuevo sujeto político sino de nuevas subjetividades, nuevas formas de entender la sociedad, por lo tanto, con nuevos elementos discursivos y simbólicos. Todo este cambio se verifica en el marco de la democracia liberal y sus procedimientos, sin que el conservadurismo haya estado en condiciones de revertir el proceso con cualquiera de los medios que acostumbra a hacerlo cuando se siente amenazado en sus fundamentos.
La experiencia boliviana merece ser seguida y estudiada con profundidad, ya que puede proveer de ejemplos a otros países latinoamericanos de composición pluricultural en el proceso de incorporación social de sus segmentos étnico-culturales hasta ahora excluidos; un paso ineluctable en la lucha para salir del sub-desarrollo.
Publicación Original de Red Seca
