El 3 de diciembre de 2008, el candidato de la Concertación de Partidos por la Democracia, don Eduardo Frei Ruiz-Tagle, presentó ante la Comisión de Estudios sobre Régimen Político de la Cámara de Diputados, una singular propuesta: una Nueva Constitución para el Bicentenario. En un texto de 17 páginas se resumen las ideas en torno a un cambio de régimen político, estructura de gobierno y del Estado, derechos fundamentales, sistema electoral, entre otros tantos.
Mucho se ha discutido acerca de la necesidad de una nueva Constitución para Chile. Por una parte, la derecha está muy cómoda con la actual Constitución, ya que es fruto de uno de sus principales líderes e ideólogos. Para Piñera, proponer un cambio constitucional simplemente no es relevante y sería “trabajar para los políticos”, mientras que él propone “trabajar para la gente”. Así también, han salido voces de la propia coalición que consideran que no sería necesario invitar al país a efectuar un cambio constitucional de tal envergadura.
Para contestarle al señor Piñera y a quienes se oponen al cambio constitucional que consideramos Chile necesita, en Océanos Azules hemos estado trabajando durante meses con académicos, estudiantes, políticos, profesionales y miembros de la sociedad civil, en reuniones, foros y eventos, discutiendo sobre la necesidad y contenido del cambio constitucional. En primer lugar, sin distinguir entre la “gente” y los “políticos”, en un contexto donde la invitación es abierta y sólo se requiere tener la disposición para conversar sobre temas de interés público, ya que estamos convencidos que la política dignifica al gobierno y no lo destruye.
De estos encuentros podemos concluir que la opinión general es que el origen autoritario de la Constitución del 80 es un pecado que no logra ser eliminado con reformas. La memoria de los chilenos no ha sido totalmente borrada: el recuerdo de la comisión de constituyentes elegidos a dedo y deliberando entre cuatro paredes mientras el país era controlado por los militares, no abandona la memoria de muchos.
Pero no es sólo por su pecado de origen que debemos cambiar la Constitución actualmente vigente. Basta reconocer que a pesar de sus innumerables reformas persiste en ella un carácter autoritario representado en un presidencialismo exacerbado y centralista, y neoliberal en la forma de concebir los derechos.
Mucho se teoriza y se discute en torno a la apatía e indiferencia de los chilenos hacia la política, pero partiendo del análisis de nuestra norma fundamental podemos concluir que es sólo el reflejo de nuestro diseño institucional. Por poner algunos ejemplos: en el capítulo de derechos y deberes fundamentales no se reconoce el derecho a huelga; el artículo 23 de la Constitución señala que son incompatibles los cargos directivos superiores de las organizaciones gremiales con los cargos directivos de los partidos políticos. Sin pretender cambiar esta conducta con la sola modificación constitucional, creemos que una estructura normativa y de instituciones democrática e inclusiva permitirá revertir esta situación, y facilitar el desarrollo de una ciudadanía activa y comprometida con el interés público.
Finalmente, porque necesitamos que el salto al desarrollo que Chile puede lograr en diez años se compatibilice con una regulación democrática que asegure la inclusión de todos los chilenos; porque no creemos en un crecimiento económico que beneficie a los mismos de siempre y tampoco desconfiamos de las mayorías; y, porque creemos que el principio democrático debe ser el que inspire el funcionamiento de nuestra instituciones y que todos tenemos el derecho y el deber de ser parte de la historia de nuestro país, es que consideramos que Chile –más que estatuas, carreteras y monumentos- requiere darse para el Bicentenario una obra constitucional que refleje todo lo que el país ha cambiado en los últimos treinta años.
